La
oligarquía plutocrática, empresarial, financiera-bancaria, agiotista, agrícola
monopolista, que impone el convicto presidente Trump amenaza la democracia
Por Dr. Juan J. Paz y Miño Cepeda*/escritor, analista
internacional/ADDHEE.ONG:
Prolegómeno:
Una vez más, “bajo el sistema capitalista determinista
globalizado hegemónico no hay destino para la humanidad”. Dr. Karl Marx.
En su discurso de despedida pronunciado el miércoles 15 de
enero (2025), el presidente Joe Biden hizo una serie de reflexiones que bien
pueden considerarse como oportunistas, contradictorias con su propia gestión
gubernamental o como lúcidas previsiones del rumbo que pueden tomar los Estados
Unidos (https://t.ly/dAnw8). Biden resaltó varios logros de su mandato y,
naturalmente, honró al pueblo estadounidense: “Todavía creo en la idea por la
que esta nación existe, una nación donde la fortaleza de nuestras instituciones
y el carácter de nuestra gente importan y deben perdurar”, dijo; añadiendo:
“Ahora es su responsabilidad estar de guardia. Que todos ustedes sean los
guardianes de la llama. Que mantengan la fe”.
Biden destacó «algunas cosas que me preocupan mucho» y que
vale puntualizarlas. Sostuvo la necesidad de enmendar la Constitución “para
asegurar que ningún presidente sea inmune de crímenes que hayan cometido
durante el cargo. El poder presidencial no es ilimitado, no es absoluto, no
debería serlo”, lo que parece referirse a las protecciones legales otorgadas a
Donald Trump. También se refirió a los beneficios de la inteligencia
artificial, pero advirtió sobre sus potenciales riesgos, subrayando que los
Estados Unidos y no China deben liderar el mundo en el desarrollo de esta
tecnología. Además, expresó su preocupación por el cambio climático, pues
«fuerzas poderosas quieren ejercer su influencia desenfrenada para eliminar las
medidas que hemos tomado para abordar la crisis climática y servir a sus propios
intereses de poder y lucro«.
Sin embargo, son tres los temas cruciales. Respaldándose en
las palabras del presidente Dwight Eisenhower en 1961, Biden dijo: «Seis
décadas después, estoy igualmente preocupado por el posible surgimiento de un
complejo industrial tecnológico ultrarrico” que podría ganar un poder sin
control. Además, sostuvo: «La prensa libre se está desmoronando. Los pilares
están desapareciendo. Las redes sociales están renunciando a la verificación de
hechos«, de modo que los estadounidenses “están siendo enterrados bajo una
avalancha de información errónea y desinformación, lo que permite el abuso de
poder». Añadió: «La verdad es sofocada por mentiras contadas por el poder y por
el beneficio. Debemos pedir cuentas a las redes sociales para proteger a
nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestra democracia del abuso de poder«.
Son claras referencias a Meta, X (Twitter), Facebook y a los magnates Elon Musk
y Mark Zuckerberg, alineados ahora con Trump. Y, como eje más destacado por los
medios internacionales, es la afirmación de Biden: «Hoy, se está formando una
oligarquía en Estados Unidos de extrema riqueza, poder e influencia que
realmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos básicos y libertad
y una oportunidad justa para que todos salgan adelante«; asegurando, además,
que esa «peligrosa concentración de poder» estaba «en manos de muy pocas
personas ultrarricas«, y advirtiendo que las consecuencias de no controlar ese
poder podrían ser devastadoras, por lo cual habría incluso que reformar el
Código Fiscal, para no darles “recortes fiscales a los millonarios sino hacer
que paguen la parte justa. Tenemos que obtener ese dinero oculto, el que está
ocultado detrás de las contribuciones de las campañas. Tenemos que sacarlo de
nuestras políticas”.
Por intermedio de Biden los Estados Unidos redescubren el
peligro de una oligarquía que capta el Estado y arruina la democracia. Pero
este es un fenómeno ampliamente estudiado en América Latina. La construcción de
las repúblicas durante el siglo XIX se hizo sobre el privilegio de los propietarios
terratenientes, los comerciantes y los banqueros. Los regímenes oligárquicos se
prolongaron hasta bien entrado el siglo XX. La Revolución Mexicana (1910)
inició el largo proceso de superación de ese régimen, igualmente combatido por
los “populismos” clásicos en Argentina, Brasil y México. Sin embargo, en los
países más “atrasados” solo se logró la modernización capitalista con los
procesos desarrollistas de las décadas de 1960 y 1970, como ocurrió en Ecuador.
