¿A
Quién le Importa lo que Ocurrió, en Chile, en 1973, olvidado/resignado?
Diario red, el Clarín de Colombia, el nortino de Chile, el Clarín de
Chile, Jornada de México, Xinhua.net, la Haine, enred sin fronteras, red latina
sin fronteras, telesur, publico.es, Amy Goodman/Colombia University, el Sur
Andino, Al Jazeera, Tass, Sputnik:
Prolegómenos:
“Para la
mayoría marginada” del Pueblo Chileno Allendista y del Pueblo Mapuche, los sin casa
sobreviviendo en
campamentos/poblaciones callampas, en la miseria, cesantes, es decir, a las
bases fundacionales del Movimiento Social Rebelde de la rebelión del 18 de Octubre del 2019,y a
la juventud de la plaza de la Dignidad Gabriela Mistral, y evidentemente a los únicos herederos del
compañero Presidente Dr. Salvador Allende Gossens, el maldito hábito
negativista resignado olvidar, para negar, la maldita Constitución/artilugio de
1980, y el sufragio obligado constituyen
un escupitajo para su dignidad.
Recordamos cada día al compañero
presidente Dr. Salvador Allende Gossens su legado histórico y su heroico
ejemplo de lucha con sus últimas palabras antes de ser violentamente asesinado
por los militares fascistas asaltantes
de la Moneda:
“Trabajadores
de mi patria, tengo fe en Chile y su
destino. Superarán otros seres humanos
este momento gris y amargo en el que la
traición pretende imponerse, Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que
tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el ser humano
libra para construir una sociedad mejor...Estas son mis últimas palabras y
tengo la certeza que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que por lo menos, será una
sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición...
Prof. Moreno
Peralta/IWA
Secretario
Ejecutivo ADDHEE.ONG
¡Viva Chile!
¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!”...
Reflexiona la periodista Beatriz Silva:
En su libro Calle Londres 38, Phillipe Sands revela una
cuestión que hasta ahora nadie había puesto por escrito en Chile. Muchas
personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar
podrían haber acabado convertidas en harina de pescado, un producto que a
principios de los años setenta se utilizaba principalmente para alimentar
pollos. Sabíamos que se habían dinamitado cuerpos y lanzado cadáveres al mar,
pero este macabro método para hacer desaparecer los restos de los adversarios
políticos aún no estaba registrado. Las personas más conocedoras lo sospechaban
y había salido en alguno de los testimonios de los muchos procesos abiertos,
pero la justicia en la “medida de lo posible” no había investigado ni
formaba parte del debate público.
Como otros episodios de la dictadura cívico militar chilena, es
un capítulo pendiente de escribir en una memoria histórica que sigue
inconclusa, abriéndose paso a medida que surgen nuevas evidencias. Una de las
más impactantes llegó en 2007 de la mano de un personaje hasta ese momento
desconocido, Jorgelino Vergara, “el mocito”. Siendo un adolescente, Vergara
había servido en la casa de Manuel Contreras, el jefe de la policía secreta de
la dictadura cívica militar chilena, la DINA, que lo envió a hacer el
mismo trabajo en uno de sus centros de detención y exterminio. “El mocito” se
convirtió en la persona que se encargaba de servir café a los agentes mientras
torturaban y luego limpiaba la sangre. Una figura silenciosa que no
participaba, pero presenciaba todo.
Su confesión llegó casi por casualidad dos décadas después de la
recuperación de la democracia y permitió que 74 agentes de la DINA fueran
declarados reos y sacar a la luz la existencia de un importante centro de
tortura y exterminio del que no se tenía noticia, el cuartel de la Brigada
Lautaro en la calle Simón Bolívar de la capital. No se conocía porque ninguna de
las personas que había pasado por este lugar había sobrevivido para contarlo y
no formaba parte, por esto, de los informes oficiales de Estado que documentan
los crímenes de la dictadura cívico militar chilena, el Rettich y el
Valech. Tampoco lo conocían los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, la
organización que actuaba como Ministerio de Justicia en la sombra entrevistando
a las víctimas y recopilando información sobre las violaciones a los derechos
humanos que los tribunales se negaban a investigar.
Hasta el día de hoy no se sabe la cifra exacta de las personas que
pasaron por el cuartel Simón Bolívar que fue demolido y convertido en un
condominio de casas adosadas mucho antes de las revelaciones de Jorgelino
Vergara. Hoy, un modesto memorial recuerda a las víctimas en una plazoleta
cercana donde se han grabado algunos nombres, pero se han dejado también
espacios en blanco porque, como la memoria democrática de Chile, es un capítulo
a medio escribir. Llenar estos vacíos depende en gran parte del gobierno que
salga de las urnas en las elecciones que se celebrarán el 16 de noviembre, en
primera vuelta, y el 14 de diciembre, en segunda.
En estas, dos de las cuatro primeras preferencias de voto se sitúan en
el espectro de la nueva extrema derecha que reivindica la dictadura cívico militar
chilena. De hecho, las encuestas dan la victoria al líder del Partido
Republicano, José Antonio Kast, que ha pedido en varias
ocasiones el indulto para Miguel Krassnoff, un exmilitar que acumula más de mil
años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Aunque la candidata de
la coalición de centroizquierda gobernante, la comunista Jeannette Jara,
encabeza las encuestas con una media de 29,5% de intención de voto, seguida por
Kast con 23,9%, la extrema derecha y la derecha tradicional suman en los
sondeos el 50% de votos necesarios para imponerse en segunda vuelta.
