Un
fallo contra el corazón de Occidente: Estados Unidos, Unión Europea y el
patio trasero Latinoamericano/yanqui.
Por Belén de los Santos y Gabriel Vera Lopes/Escritores, periodistas y analistas internacionales/ Prensa Mare
Argentina/ Xinhua, Other News, Sputnik, RT, La Jornada de México, Red
latina sin fronteras. Sur, ACHEI, Utopía, Argentina Indymedia/ADDHEE.ONG:
La causa
palestina no es tan solo una lucha por la defensa de los más básicos derechos
humanos, sino una de las luchas anticapitalista antimperialistas más
significativas de nuestro tiempo.
El 29 de
diciembre del 2023 Sudáfrica puso contra las cuerdas no solamente a Israel,
sino a todo occidente. Por primera vez, un país del Sur Global acusó a Israel
ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) de violar la
Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Las imágenes
están ahí para quien quiera buscarlas: ciudades enteras reducidas a montañas de
escombros grises, cuerpos envueltos en bolsas blancas apilados fuera de un
hospital, madres arrodilladas sobre esas mismas bolsas preguntándose por qué el
mundo permite semejante horror.
Con su
denuncia, Sudáfrica busca demostrar ante el máximo tribunal de la ONU que los
incesantes ataques de Israel sobre Gaza constituyen actos de genocidio según la
definición que plantea la misma convención y que las sistemáticas declaraciones
públicas de las máximas autoridades del Estado de Israel demuestran su
intención genocida; es decir, no esconden su voluntad deliberada de
destruir al Pueblo Palestino.
En este
marco, el viernes 26 de enero la CIJ tomó una primera determinación: en base a
la contundente evidencia recopilada, consideró que los argumentos de Sudáfrica
demuestran, al menos, la necesidad urgente de intervenir en favor del pueblo de
Gaza. Es por esto que aprobó una serie de medidas de emergencia en un intento
por preservar los derechos humanos de los palestinos en la Franja mientras
procede a evaluar los méritos de la acusación.
En otras
palabras, la Corte Mundial rechaza la defensa de Israel y admite la
plausibilidad del genocidio: decide continuar con su investigación,
considerando que son verosímiles y pertinentes las denuncias presentadas. Si
bien el juicio puede llevar años en resolverse, lo cierto es que llegar a esta
instancia constituye en sí mismo un hecho histórico. Nunca antes, en ningún
tribunal internacional, se había investigado por genocidio a un país
perteneciente al corazón del poder de Occidente.
Israel
al banquillo de los acusados. ¡No es la primera vez!
El Estado de Israel es señalado desde
hace décadas por sus sistemáticas y continuas violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional, a la vez que mantiene un largo historial de
incumplimientos de las resoluciones de la ONU. Sin embargo, esta será la
primera vez en que se verá forzado a responder legalmente por sus acciones.
La valiente
denuncia presentada por Sudáfrica compromete a toda la «comunidad internacional
occidental» y al «mundo basado en reglas» que dice defender. Apenas se presentó
la denuncia, el Estado de Israel anunció que impugnaría el caso al considerarlo
un «libelo de sangre» (en alusión a las falsas acusaciones que se utilizaron para
perseguir a la comunidad judía). Inmediatamente, Washington y Londres se
apuraron a calificar la denuncia como «infundada» y «una tontería».
Sin embargo,
la inmensa mayoría de jueces que conforman el máximo tribunal de la ONU, lejos
estuvieron de considerar «infundada» la denuncia. Menos aún, «una tontería».
Durante la lectura del fallo, la presidenta de la corte, Joan E. Donoghue,
explicó durante más de 45 minutos las razones que dan motivos para creer que el
Pueblo Palestino podría estar sufriendo un genocidio.
El sionismo colonialista israelí asesinando a niños palestinos, ¡esta
asesinando al futuro de este Pueblo!
Donoghue
señaló que lo que está sucediendo en Gaza es una «verdadera tragedia humana» y
denunció la situación «especialmente desoladora que viven los niños y niñas en
la Franja» añadiendo que «una generación entera de niños está siendo
traumatizada y tardará años en sanar; miles han sido asesinados, mutilados o
quedado huérfanos. Cientos de miles están siendo privados de su educación. Su
futuro está en peligro con consecuencias de largo alcance y duraderas».
