El 12 de octubre una opinión obligada es lo que sucede en el Wallmapu.
Por Héctor Llaitul Carrillanca./ Other News/ADDHEE.ONG
Uno de los grandes discursos de este gobierno,
de la institucionalidad chilena, es el de la seguridad pública. Y es en este
contexto que se pretende legislar en Chile respecto a las “usurpaciones” y a la
“auto-tutela”, con el fin de impedir y proteger a la clase política y
empresarial de las afectaciones a sus intereses por parte de una de las
principales acciones que ha impulsado el movimiento mapuche autonomista: las
recuperaciones territoriales.
Lo primero que se debe señalar, es que esta
iniciativa legislativa se inscribe en el marco del conflicto que mantiene el
Estado Chileno con el Pueblo Mapuche y que ha significado, en los hechos, un
fracaso constante del Estado por intentar canalizar a través de migajas
institucionales las reivindicaciones históricas de las comunidades en lucha.
Contrario a lo esperado por el Estado, en este conflicto se han anidado fuertes
y profundos procesos políticos que dieron origen y fortalecieron al Movimiento
Mapuche Autonomista, cuestión que asusta a la derecha fascista y al
pseudoizquierdismo chileno, quiénes ven a las recuperaciones territoriales como
una amenaza a la gobernanza neoliberal . Es por esto que intentan implementar
dicha normativa, en lo sustantivo, para poner freno a las acciones del Pueblo
Mapuche que asedian la reproducción del capital en nuestro territorio
ancestral.
Los afectados por estas medidas, como siempre,
son los pobres del campo y la ciudad. Fundamentalmente hablamos de familias,
comunidades que reivindican sus tierras perdidas por la ocupación colonial
chilena, así como de familias empobrecidas de los márgenes urbanos que buscan
espacios para mejorar su calidad de vida, tal como lo han hecho históricamente.
Hablamos de familias mapuche y no mapuche. A todo este conjunto de prácticas la
iniciativa legislativa cataloga como “usurpación”, pasando por alto la
diversidad de necesidades que ahí se anidan, así como las consecuencias de
polarización políticas que se avecinan.
Es en este marco que podemos decir, sin
tapujos, que esta propuesta fue diseñada ideológicamente, con fines políticos
para afectar al movimiento mapuche autonomista que, en su diversidad de
expresiones, ha logrado recuperar alrededor de 200 mil hectáreas del sistema de
propiedad usurpado que estaba de manos de la industria forestal y otras
inversiones capitalistas.. De hecho, estas acciones del movimiento mapuche
autonomista conllevan efectivos procesos de control territorial que restablecen
espacios geográficos para la reconstrucción del mundo mapuche, ya que dichas
tierras no solo dejan de estar en poder de las grandes corporaciones madereras,
sino que implican profundas transformaciones y cambios a favor del mundo
mapuche, poniendo coto a las políticas extractivistas y de depredación de la
naturaleza.
Por lo anterior, es que hemos de denunciar que,
lo que busca la ley de usurpaciones es “forzar y borrar la historia sobre el
territorio y el origen del Pueblo Mapuche”, lo que nos retrotrae a las
enseñanzas de nuestros ancestros para volver a afirmar algo muy básico y
fundamental para todo mapuche, que es: “a los mapuche nos expoliaron el
territorio y nos usurparon nuestras tierras ancestrales”. Fue a nosotros que
quienes nos ocuparon y despojaron de lo que nos pertenecía.
Hoy, con la ley de usurpaciones, lo que se
pretende es cambiar la historia sobre el origen y el ascendiente respecto de
los territorios ancestrales, se quiere instalar una post verdad a la fuerza,
utilizando distintas herramientas del derecho que la clase política y económica
acostumbra a usar a su favor.
Es en este sentido la elite política, la
oligarquía hace resurgir la figura jurídica de la “autotutela” o “defensa
privilegiada” como un derecho de protección ante la flagrancia. Sin embargo,
este mecanismo conduce a la larga a la “mercenarización” del conflicto, disfrazando
estos efectos con un discurso de seguridad nacional. Es así como se van creando
las condiciones para la intrusión de bandas paramilitares como forma privada de
matonaje.
