Julian ASSANGE,
A LAS PUERTAS DE LA EXTRADICIÓN A EEUU: LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN MANOS DE
LA JUSTICIA BRITÁNICA.
ultima hora, Julian Assange
nominado al premio nobel de la paz, por Sofie Marhaung, diputada de noruegaContacto Dr. Roberto Savio
Por Emilia Morales- Público.es/Escritora, periodista y analista internacional/Prensa Mare Argentina/ Xinhua, Other News, Sputnik, RT, La Jornada de México, Red latina sin fronteras. Sur, ACHEI, Utopía, Argentina Indymedia, Utopia/ADDHEE.ONG:
A un día de la vista en la que se
dirimirá la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, hacemos una
retrospectiva del caso que persigue, entre otras informaciones, la revelación
de crímenes de guerra en Irak, Libia y Afganistán
En abril de 2010, la grabación
de dos militares estadounidenses disparando desde sus helicópteros Apache
a civiles desarmados en un barrio de Bagdad (Irak) corrió como la pólvora en
Internet. El ataque, en el que fueron asesinadas 12 personas, había tenido
lugar en julio de 2007 durante una de las muchas incursiones militares de EEUU
en la región aquel año.
El vídeo fue publicado por
WikiLeaks gracias a la filtración de una fuente anónima. El portal había sido
fundado en 2006 por Julian Assange con el objetivo de divulgar las injusticias
de regímenes opresores capitalistas accidentales. El vídeo de los
asesinatos de Irak fue solo una de las muchas filtraciones difundidas
en esta web que sacudieron el mundo, a la que se sumaron los miles de
documentos sobre la guerra de en Irak y Afganistán –Diarios de
Afganistán–; los cables diplomáticos que exponían los entresijos de
la política exterior estadounidense –Cablegate– o las torturas en la
prisión de Guantánamo. Pero también la
corrupción en Islandia o las ejecuciones extrajudiciales en Kenia, entre otras
revelaciones.
EEUU ha sido el único país del mundo
que ha tomado represalias legales contra las informaciones secretas difundidas
por WikiLeaks, acusando a su fundador de cometer 18 delitos relacionados
con espionaje y crímenes informáticos. Por la presunta comisión de estos
delitos pende sobre Assange la amenaza de 175 años de prisión.
En 2012, ante la sospecha de la
existencia de una causa secreta abierta contra él en EEUU y otra investigación
abierta en Suecia por una presunta violación a una mujer y abuso a
otra, el periodista australiano se refugió en la Embajada de Ecuador en
Londres (Reino Unido). En ella permaneció encerrado siete
años gracias al asilo diplomático concedido por el que fuera presidente
del país latinoamericano, Rafael Correa.
La llegada de Lenín Moreno al
Gobierno de Ecuador en 2017 supuso el cese del refugio político de
Assange y su expulsión de la Embajada. El 11 de abril de 2019, el
periodista fue sacado a rastras de ella y encerrado en la prisión de máxima
seguridad de Belmarsh (Reino Unido), dando comienzo su proceso de extradición a
Estados Unidos. Tras cuatro años de lucha legal, la defensa del periodista
juega este 20 y 21 de febrero su última carta para impedir la entrega de
Assange a Washington.
Inicio de la causa y asilo en la
Embajada de Ecuador
En 2010, apenas unos meses después de
que WikiLeaks publicara miles documentos secretos sobre las guerras de Irak,
Libia y Afganistán, el tribunal del Distrito Este de Virginia (EEUU)
inició una investigación judicial contra Julian Assange por la difusión de
secretos oficiales. Los fiscales estadounidenses argumentaron que
Assange no se limitó a difundir las filtraciones que llegaban a WikiLeaks,
sino que ayudó a la exmilitar Chelsea Manning –fuente de las informaciones–
a llevarlas a cabo, cometiendo presuntamente un delito informático.
Además, el periodista también
fue acusado de haber violado la Ley de Espionaje, promulgada en 1917
durante la Primera Guerra Mundial, al revelar las informaciones secretas. Esta
norma se ha utilizado varias veces para encausar a sospechosos y responsables
de otras importantes filtraciones, como ocurrió con Daniel Ellsberg, fuente de los Papeles
del Pentágono. En este caso, la causa no llegó a prosperar.
La defensa de Julian Assange cree
que la apertura del caso en Virginia no es casual. En este estado se
encuentran las sedes de las principales agencias de inteligencia
estadounidenses, entre las que destaca la CIA. El abogado del periodista, Aitor Martínez, explicó en un coloquio
sobre el caso celebrado el pasado enero en el Ateneo de Madrid que, debido a
que la causa de Assange es extraterritorial, «el Departamento de Justicia de
EEUU puede juzgarlo allí donde le resulte más favorable, y ya sabemos que
los jurados en Virginia están compuestos por familiares de los agentes de
inteligencia o contratistas de las agencias de inteligencia».