Imágenes
del horror
Las cifras
no alcanzan a dar cuenta del horror que se vive en Gaza. «Un infierno en vida»,
repiten locales y veedores internacionales. Cada día que pasa, cientos de
personas son asesinadas, alcanzadas por bombas que caen incluso en las zonas
«seguras», mientras buscan refugio en una escuela u hospital o esperan en una
eterna fila por algo de comida. Mientras tanto, millones son forzados a
desplazarse más y más lejos para sobrevivir. Pocas veces la humanidad ha sido
testigo en vivo y en directo de semejante barbarie. La «única democracia de
medio oriente» se asienta sobre ríos de sangre inocente.
Hasta la
fecha, el Estado de Israel asesinó a más de 27.400 personas en Palestina; se
estima que al menos 12.000 de ellos eran niñas y niños. También hay más de
8.000 desaparecidos bajo los escombros, al menos 66.600 heridos y 1.93 millones
de desplazados. La Organización Mundial de la Salud calcula que 1 de cada 4
hogares está en condiciones «catastróficas» y con riesgo de inanición, mientras
más de la mitad de los hogares palestinos han sido destruidos por los ataques.
Los sistemáticos bombardeos contra hospitales palestinos, sumados al bloqueo
impuesto por el Estado de Israel contra la Franja de Gaza, ha hecho que el
sistema sanitario se encuentre completamente colapsado, llegando a operar por
encima del triple de su capacidad.
Aún así, los
principales medios de comunicación occidentales se han limitado —en el mejor de
los casos— a mantener un silencio cómplice. Y quienes intentan dar cuenta del
horror en el propio terreno, en muchos casos pagaron con sus vidas: en 120 días
de asedio fueron asesinados más de 120 periodistas. La «única democracia de
oriente medio» produjo el «daño colateral» de un periodista muerto por día.
Según el
Artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio, se considera un acto de
genocidio no solamente la matanza de personas con intención de destruir total o
parcialmente a los miembros de un grupo nacional, étnico o religioso, sino
también la imposición deliberada de condiciones de vida pensadas para destruir
físicamente al grupo. Es por esto que más allá de las escalofriantes cifras de
muertes, la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en Gaza
también debe ser considerada en sí misma un acto genocida. No son daños
colaterales, no son excesos: es un plan sistemático.
Los
laberintos del derecho internacional
Desde el
punto de vista legal, para que estos actos sean considerados dentro de lo
dispuesto por la Convención sobre Genocidio, se debe probar, además, la
existencia de una «intención genocida». Es por ello que dentro de la extensa y
minuciosa demanda de 84 páginas presentada por Sudáfrica se incluyen 10 páginas
de declaraciones públicas realizadas por autoridades israelíes que dan cuenta
de su determinación explícita de destruir al pueblo palestino.
Los
discursos de odio y el lenguaje deshumanizante contra los palestinos por parte
de las autoridades del Estado de Israel son, desde hace décadas, parte de una
política de estado. En uno de sus últimos trabajos, Law for Palestine, una
organización destinada a recopilar información sobre Palestina y la Ley
Internacional, compiló una base de datos con más de 500 registros de
incitación al genocidio por parte de autoridades israelíes.
Haciéndose
eco de este señalamiento, la Corte también advirtió el uso de lenguaje
deshumanizante contra el pueblo palestino e incorporó en su dictamen algunas
declaraciones, como las del ministro de defensa isrealí Yoav Gallant, que
aseguró estar combatiendo «animales humanos», o las del ministro de
infraestructura y energía de Israel, que afirmó que los palestinos «no
recibirán una gota de agua ni una batería hasta que abandonen el mundo».
En este
contexto, la Corte Internacional de Justicia aceptó seis de las nueve medidas
provisionales solicitadas por Sudáfrica. Estas medidas son de carácter
vinculante y se ordena su inmediata aplicación: tienen por objetivo evitar el
desarrollo de un posible genocidio mientras el tribunal investiga los
acontecimientos. En este marco, la corte le exigió al Estado de Israel la
adopción de todas las medidas a su alcance para prevenir el asesinato de
palestinos en la Franja de Gaza, así como los daños físicos y psicológicos a la
población y la imposición de condiciones que pongan en riesgo la vida de los
habitantes, entre otras medidas. Además, según la disposición de la corte,
Israel debe tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar la provisión de
ayuda humanitaria a la población palestina.