América Latina parecía tener un camino cierto al desarrollo
en esas décadas en las que algunos países mejoraron las condiciones de vida y
trabajo. En cambio, durante las décadas finales del siglo XX, cuando el neoliberalismo
en el sistema capitalista determinista globalizado penetró en la región, se
alimentó el fortalecimiento de una moderna oligarquía empresarial,
financiera, bancaria, agiotista, agrícola monopolista, beneficiaria de las
políticas económicas aperturistas inducidas por la globalización transnacional
y el FMI. Son los gobiernos progresistas del primer ciclo, desde inicios del
siglo XXI, los que detuvieron ese avance para edificar economías sociales
orientadas, entre otras políticas, por la redistribución de la riqueza, la
tributación a los ricos y amplios servicios públicos en beneficio de la
población. A consecuencia de esa experiencia, las élites empresariales
promocionaron a nuevos gobiernos neoliberales, con los cuales implantaron la
persecución al progresismo y la reversión de los adelantos logrados. Además,
apareció un nuevo fenómeno: empresarios y millonarios dejaron de buscar la
representación de sus intereses en los partidos de la derecha y decidieron ser
candidatos. En Argentina, Brasil, Chile, México, para citar los mayores
ejemplos, pasaron a ser presidentes reconocidos millonarios. Revertir esas
situaciones ha motivado el segundo ciclo progresista, en el que México se ha
colocado a la vanguardia.
Como igualmente lo han demostrado múltiples investigaciones,
la consolidación de las modernas oligarquías latinoamericanas fue apoyada por
los Estados Unidos -y por el mismo gobierno de Biden-, constantemente recelosos
de los gobiernos progresistas y, sin duda, de toda izquierda. Es muy claro en
los estudios latinoamericanos que el vínculo entre poder económico y poder
político siempre afectó la democracia, las libertades y los derechos
ciudadanos. Si bien desde Argentina el presidente Javier Milei es el portavoz
de los nuevos tiempos a favor de la ideología anarco-capitalista libertaria
que, en última instancia, representa los ideales del poder del capital privado
sobre toda la sociedad, es Ecuador el que ha pasado a ser el primer ejemplo en
la región de cómo la democracia ya no está amenazada sino que pasó a ser
activamente minada, pues desde 2017 el país vio enraizarse su segunda época
plutocrática, comprable, por sus resultados económicos y sociales, con la
primera, que concluyó con la Revolución Juliana, cuyo centenario se conmemora
precisamente en 2025. Lo más grave es que a la desinstitucionalización del
Estado ha acompañado el crecimiento de la inseguridad ciudadana, que, de
acuerdo con los académicos que han investigado sobre el tema, estalló durante
el gobierno del banquero millonario Guillermo Lasso hasta convertirse en un
peligro diario inédito, debido al auge de la delincuencia y el narcotráfico.
Donald Trump asumió sus funciones este lunes. Si los temores
de Biden finalmente se imponen con ricos oligarcas capaces de afectar la
democracia estadounidense, es posible que surja un modelo de “plutocracia a la
americana”, que pase a ser una especie de nuevo estándar para el mundo
occidental. De todos modos, América Latina habría brindado al expresidente
Biden el mejor ejemplo de las desgracias históricas que trae el dominio de los
ricos y de los empresarios sin conciencia social, que capturan el Estado.
Lo subrayado/interpolado es nuestro
¡Las bravuconerias del
presidente convicto D. Trump! «No
los necesitamos»: Trump golpea la mesa ante Latinoamérica y enciende tensiones
con la región
Por Maximiliano Pérez Gallardo
Un día después de convertirse en el nuevo
presidente estadounidense, Donald Trump ha firmado más de 40 decretos
ejecutivos que dan inicio a una nueva era en la política exterior
estadounidense, una más restrictiva y confrontacional con América Latina.
México, Panamá y Cuba son algunos de los afectados por los primeros movimientos
trumpistas, que han generado un terremoto político en la región.
