La crisis del orden social en Chile exige una salida estructural...
La intransigencia
oficial y sus oídos sordos a las posiciones opositoras se fundamentan en que
esta iniciativa obedece a la promesa del actual gobierno de rebajarle
considerablemente los impuestos a las empresas más ricas del país. Esto es del
27 por ciento que hoy tributan solo al 23; lo que, sin mucha certeza, podría
atraer millones de dólares en inversiones y con ello, generar muchas plazas de
trabajo, al tiempo de mejorar las alicaídas cifras de nuestra economía, bla,
bla, bla...
A nadie debiera
causarle sorpresa que fue ese puñado de multimillonarios nacionales y
extranjeros los que financiaron la onerosa campaña presidencial de José Antonio
Kast como de los candidatos a parlamentarios de toda la derecha. Se trata,
entonces, de un pacto de sangre de La Moneda con el gran empresariado, por lo
cual el oficialismo está dispuesto a imponer esta importante reforma, aunque
sea por un solo voto más, como han advertido algunas de sus destacadas figuras
parlamentarias. Sobre todo, si ella
incluye la cláusula de la invariabilidad tributaria que le daría a los
potenciales inversionistas la seguridad de que hasta por 15 o 20 años ningún
otro gobierno o parlamento les cambie las reglas del juego. Algo
completamente iluso, por supuesto, salvo que la derecha que hoy gobierna se
mantuviera por ese mismo tiempo en el gobierno. Más ingenuo, aún, si se
considera la práctica cupular de la “alternancia en el poder “ que tanto
caracteriza a nuestra peculiar democracia...
En las cifras, el
Estado dejaría de recaudar ingentes recursos, por lo que quienes hoy nos
gobiernan están procurando restringir el gasto fiscal y suprimir muchos de
aquellos aportes fiscales destinados a los más pobres e indigentes, a la
cultura y a los municipios, ávidos siempre de contar con los recursos
demandados por sus hospitales y establecimientos educacionales, como financiar
sus gastos vinculados a la protección del medio ambiente. Temas que no
sensibilizan mayormente a las derechas cavernarias de la edad de piedra.
Por lo demás, los
que hoy nos gobiernan piensan que la oposición no constituye más que una
montonera de referentes de centro y de izquierda incapaces de ponerse de
acuerdo tan siquiera para oponerse a un mega proyecto monstruoso que nos
pondría nuevamente a la cabeza de los países más ultra neoliberales del Planeta
y dispuesto a entregar a dominio extranjero lo que queda de nuestros recursos
naturales, empresas públicas, yacimientos y concesiones marítimas. Incluso la
posibilidad de privatizar Codelco, la principal minera estatal que, para
beneficio de este cometido, ha demostrado una pésima administración, se ha
convertido en la alcancía de los gobiernos en el poder y ha sido ampliamente
sobrepasada por la gestión de las grandes mineras privadas.
A pocos días u
horas de la votación en el Parlamento de esta iniciativa, el Gobierno está
demostrando que, además de sus votos, podría sumar a los parlamentarios
descolgados del llamado socialismo democrático. Concretamente con el PPD, el
ministro Quiroz y la Presidenta del Senado se ufanaron el fin de semana con un
acuerdo con legisladores de esta colectividad, con lo cual sumarían más
voluntades, dándole visos de mayor legitimidad a su ley miscelánea. Habrá que investigar cuánto le habrá
costado al Ejecutivo lograr de estos parlamentarios del PPD cambien su posición.
Sin embargo, una trampa del ministro Quiroz en la redacción posterior del
texto, deja hasta ahora en duda si los senadores PPD van a mantener finalmente
su pacto con el Ejecutivo.
Asimismo, fue
público y bullado el encontronazo público entre algunos senadores socialistas y
la presidenta del Partido, Paulina Vodanovic, al denunciar los primeros una
secreta negociación de ésta y otros parlamentarios con algunos legisladores
oficialistas, destinado a conseguir algunas reformas en el Proyecto que
faciliten su aprobación más amplia en el Poder Legislativo.
El tono verbal de
esta controversia fue extremo y lleva a pensar que más temprano que tarde se
produzca un quiebre en el Partido del presidente Allende Gossens
y la dificultad de consolidar acuerdos o pacto con comunistas y
frenteamplistas, hasta aquí férreamente dispuestos a oponerse al proyecto
gubernamental e, incluso, a recurrir al Tribunal Constitucional para demostrar
la inconstitucionalidad del mismo.
Todo lo anterior
sucede, por cierto, a nivel cupular, al grado que hasta las militancias
partidarias han quedado aisladas de los debates y los vergonzosos dimes y
diretes que provoca la voluntariosa decisión del Gobierno de aprobar una ley de
alta connotación y consecuencias económicas, sociales y políticas.
Lo subrayado/interpolado es nuestro






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