Luego de
revelado el fallo, gran parte de la prensa occidental destacó que la Corte no
había ordenado explícitamente un cese al fuego, tal como había solicitado
Sudáfrica. Sin embargo, la CIJ sí obligó al Estado de Israel a dar cuenta en el
plazo de un mes de las medidas tomadas para acatar las órdenes del tribunal;
esto es, explicar de qué modo previene el horror que hasta hoy ha impuesto en
Gaza.
Los días
siguientes al fallo, pese a todo, fueron particularmente sangrientos. El Estado
de Israel intensificó sus operativos y ataques no solamente en la Franja de
Gaza, sino también en los territorios ocupados de Cisjordania. El Estado de
Israel nunca se preocupó por cumplir con las disposiciones de la ley
internacional, y nada indica que esta vez será distinto.
El fallo de
la corte no solo obliga a Israel a acatar la orden, sino al conjunto de los
países firmantes de la Convención sobre el Genocidio a garantizar su
cumplimiento. En este sentido, la resolución del máximo tribunal invoca el
Artículo III de la Convención, donde figura el crimen de complicidad con
la comisión de un genocidio. De esta manera, si se determina que el pueblo
palestino está sufriendo un genocidio, cualquier país o entidad que colabore
con el Estado de Israel podría ser señalado como cómplice.
Las
principales potencias de Occidente han sostenido siempre al Estado de Israel.
Desde 1948 hasta comienzos de 2023, Israel recibió más de 158.000 millones de
dólares de Estados Unidos, dentro de los cuales se incluyen 124.000 millones en
ayuda militar. Esta lógica solo aumentó luego del 7 de octubre, al punto que el
presidente Biden prometió seguir enviando dinero «hasta deshacerse de Hamas».
Además del apoyo militar, tanto Estados Unidos como Inglaterra han vetado
sistemáticamente cualquier resolución contraria a Israel en el Consejo de
Seguridad de la ONU.
De esta
manera, Sudáfrica logra un fallo que apunta directamente contra el corazón de
Occidente, exponiendo la hipocresía flagrante de las principales fuerzas del
Norte Global que, mientras se presentan a sí mismas como líderes del «mundo
libre», defienden y promueven una matanza a cielo abierto.
Cuando
el sheriff es amigo del criminal
El abogado
especialista en derechos humanos Francis Boyle asegura que, si bien es probable
que Israel no cumpla con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, el
fallo «abre la puerta a una serie de medidas que pueden tomarse en materia de
derecho internacional». Boyle fue el primero en ganar una orden del tribunal
mundial amparado en la Convención sobre Genocidio, en el juicio contra
Yugoslavia de 1993.
«Como en
cualquier otro procedimiento legal, vas al juez para obtener una orden. Pero el
juez no ejecuta la orden, sino que la ejecuta el sheriff», explica Boyle. «Bajo
los términos de la carta de la ONU, el Consejo de Seguridad es el sheriff. Si
los Estados Unidos o el Reino Unido vetan cualquier medida de ejecución contra
Israel en el consejo —cosa que hacen sistemáticamente—, entonces Sudáfrica
podría llevar esta orden a la Asamblea General de la ONU para exigir su
ejecución».
Boyle señala
que en caso de darse esta situación las consecuencias podrían ser «bastante
serias» para Israel, ya que la Asamblea General podría suspender al estado de
participar en sus actividades. «Lo mismo que hizo contra el régimen criminal
del apartheid en Sudáfrica, y también contra Yugoslavia»,
ejemplifica.
A su vez, la
Asamblea General podría recomendar a sus estados miembros adoptar sanciones
económicas frente al desacato de Israel y admitir a Palestina como un estado
miembro pleno de derecho en la ONU, ya que actualmente solo tiene estatus de
estado observador. «Los votos para admitir a Palestina están», asegura Boyle.
«Mientras que Israel y los sionistas de todo el mundo quieren destruir
Palestina e infligir a los palestinos una segunda Nakba, la inclusión de
Palestina en la ONU es importante para protegerlos».