Al ser preguntado por una periodista brasileña por
su visión en torno a las relaciones con Brasil y Latinoamérica en su segundo
mandato, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue tajante en su
respuesta:
«Nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Todo
el mundo nos necesita».
No obstante, Trump matizó que esperaba que las
relaciones bilaterales con Brasil, al mando del progresista Luiz Inácio Lula da
Silva, sean «excelentes» durante su mandato.
Aunque las palabras de Trump, ya en la Oficina
Oval, dejan entre ver la lógica en la que su segunda Administración se basará
para relacionarse con los países latinoamericanos, son las primeras acciones
que ha tomado el republicano tras regresar a la Casa Blanca las que
materializan las preocupaciones que la región ha sostenido desde su elección
presidencial el pasado mes de noviembre.
Mientras ha mostrado un acercamiento con regímenes
de tendencia ultraderechista como el de Javier Milei (Argentina) o Nayib
Bukele (El Salvador), con otros, del otro espectro, como el de Venezuela, aún
existen dudas.
En todo caso, dentro de sus primeras 40 órdenes
ejecutivas, Trump ha traído a la realidad múltiples amenazas que empuñó, como
candidato presidencial y hasta semanas antes de su investidura, trazando una
ruta para la política exterior estadounidense en Latinoamérica más estricta,
violenta y hasta amenazante con la soberanía de numerosos países en la región.
El nuevo mandatario estadounidense oficializó sus
primeros movimientos en el tablero latinoamericano: ordenó la instauración de
la ‘emergencia nacional’ en la frontera sur, movilizando miles de tropas en la
zona; suspendió las actividades de la aplicación CBP One; reinstauró la
polémica política migratoria de ‘Quédate en México’; designó a los
narcotraficantes como ‘terroristas’ y reintegró a Cuba en la lista de países
promotores del terrorismo.
Por otro lado, el magnate neoyorquino continúa con
sus amenazas de «recuperar el Canal de Panamá», abordando el tema desde su
discurso inaugural y señalando al Gobierno panameño de haber entregado a China
la administración del codiciado paso marítimo. Sin embargo, por el momento, las
amenazas no han tomado tintes de realidad.
Los Gobiernos de México, Panamá y Cuba ya han
reaccionado, respondiendo frontalmente a los decretos con llamados a la calma y
la negociación, aunque también han reafirmado la necesidad de que Washington
respete su soberanía e impulse un trato horizontal.
Y cerrando filas con sus homólogos, el jefe de
Estado colombiano, Gustavo Petro, calificó de «peligroso» el aislacionismo que
Trump propone, aunque remarcó que «el que se debilita es el que se queda solo».
«Yo te diría que el anuncio de que estamos solos y
no nos importa Latinoamérica, etcétera, es un anuncio peligroso, no para el
mundo solamente, sino para la misma sociedad estadounidense», dijo el
presidente colombiano ante periodistas locales, subrayando que es esencial la
unidad internacional para afrontar retos de magnitud global, como la lucha
climática.
Empero, algunas voces han expresado su preocupación
sobre los posibles efectos de las primeras órdenes ejecutivas de Trump en la
Casa Blanca, y sobre la posibilidad de que Washington continúe con esta tónica
en los próximos meses.
«Está amenazando a los países latinoamericanos (…)
Hay formas de decir las cosas. Mi esperanza es que Marco Rubio, nuevo
secretario de Estado, pueda maniobrar y negociar estos temas, pero no en la
forma en la que Trump se está expresando», dijo a France 24 el analista Rafael
Peñalver, abogado constitucionalista, al remarcar que, en cualquier otro
momento histórico, las políticas amenazantes del trumpismo podrían ser
consideradas «declaraciones de guerra».
«Cabeza Fría»: la presidenta Sheinbaum llama
a la calma en México
México fue uno de los blancos principales de los
primeros decretos trumpistas en política exterior.
Después de que Trump impulsará nuevas acciones para
«detener la invasión» de personas migrantes en situación irregular en
territorio estadounidense, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió
calma a sus connacionales en el extranjero, asegurándoles que siempre actuará
«en defensa de la soberanía e independencia».