En juego está el modelo de país que se impondrá en los próximos años. En
2019 Chile vivió una rebelión social que fue la
culminación de un proceso de crisis iniciado en 2011 con grandes movilizaciones
estudiantiles, y que desde entonces no se ha podido cerrar. Los dos intentos
fallidos de reemplazar la Constitución de 1980, impuesta por el dictador Pinochet
bajo el mandato de Gabriel Boric no han hecho más que evidenciar que el país
sigue sin cerrar las heridas del pasado y sin tener un proyecto compartido de
futuro. Uno que procure unos derechos sociales básicos a una sociedad que puso
todo en manos del mercado, pero que proporcione también herramientas para
preservar la democracia y la justicia
en la “media de lo posible”..
Estas elecciones se presentan dicotómicas y, aunque en la papeleta habrá
ocho alternativas posibles, la contienda se decidirá entre la opción
oficialista, encarnada por la exministra del Trabajo Jeannette Jara, y la de
una nueva extrema derecha pinochetista que mira al pasado dictatorial en lo
político, pero también en lo económico. Tanto José Antonio Kast como Johannes
Kaiser, líder de la otra formación de extrema derecha que con un 10,8% de
intención de voto se sitúa en cuarto lugar en los sondeos, son grandes
defensores a raja tabla del
modelo neoliberal impuesto por Pinochet al que añaden promesas de mano dura con
la inmigración y la inseguridad. Promesas que no difieren mucho de las de
Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, que con un 15,4% de
intención de voto no ha sido capaz de mostrarse como una alternativa más
cercana al centro.
El o la candidata que finalmente se ponga la banda presidencial decidirá
entre dos caminos: si Chile sigue invirtiendo en una agenda social que intente
reducir la desigualdad con una mayor presencia del Estado en salud, pensiones o
educación, como ha intentado hacer sin éxito el Gobierno de Gabriel
Boric, o si opta por recortar impuestos e imponer una melodía parecida al Hagamos
Chile grande de nuevo, ¡Un Chile de empresarios!. Desde la izquierda
se recela de las promesas de Kast de recuperar políticas discriminatorias
contra las mujeres y las minorías, y de los efectos del ajuste fiscal de 6.000
millones de dólares en 18 meses que ha anunciado. Desde la derecha se alimenta
el miedo a la inseguridad, a la inestabilidad y a la influencia del Partido
Comunista en el que milita la candidata de centroizquierda.
“Sinceramente, ¿a quién le importa lo que ocurrió en 1973, en Chile?”. La pregunta la soltó en julio
pasado uno de los diputados de la formación de José Antonio Kast. Lo hizo
después de que Johannes Kaiser afirmara que volvería a apoyar el golpe de
Estado con todas sus consecuencias, es decir, los asesinatos, desapariciones
y las violaciones a los derechos humanos. Aunque en los debates electorales
esta cuestión no ha ocupado un lugar protagónico, basta mirar la franja
electoral con imágenes de Kast disfrazado de Pinochet y del bombardeo a La
Moneda para constatar que lo que ocurrió en 1973 sí importa. También que, por
primera vez desde el fin de la dictadura cívico militar, se ha
consolidado en Chile una extrema derecha que reivindica de forma desacomplejada
el pinochetismo y cree, además, que hacerlo suma votos: “Los marxistas
pretendieron crear de proletarios, nosotros los ganadores del 11 de septiembre
crearemos un Chile de empresarios”, el dictador fascista Pinochet.
Una que no solo legitima el quiebre de la democracia y las violaciones a
los derechos humanos, sino también las recetas económicas de una dictadura cívico
militar que normalizó una sociedad enormemente desigual donde un 1% de la
población acumula el 50% de la riqueza. Un modelo que la exministra del
Gobierno de Bachelet Clarisa Hardy define como de progreso no inclusivo, porque
a pesar de que erradicó la extrema pobreza y mejoró las condiciones materiales
de vida de casi toda la población, ha mantenido las brechas de desigualdad, así
como la precariedad de una gran parte de la ciudadanía. Un modelo donde todo
aquello que es esencial para el mantenimiento de la vida, como la salud, la
educación y las pensiones, ha sido puesto en manos del mercado libre.
En el epílogo de Chile, 50 años después, Carlos Castresana,
autor de la denuncia que dio lugar al procesamiento de Augusto Pinochet,
constata la necesidad de que Chile no solo avance en los juicios pendientes,
empezando por el magnicidio del presidente Allende, y en la reparación a
las víctimas, sino también en un nuevo contrato social que garantice a todos
los chilenos y chilenas una vida digna y libre de violencia. Uno que comprenda
no solo el derecho a la libertad política y a la no repetición de los crímenes
del pasado, sino también el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda,
al salario digno y a todas aquellas cuestiones que el modelo económico
neoliberal puso en cuestión y que se juegan una vez más en estas elecciones.
*Beatriz Silva es una periodista y política española nacida en Chile.
Desde 2017 es diputada en el Parlament de Catalunya por el PSC.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro.
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