En
tierras ocupadas
Es posible
que el eje argumentativo de la defensa del Estado de Israel sufra un nuevo
revés en las próximas semanas. En el año 2022, la Comisión de Investigación
Internacional Independiente sobre los Territorios Palestinos Ocupados, creada
por la ONU, afirmó en un reporte ante la Asamblea General tener «motivos
razonables» para considerar a la ocupación israelí como ilegal según el derecho
internacional, por su permanencia y políticas de anexión de facto de
territorios ocupados.
A raíz de
este informe, la Asamblea General solicitó a la CIJ un pronunciamiento no
vinculante sobre la cuestión; esta opinión consultiva se dará a conocer el 19
de febrero próximo. Hassan Ben Imran, experto en derecho internacional y parte
del consejo directivo de la organización Law for Palestine, asegura que si la
corte mundial considera —como lo hizo la comisión previamente— que la ocupación
israelí es ilegal, implicaría el derrumbe definitivo del principal argumento
que esgrimen tanto Israel como sus aliados y promotores: el derecho a la
autodefensa.
«Esto
significa que Israel no puede reclamar el derecho a la autodefensa, porque está
ocupando ilegalmente los territorios. La mera presencia militar israelí en los
territorios palestinos es la continuación de una agresión, del uso ilegal de la
fuerza, no un acto de autodefensa. Desde el punto de vista legal, en lugar de
ser el agredido, Israel sería el agresor», explica.
Estrategias
de distracción
Apenas se
conoció el fallo del pasado 26 de enero, el ultraderechista primer ministro
israelí Benjamin Netanyahu se apresuró a encabezar una estrategia mediática que
intenta correr el eje del debate internacional. Rápidamente se refirió al veredicto
como un «intento vil de denegar a Israel su derecho fundamental a la
autodefensa», calificando las medidas de la Corte como una «discriminación
flagrante contra el estado judío».
La idea de
la discriminación contra el «estado judío» no es inocente. Toda la defensa del
Estado de Israel se basa en la premisa de que cualquier critica contra sus
políticas equivalen a un ataque antisemita contra el pueblo judío. Pero la
estrategia de Netanyahu no se limitó tan solo a criticar el fallo de la Corte.
Dos días antes de que la CIJ se pronunciara, Tel Aviv distribuyó entre sus
aliados un supuesto informe de inteligencia en el que dice recopilar pruebas de
que 12 miembros que trabajan para la Agencia de la ONU de refugiados de
Palestina (UNRWA) habrían sido partícipes en los ataques contra Israel. Una
denuncia que solo involucra al 0,0009 % de la organización, que cuenta con
13,000 empleados palestinos en Gaza.
No se trata
de un ataque azaroso: apunta contra una agencia diseñada para promover el
desarrollo humanitario de los refugiados palestinos. La UNRWA fue creada en
1949 por mandato de la Asamblea General, luego de la creación del Estado de
Israel. Actualmente asiste a más de 5,6 millones de palestinos distribuidos
entre los territorios ocupados, incluida Jerusalén, así como en los campamentos
de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. No es la primera vez que Israel
apunta contra esta agencia: desde el inicio de sus ataques, mató a más de 150
trabajadores de la ONU y bombardeó 145 instalaciones de la UNRWA, 50 de las
cuales fueron destruidas completamente.
Convenientemente,
las repercusiones de la acusación del Estado de Israel contra la UNRWA se
dieron a conocer el mismo día del veredicto de la Corte Internacional de
Justicia. Su estrategia apunta a desviar la atención de lo verdaderamente
importante. Desoyendo las advertencias del conjunto de los organismos
internacionales sobre las trágicas consecuencias que esto podría desatar, de
forma inmediata varios países —entre ellos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Japón y Australia—
anunciaron la suspensión de su financiamiento a la agencia.
Esta cruel
decisión vuelve aún más desesperante la ya trágica situación palestina. De no
revertirse la campaña de desfinanciamiento, la UNRWA se verá forzada a detener
sus actividades a finales del presente mes. Para los 2,3 millones de habitantes
de Gaza, esto significaría quedar abandonados a una situación todavía más
crítica que la expuesta por el fallo de la CIJ. La determinación también afecta
al conjunto de la población palestina que vive en campos de refugiados fuera de
Gaza, lo que constituye sin duda alguna un nuevo crimen de castigo colectivo.