«Es importante tener la cabeza fría (…) Vamos a
actuar en apoyo y solidaridad con nuestros connacionales, a las y los mexicanos
que viven en Estados Unidos», dijo la mandataria en su rueda de prensa matutina
del 21 de enero, además de expresar que muchas de las medidas que Trump ha
oficializado, son acciones que ya tomó en su primer mandato.
México es el país con más connacionales con una
situación migratoria irregular viviendo en Estados Unidos: alrededor de cuatro
millones de mexicanos viven sin los documentos necesarios para acreditar su
estancia en el país, según datos del 2022 del Pew Research Center.
En torno al regreso del programa ‘Quédate en
México’ – que convierte a la nación latinoamericana en un ‘tercer país seguro’
a donde Washington puede devolver personas migrantes en situación irregular de
otras nacionalidades para que esperen el avance de su proceso migratorio fuera
de Estados Unidos –, el Gobierno de Sheinbaum sostuvo que no tiene la
obligación legal de colaborar con esos planes.
Empero, siempre en un tono conciliador, Sheinbaum
aclaró que su Administración va a ponerse en comunicación con el Gobierno
estadounidense en los próximos días para coordinar los próximos esfuerzos
bilaterales en materia migratoria, mencionando, de nueva cuenta, que velará por
el bienestar de sus connacionales en territorio estadounidense.
Sobre la designación de los carteles de
narcotráfico como terroristas, la actitud de Sheinbaum fue menos diplomática.
La presidenta recordó que «dentro de Estados Unidos también operan grupos
criminales», mencionando que, aunque Washington tiene el derecho de tomar medidas
contra el narcotráfico, no va a permitir que estas traspasen la «soberanía e
independencia» mexicana.
La designación de los carteles de narcotráfico
mexicanos como ‘grupos terroristas’ no preocupa por cuestiones de lenguaje y
nomenclatura, sino por la posibilidad de que Washington justifique una
intervención militar en suelo mexicano en nombre de la guerra contra el
terrorismo. Una opción que ya ha sido barajada en el pasado por congresistas de
línea dura dentro del Partido Republicano y que el mismo Trump no ha
descartado.
«Esto generaría una crisis hemisférica, porque
México recibiría una contundente solidaridad inmediata de otros países
latinoamericanos, como Brasil o Colombia (…) Sería un precedente muy peligroso
y dejaría muy trastocada la relación de EE. UU. con América Latina”, sostuvo
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), para el canal alemán ‘DW’.
«Tomar el Canal de Panamá socavaría gravemente la
posición de EE. UU. en América Latina»
Más al sur, las amenazas trumpistas por tomar el
canal de Panamá comienzan a encender las alarmas en el Gobierno del presidente
derechista José Raúl Mulino.
Después de que el nuevo mandatario estadounidense
refrendará sus pretensiones por «recuperar» el Canal de Panamá, argumentando
que Washington ha sido «tratado muy mal por este imprudente regalo», el
Gobierno panameño emitió una reacción casi inmediata a las nuevas amenazas del
republicano, rechazando «de manera integral» las palabras de Trump y recordándole
que «el Canal es y seguirá siendo de Panamá».
En una carta publicada en sus redes sociales,
Mulino se dirigió a su homólogo estadounidense para repetirle que «no hay
presencia de ninguna nación del mundo» que interfiera con la Administración
panameña del Canal. Esto ante la teoría trumpista de que China es quien
controla el paso marítimo y la que impulsa precios más altos para los buques
estadounidenses que quieren cruzar por ahí.
Aunque Trump aún no toma medidas concretas para
materializar sus amenazas en torno al Canal de Panamá, algunos analistas ya han
expresado su preocupación por la posibilidad de que Washington utilice la
fuerza militar para desplazar a Panamá de la administración del paso. Un futuro
con el que Trump ha coqueteado en las últimas semanas.
«Si Trump siguiera adelante y tomara el Canal por
la fuerza, socavaría gravemente la posición de Estados Unidos en América
Latina. Peor aún, también podría animar a muchas de las naciones temerosas a
buscar abiertamente alianzas militares con enemigos de Estados Unidos, como
Rusia, China e Irán, un resultado que estaría lejos de reforzar la seguridad
estadounidense», escribió Amalendu Misra, profesor de Política Internacional,
en la revista ‘The Conversation’.