Paralelamente a la investigación
judicial en EEUU, la Fiscalía de Suecia abrió en agosto de 2010 una
investigación preliminar contra Assange por la presunta violación y abuso a dos
mujeres en Estocolmo (Suecia). En 2012, la Justicia sueca pidió a Londres
la extradición del australiano. La petición fue aprobada por el Tribunal Supremo de Reino Unido en
mayo de 2012, momento en el fundador de WikiLeaks solicitó el asilo diplomático
en Ecuador. Ante la negativa de Reino Unido de facilitarle un
salvoconducto para llegar al país latinoamericano, en junio del mismo año
Assange se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde residiría hasta
abril de 2019.
La defensa de Assange justificó este
movimiento en las fundamentadas sospechas que
tenía de la existencia de una investigación judicial secreta en EEUU contra el
periodista por las publicaciones de WikiLeaks. De hecho, entre 2010 y 2013, la
fuente de las filtraciones, Chelsea Manning, había sido procesada y
condenada por el caso WikiLeaks. Por esta razón, la defensa vio en la
aprobación de la extradición a Suecia la posibilidad de otra extradición
encubierta a EEUU. La investigación preliminar de los delitos
sexuales contra Assange fue cerrada definitivamente en 2019 por falta de pruebas.
Aún
así, la estancia de Assange en la Embajada ecuatoriana no fue
apacible. Durante varios meses, el periodista y aquellos que le visitaron,
incluidos sus abogados, fueron espiados por
la CIA, que instaló sistemas de grabación en la Embajada con la colaboración de
la empresa española UC Global SL, encargada de la seguridad de la misión
diplomática. Así lo reconoció un juzgado de Nueva
York a finales de 2023.
Con el cambio de régimen en
Ecuador y la llegada de Lenín Moreno al poder, las relaciones
entre Assange y su anfitrión se recrudecieron. De la parte diplomática, se
aludió a la falta de cumplimiento de unas normas de convivencia dentro de
las instalaciones de la Embajada. Del otro, a la publicación de una investigación sobre el
entramado offshore de Lenín Moreno, y de la que el
presidente hacía responsable a WikiLeaks. Las tensiones se resolvieron con
la retirada del asilo diplomático a Assange y su expulsión de la Embajada.
Sólo tras su detención por parte
de las autoridades británicas, la Justicia estadounidense hizo explícitos los
delitos de los que se acusaba al periodista.
Detención y proceso de extradición
Estos versaban sobre el error que
supondría aprobar su entrega para enfrentar un proceso por sus opiniones
políticas y exponer la criminalidad de EEUU. También, por obtener o publicar
–que no filtrar– información veraz, atentando asimismo contra la libertad de
expresión. La defensa también ha argumentado que es posible que Assange no
sea sometido a un juicio justo, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el
espionaje al que fue sometido tanto él como sus abogados durante su
estancia en la Embajada de Ecuador.
A ello se suma la propuesta de
admitir las evidencias sobre los planes de EEUU de secuestrar, entregar o
asesinar a Assange, publicadas por Yahoo News en 2017
en base a las declaraciones de un ex agente de contraterrorismo y más de 30
oficiales americanos.
Consideran también que la del
australiano es una causa política, y que, por tanto, su entrega violaría
el tratado de extradición entre Reino Unido y EEUU. Este acuerdo,
además, deja la puerta abierta a los estadounidenses a que modifiquen o
añadan cargos que podrían exponer a Assange a condenas aún más duras,
incluida la pena de muerte.
Por último, argumentaron que la
extradición de Assange podría poner aún más en riesgo su frágil estado de
salud. A excepción de este último, todos ellos fueron rechazados por la
magistrada del District Judge (Magistrates Courts) –similar a un juzgado de paz
en España–, Vanessa Baraitser, encargada de estudiar el caso. Es
decir, que la extradición de Julian Assange fue rechazada únicamente en
base a razones humanitarias.
Estados Unidos apeló esta
decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido (Hight Court),
ofreciendo una suerte de garantías diplomáticas por las que se comprometía
a salvaguardar la integridad y bienestar físico y psicológico de
Assange durante todo el proceso judicial y posterior condena. El Tribunal
Superior tomó por buenas las alegaciones de EEUU y aprobó su extradición, revirtiendo
la decisión de Baraitser. La defensa trató de apelar este fallo en
la Corte Suprema británica, donde ni siquiera fue admitido a trámite.
El segundo asalto tuvo lugar en
instancias gubernamentales, en donde la entonces ministra de Interior
británica, Priti Patel, asumió la postura del Tribunal Superior de Justicia y
en junio de 2022 firmó la orden de extradición de
Julian Assange a EEUU. De nuevo, la defensa apeló esta decisión ante el
Tribunal Superior de Justicia, que una vez más volvió a rechazarla.