Al respecto se puede decir, además, que la
paramilitarización en contra de los movimientos en lucha o de protesta social
es un modelo que quiere seguir la ultraderecha en Chile para enfrentar la causa
mapuche con un sentido absolutamente contrainsurgente, siguiendo los parámetros
de la doctrina de Seguridad Nacional que tanto horror causó tras el Golpe del
Estado en Chile de 1973.
Frente a las pretensiones oficialistas en el
marco de la actual ofensiva neofascista, la ley de usurpaciones debe ser
entendida de forma amplia, porque está relacionada con otras normas, como la
Ley Nain Retamal que es un tipo de amnistía anticipada para las policías y
militares por actos de represión ejercidos en contra la protesta social. A
nuestro juicio, es una especie de ‘chipe libre’ a la represión desmedida contra
toda manifestación y sin discriminación. Significa, en los hechos, luz verde
por parte del Estado para reprimir cualquier movimiento social de protesta.
Por lo tanto, estamos en presencia de un tipo
de legislación que apunta en el sentido de la estructuración de un Estado
policial y que en Wallmapu implicaría un proceso de ocupación de facto, de
características político-militares, y privado-empresarial para la dominación y
opresión de nuestro pueblo.
A lo que se suma la creación de un artilugio
ideológico, que es la ficción de la flagrancia permanente y cuya determinación
puede dar origen a la acción de represión policial sin mediar denuncia
requerida, ya sea por parte del “actual propietario” del bien, y por no estar
bajo la tutela jurisdiccional de algún tribunal. En rigor, esto constituye un absurdo,
desde su inicio, ya que ni policía menos los militares se encuentran
calificados técnicamente para determinar si una ocupación en los hechos es una
usurpación o no.
Esto tiene solo una explicación, los intereses
de los grandes propietarios de tierras, como es el caso en el territorio
ancestral Mapuche con las forestales, y lo mismo sucedería con las grandes
corporaciones inmobiliarias en torno a las ciudades donde se pretende proteger,
a como dé lugar, la especulación financiera y técnicas del mercadeo del suelo
urbano, que solo favorece a los poderosos.
Actualmente, en la coyuntura política, una
parte de la norma ha sido objeto del ‘veto presidencial’, porque el gobierno de
Boric no puede aparecer tan subordinado a la oligarquía, pero aún no se definen
bien los alcances de esta ley maldita en la tramitación legislativa en el
parlamento chileno. Esto porque, en estricto rigor, para la clase política en
el poder abordar la creación jurídica de la “legítima defensa privilegiada”,
significa, en los hechos, legitimar la externalización de la represión. Se debe
considerar, además, que esta ley permite habilitar la dictación de nuevas
normas que van en el mismo sentido, legislar sobre conductas que ni siquiera se
encuentran aún bien descritas en la ley.
En definitiva, se crean las condiciones para la
instalación definitiva de un régimen de ocupación militar en el Wallmapu, al
tratarse de normas que tienen como referente y modelo a las normas del Derecho
Penal que ha implementado el Estado Sionista de Israel, que en la actualidad ha
llevado a un Estado en guerra permanente basado en la ocupación , lo que ha
traido actos de genocidio por el sionismo y digna resistencia del heroico
pueblo palestino.
Son normas de un Estado autoritario, de un
régimen de ocupación que impone medidas de apartheid, que es precisamente lo
que se quiere construir en Chile en contra de nuestro pueblo o de nuestras
organizaciones y que consideramos, por lo tanto, como un acto más en la
declaración de guerra de la que somos objeto por parte del Estado chileno. No
se puede más que decir, que la derecha fascista y sus aliados progresistas,
paulatinamente viene imponiendo normas y leyes que apuntan a legitimar la
criminalización de la protesta social mapuche, a la instalación de facto de un
régimen de ocupación militar en nuestro Wallmapu histórico.