El pasado
miércoles 30 de enero el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier denunció que
«la actividad criminal nunca puede quedar impune. Pero la discusión en este
momento es más una distracción de lo que realmente está sucediendo todos los
días, cada hora, cada minuto en Gaza». La denuncia hacia la UNRWA, al menos en
lo inmediato, busca eludir la sanción mediática con respecto al fallo de la
Corte, al tiempo que condiciona aún más la supervivencia de los gazatíes.
Sin embargo,
su objetivo va más allá: atacando la credibilidad de la UNRWA, una de las
principales fuentes de información de las Naciones Unidas sobre la situación
humanitaria en la Gaza, el Estado de Israel pretende atacar el núcleo de la
evidencia considerada dentro del fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Es decir, Israel y sus aliados disparan directamente contra las pruebas
presentadas en su contra.
La
solidaridad del Sur
Si una cosa
está clara, es que ningún dictamen de un tribunal internacional cambiará por sí
solo la situación de Palestina, especialmente si se tiene en cuenta la
impotencia que han mostrado los organismos internacionales a la hora de hacer
valer incluso el reclamo de sus propias agencias en el territorio.
Pero es
justamente en este contexto cuando más pesará el accionar de los pueblos del
mundo, en especial la solidaridad del Sur Global. Fue justamente Sudáfrica, un
país del Sur Global, quien apuntó directamente contra los crímenes de Israel y
sus aliados occidentales —crímenes que sucedían frente a la vista de todos—,
mientras que una y otra vez los países centrales no han hecho más que apoyar
las atrocidades de Israel.
Pese a la
criminalización de los gobiernos y el silencio cómplice de los medios de
comunicación, las inmensas movilizaciones a favor de Palestina han logrado
sacudir las conciencias de millones alrededor del mundo. La causa palestina no
es tan solo una lucha por la defensa de los más básicos derechos humanos, sino
una de las luchas antimperialistas más significativas de nuestro tiempo.
En esta
pulseada, América Latina tiene la posibilidad de jugar un rol particularmente
importante. La presión que estos países pueden ejercer no solo sobre Israel,
sino sobre todo el sistema jurídico internacional resulta vital para que
Occidente asuma sus responsabilidades consagradas para con el pueblo palestino.
La propia historia de América Latina y el Caribe es una historia de sufrimiento
y enfrentamiento a los atropellos del Norte Global. Las luchas contra los
crímenes del imperialismo forman parte de la historia del respeto de los
pueblos del mundo. En cada bandera palestina flameando, en cada Kufiya, anida
el nombre de todos y cada uno de los pueblos oprimidos.
Este
artículo fue publicado en Jacobin Revista
La ministra
de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, la Prof. Dra. Naledi Pandor,
denunció que ha estado recibiendo mensajes amenazantes desde que su país
presentó un caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de
Justicia.
En
declaraciones a los periodistas en Ciudad del Cabo, Naledi Pandor dijo que
había hablado con el ministro de Policía, Bheki Cele, sobre el asunto.
“Hablé con
Cele por los diversos mensajes que estoy recibiendo y sentí que era mejor que
tuviéramos seguridad extra”, dijo y agregó que estaba más preocupada por su
familia porque en algunos de los mensajes de las redes sociales sus hijos
fueron mencionado.
Según la Prof.
Dra. Naledi Pandor, subrayado que la agencia de inteligencia
israelí, el Mossad, utiliza amenazas para intimidar a quienes se oponen a la
ocupación del territorio Palestino.
Una digna mujer heredera del legado del jurista, libertario Nelson
Maldela, les recordó a los sin memoria que:
“Los pueblos
del mundo y Palestina no retrocedieron cuando el estado de apartheid (en
Sudáfrica) estaba en su peor momento. Estuvieron con nosotros en el movimiento
de liberación. Así que no podemos dar marcha atrás ahora”, dijo.
Asimismo,
acotó que "debemos estar con los palestinos y una de las cosas que no
debemos permitir es una falta de valentía", añadió.
Esta no es
la primera vez que la Prof. Dra. Naledi Pandor habla de
amenazas contra ella y su familia. El mes pasado, dijo en una conferencia
de prensa en su oficina en la capital, Pretoria, que había estado recibiendo
amenazas y abusos.
Dijo que
algunos la han estado llamando miembro del grupo terrorista ISIS/Daesh y
partidaria de Hamas.
Lo subrayado/interpolado es nuestro.
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