Ahora, los días 20 y 21 de febrero,
dos nuevos jueces del mismo organismo revisarán los ocho argumentos presentados
por la defensa de Assange en 2019 para evitar su extradición y que fueron
inicialmente rechazados –a excepción del humanitario– por la jueza Vanessa
Baraitser. Este es el último cartucho que le queda por quemar en instancias
judiciales nacionales. De
rechazarse, al fundador de WikiLeaks sólo le quedaría el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos –Tribunal de Estrasburgo–, cuyas resoluciones están
obligadas a cumplir los Estados pertenecientes al Consejo de Europa, entre los
que se encuentra Reino Unido.
Sin embargo, Londres ya ha
puesto sobre la mesa la posibilidad de abandonar la corte de
Estrasburgo en otras ocasiones. La última, en 2022, después de que el Alto
Tribunal suspendiera la deportación de
un solicitante de asilo iraquí a Ruanda. Por ello, en palabras
del abogado de Assange, Aitor Martínez, «hay incertidumbre con lo que
pudiera pasar» con el cumplimiento de Reino Unido a una posible sentencia
favorable a Assange en el organismo judicial europeo.
Durante
los cuatro años que ha durado este proceso, Assange ha estado encerrado en
la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido), sometido a un estricto
régimen de visitas, que según varios reportes de Nils Melzer, relator de
la ONU para la tortura, ha deteriorado su salud física y mental. En 2019, tras
una visita al fundador de WikiLeaks en prisión junto a un equipo médico, Melzer declaró que «a menos que el Reino
Unido cambie urgentemente de rumbo y mejore la inhumana situación [de Assange],
la continua exposición de Assange a la arbitrariedad y al abuso podría acabar
costándole la vida».
Asimismo,
la también relatora para la tortura del organismo internacional, Alice
Jill Edwards, hizo hincapié recientemente
en el riesgo de tortura al que se expone Assange de ser extraditado a EEUU.
Apoyos a la libertad de información
«Si Assange es extraditado será el
fin de la democracia», declaró a este periódico Stella Moris, abogada y esposa
de Julian Assange, en una entrevista a Público en
mayo de 2023. No es la única que defiende esta hipótesis. Algunos de los medios
de comunicación de mayor renombre inciden en la idea de que la extradición y
encarcelamiento de Assange en EEUU puede sentar un precedente peligroso para la
libertad de información y prensa.
Junto a ellos, numerosas
organizaciones periodísticas a un lado y otro del planeta, como Reporteros
Sin Fronteras, la Federación Internacional de
Periodistas (FIP) o el PEN Internacional, pero también
organizaciones no gubernamentales, tales como Amnistía
Internacional o Human Rights Watch, han desarrollado campañas
por la liberación del periodista.
En 2022, The Guardian, The New
York Times, Le Monde, El País y Der Spiegel firmaron una carta abierta titulada
«Publicar no es delito» al Gobierno de EEUU pidiéndole que frenara la
extradición de Assange. Todos estos medios habían desarrollado importantes
investigaciones periodísticas partiendo de las filtraciones publicadas en
WikiLeaks. Con ellas, se destaparon casos de corrupción en
Marruecos o Rusia, escándalos diplomáticos –como el bloqueo
estadounidense a Irán y Venezuela– o espionajes por parte del
Gobierno estadounidense a líderes políticos como el expresidente
francés Nicolás Sarkozy o el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
EEUU busca tomar represalias
contra aquel que hizo posible las publicaciones que retrataron los
intestinos de la política estadounidense, haciendo valer la «seguridad
nacional» sobre el derecho a la información.
Por eso, mientras el contador
corre para Assange, los apoyos se multiplican. Varios líderes mundiales ya
se han posicionado a favor del fundador de WikiLeaks, como los
latinoamericanos Lula da Silva,
presidente de Brasil o Xiomara Castro, presidenta de Honduras, el
expresidente argentino Alberto Fernández o
el dirigente colombiano Gustavo Petro. También
algunos políticos europeos, como Claudia Roth, ministra de Estado de
Cultura y Medios de Comunicación alemana se reunió con Moris y explicitó su
apoyo a Assange, según las palabras de la abogada.
En los últimos años, también
el Gobierno de Australia, país natal del periodista, se ha pronunciado en
contra de la extradición de su ciudadano. Hace tan sólo una semana, la
Cámara de Representantes australiana aprobó una moción en
la que instaba a la Justicia estadounidense e inglesa a detener el
proceso de extradición.
En septiembre de 2023, una delegación
de diputados australianos del Gobierno y representantes de partidos de la
oposición acudió a Estados Unidos para reunirse con varios funcionarios y
congresistas estadounidenses para abordar la situación de Assange. El último
movimiento en apoyo a su causa que ha trascendido ha sido la concesión, por
parte del Ayuntamiento de Roma, de la ciudadanía honorífica al
fundador de WikiLeaks.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro.
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