Ante la posibilidad, por ahora remota, de que
Estados Unidos emprenda una campaña militar en contra de Panamá, el Gobierno
del país latinoamericano ya ha llevado sus preocupaciones a la arena
internacional.
Este 21 de enero, la Administración de Mulino envió
una carta a las Naciones Unidas alertando a sus miembros sobre las
«preocupantes» palabras de Trump, además de recordar el principio que todos los
Estados miembros aceptaron sobre «abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza» contra la «integridad territorial» de cualquier Estado.
«Los miembros de la Organización, en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las
Naciones Unidas», mencionó el Gobierno panameño en el texto, también
solicitando al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir la causa
panameña al Consejo de Seguridad.
«Burla y abuso»: Cuba rechaza su reingreso en lista
de países patrocinadores del terrorismo
Temprano en su precoz Gobierno, Trump avivó una de
las rivalidades geopolíticas más longevas en la historia del continente.
Después de que en el ocaso de su Administración, el
demócrata Joe Biden decidiera retirar a Cuba de la lista de Estados
patrocinadores del terrorismo, a través de un acuerdo mediado por el Vaticano,
el magnate neoyorquino solo necesitó unas horas de regreso en la Casa Blanca
para derogar la medida y regresar a la isla al listado, que implica
restricciones a sus exportaciones, limitaciones de ayuda externa y la
congelación de transacciones internacionales.
La movida de Trump recuerda a la decisión que tomó
en 2021, cuando incluyó a Cuba en la lista por primera vez en cuatro años,
después de que su antecesor, Barack Obama, decidiera sacar a La Habana del
listado después de 30 años, en un esfuerzo por acercar diplomáticamente a
Estados Unidos con Cuba.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó la
decisión de Trump a través de sus redes sociales, calificándola de «acto de
burla y abuso» en contra de la ciudadanía cubana. Afirmó, además, que el
objetivo final del republicano es «seguir fortaleciendo la cruel guerra
económica contra Cuba con fines de dominación».
A pesar de la respuesta combativa del presidente
cubano, la Cancillería admitió que la decisión de Trump es «muy dañina» para la
ya lastimada economía cubana.
«Este nuevo acto de agresión del Gobierno de
Estados Unidos contra el pueblo cubano muestra, una vez más, el objetivo
verdadero, cruel, despiadado de estas y tantas otras medidas de cerco y
asfixia, que con fines de dominación se aplican contra Cuba», indicó el
Ministerio de Exteriores cubano a través de un comunicado.
El regreso de Trump y la designación de Marco Rubio
como secretario de Estado materializan una posición con respecto a la isla
caribeña mucho más apegada a la tradición estadounidense pre-Obama.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, defiende una
línea dura en contra de La Habana, abogando por continuar con el régimen de
sanciones económicas y políticas contra la isla.
Para algunas organizaciones de la sociedad civil,
el regreso de un esquema estricto de sanciones en contra de La Habana que
acompaña a la dupla Trump-Rubio no significa la llegada de un futuro
democrático a Cuba, sino que más bien un empeoramiento en las condiciones de
vida de los cubanos.
«Aunque la nueva Administración debería seguir
exponiendo su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba,
esto no debería ir acompañado de un aumento en las restricciones sobre Cuba,
que solo han empeorado la crisis humanitaria en la isla y no han logrado
avanzar significativamente en cuestión de derechos humanos o reformas
políticas», sentenció la ONG WOLA a través de una nota compartida en su web.
En medio de la incertidumbre cubana, países aliados
como Nicaragua, Bolivia y Venezuela han cerrado filas en favor de la isla,
arremetiendo en contra de las aspiraciones «imperialistas» de Trump y mostrando
su solidaridad con La Habana.
Un gesto que podría ser repetido por otras naciones
latinoamericanas menos radicalizadas y que podría significar, de nueva cuenta,
una separación política de la región con Estados Unidos.
En su regreso al poder, Trump ha puesto a América
Latina en el centro de sus primeros movimientos, materializando un adelanto de
lo que serán cuatro años extremadamente complicados para gran parte de países
dentro de la región, que lucharán por navegar entre la negociación y la
confrontación con Washington.
Lo subrayado/interpolado es nuestro
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