Al respecto, debemos agregar que la
legalización de grupos paramilitares ha tenido desastrosas consecuencias para
otras sociedades, como ha quedado demostrado en Centroamérica y Colombia, así
como en Asia y África, en donde la formación de estos grupos, lejos de ayudar a
poner fin a los conflictos, han significado el recrudecimiento de acciones
militares que tienen como objetivo y víctimas al pueblo pobre, al campesinado y
a los pueblos originarios. Miles de campesinos e indígenas han muerto bajo este
tipo de represión privada, bajo este concepto de ‘seguridad’.
Por último, podemos afirmar que la ley de
usurpaciones y sus normas tienen nombre y apellido, y deben ser consideradas a
todo nivel y denunciadas en el concierto internacional como una medida de
naturaleza racista, que representa y retrata claramente al Estado chileno de
tipo capitalista y colonial. Y es, en este sentido, que se debe comprender por
qué este gobierno ha permitido la militarización íntegramente, reflejada con
una ocupación militar de facto, no solo haciendo referencia al Estado de
Excepción permanente, que ha significado tener a los militares desplegados por
todo el Wallmapu, sino también a todas las acciones racistas y de intolerancia
política por parte de las actuales “autoridades” que han desarrollado
abiertamente la represión y la persecución al movimiento mapuche autonomista y
en resistencia.
Comunicado Público Comunidades en oposición al complejo eólico San
Andrés.
Kiñe. El día sábado 7 de octubre del presente,
representantes de los diferentes territorios afectados por los proyectos de
generación energética no convencional en la comuna de Collipulli y alrededores,
quienes se reunieron en la Ruka de la escuela Miguel Huentelen, Sector Maica
para realizar un trawün con motivo de avanzar en las estrategias tanto desde lo
legal como también desde la difusión y convocatorias a toda la comunidad para
integrar a diferentes organizaciones y publico en general en el proceso de
oposición ante tan nefasto proyecto que afectará tanto a nivel social, cultural
y a la biodiversidad del sector.
Epu. Se presentará en un breve plazo un recurso de
invalidación ante el Servicio de Evaluación Ambiental ante la resolución de
aprobación del mencionado proyecto energético, como una estrategia
complementaria al proceso de movilización en curso, para ello se ha reunido a
un grupo de expertos de diferentes especialidades que brindarán un apoyo
fundamental para la presentación de este recurso con el objetivo de agilizar
tanto desde lo legal como en los estudios complementarios que sustenten los
argumentos del grado de afectación social, natural y ancestral.
Küla. Se hace un amplio llamado al Pueblo Mapuche,
organizaciones sociales y publico en general tanto del campo y la ciudad a
sumarse a este proceso de movilización con la convocatoria de una marcha a
realizarse el próximo día viernes 13 de octubre del presente en Collipulli con
el objetivo de visibilizar la problemática y manifestar el rechazo tajante a la
construcción de este proyecto como a todos los demás proyectos que intenten
instalar en territorio ancestral Mapuche que solo traen miseria, división y
destrucción en la dinámica del saqueo capitalista.
Meli. Saludamos y apoyamos el proceso de
recuperación iniciado por la comunidad autónoma Caillin que hace unos días ha
ingresado al fundo Palermo, lugar en manos de latifundistas donde se pretende
instalar aerogeneradores del complejo eólico San Andrés que afectarán
directamente en sitios ancestrales y ceremoniales Mapuche del sector, como a su
población aledaña.
Kechu. Seguiremos en el camino de la lucha por la
defensa de nuestro territorio con todo el newen de nuestro pueblo ante la
arremetida de los proyectos extractivistas que buscan el saqueo del territorio,
ampliamos el llamado a personas de todos los territorios a sumarse en esta
lucha, tanto desde la difusión, solidaridad y participación.
No a la ley de usurpación!!!
Libertad a los Presos Políticos Mapuche
Marrichiweu!!!
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