Los Derechos Humanos en el Ordenamiento jurídico chileno

Los Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico Chileno

Los Derechos Humanos, es una problemática filosófica, religiosa, política y social, que ha sido una preocupación desde tiempos remotos en el devenir histórico de la Humanidad. Su reconocimiento jurídico constituye un fenómeno reciente, debido al gran proceso de formulación normativa que ha atravesado por diferentes etapas. Sin lugar a dudas, la más trascendental fue la declaración francesa de los Derechos del hombre/ del ciudadano de la Revolución Francesa (1789).

El concepto Derechos Humanos fue originalmente un concepto político, que se traducía en el respeto, por parte del Estado, de libertades y autonomía de la persona, es decir, el Estado estaba obligado a no intervenir en asuntos “de los derechos civiles”, o sea, de los derechos que se enmarcan en la protección de la vida, de la dignidad, libertad, seguridad jurídica, e integridad física y moral de la persona.

En la etapa siguiente, la persona –mujer u hombre -, no está opuesta ya al Estado, sino que participa en la estructura política de la sociedad a que pertenece, ejerciendo sus derechos políticos dentro del Estado. Finalmente, la aparición de la noción de derechos económicos, sociales y culturales, forman una categoría distinta a un fenómeno más reciente. 

El goce efectivo de estos derechos debe ser asegurado por el Estado de Derecho o por su intermediación. De lo contrario dejará de ser tal.

El rol del Estado de Derecho, en materias de Derechos Humanos, ha evolucionado considerablemente, y hay que percatarse que la ampliación de su función, no sólo se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, sino al conjunto de los Derechos Humanos en la medida en que los poderes públicos tienen también el deber de asegurar los derechos civiles y políticos contra todo ataque o conculcación, por parte de aquellos sectores sociales que disponen de un mayor poder económico, científico o tecnológico.

Los Derechos Humanos se plasman, porque la persona quiere y desea vivir, no sólo una existencia biológica, sino vivir dignamente con sus derechos reconocidos frente al Estado de Derecho.

La mayoría de las constituciones de los países reconocen los Derechos Humanos bajo la forma de una declaración de derechos y libertades fundamentales de la persona, teóricamente…

Como colofón, considero que el surgimiento de la institución del los Derechos Humanos responde a la demanda de la sociedad y de las organizaciones civiles , especialmente de las ONGs, por establecer equilibrio y un sólido contrapeso a la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, resumiendo, porque es de imperiosa necesidad erradicar los excesos del ejercicio del poder público en contra de los gobernados, porque sabemos que la Dignidad de la persona radica en su destino, y nadie puede legítimamente impedir a otra a realización de su fin. La persona sólo puede realizar su destino dentro de la comunidad social, y esta comunidad no tiene otro fin que servirla. El fin de la comunidad es la realización de una obra común. A ella, son ajenas las exclusiones y marginaciones, lacras sociales del capitalismo salvaje globalizado.

Los Derechos Humanos son límites exteriores de existencia, son las bases de la actuación humana y al saber que aquellas no serán violadas, la persona se moviliza con libertad para mejorarlo y lograr su destino.

No me queda duda, que actualmente el tema requiere de una mayor atención de parte de la autoridad competente del Estado de Derecho para garantizar a cada uno de sus miembros, las prerrogativas a que tienen derecho como entes humanos y que se ven amenazadas con acciones no sólo de falta de responsabilidad, sino también de violencia y maltrato, donde las víctimas más frecuentes son las mujeres, los ancianos y los niños.

Los Derechos Humanos en Chile:

Durante los años 1970 – 1973 Chile fue violentamente convulsionado por un terror que provenía desde la extrema derecha  fascista/ la SOFOFA y su brazo armado “Patria y Libertad” , y que a partir del 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas, tras el golpe de Estado lo asume con un terrorismo de Estado, infinitamente superior y peor, porque desde esa infausta fecha antes señalada, la Junta Militar con el poderío y la impunidad del Estado absoluto secuestra, tortura, asesina y hace desaparecer a miles de Seres Humanos. La dictadura militar produjo la más grande tragedia de la historia de Chile y la más salvaje. Se ha repetido que debemos esperar de la Justicia Plena la palabra definitiva, pero, queda en la mayoría del Pueblo chileno la amarga sensación, que  la clase política aguarda que cicatricen las heridas con el tiempo y se llegue a una reconciliación sin justicia, sin verdad y sin la reparación digna para las víctimas y sus familiares, lo que para el suscrito es imposible. Acentúo, sin arrepentimiento de los culpables y de una Justicia Plena que se fundamenta en la verdad, con una digna reparación para las víctimas y sus familias, no hay reconciliación posible…

Después de estos dolorosos hechos denunciados y la vuelta a la democracia “en la medida de lo posible”, los Derechos Humanos en Chile han ido adquiriendo progresivamente una mayor vigencia, como un valor ético y moral intrínseco. La comunidad internacional se comprometió con la vigencia efectiva, por parte de cada Estado miembro, de los derechos esenciales de la persona humana, contenidos principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama por la Asamblea General de la Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948. Recordemos las palabras de nuestra querida e inolvidable Profesora Gabriela Mistral, con motivo de tan importante acontecimiento: “En ninguna página sagrada hay algo que se parezca al privilegio y aún menos a la discriminación: dos cosas que rebajan y ofenden al hijo del hombre. Yo sería feliz si en vuestro noble esfuerzo por obtener los Derechos Humanos  fuese adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. Este triunfo será el mayor entre los alcanzados en nuestra época”.

El grado de respeto por los Derechos Humanos en los Estados democráticos se considera como uno de los principales elementos de legitimación de un gobierno y de sus sistemas jurídico y político. Es, por lo tanto, un Estado de Derecho, aquél en que se da un grado significativo de respecto por la Dignidad y los Derechos de la persona, por medio de una organización jurídica y política con ese fin. 

En las verdaderas democracias los Estados establecen un estatuto de garantías fundamentales que parten por el irrestricto respeto por la Dignidad  de las personas: derechos y libertades que reconocen inherentes a ellas, anteriores al Estado, y que limitan, en consecuencia, el ejercicio de la soberanía estatal. Así también, se establecen legal y constitucionalmente mecanismos jurídicos para que las personas puedan hacer valer los derechos así consagrados rápida y eficazmente.

Universalmente se reconoce a las personas diversas categorías de derechos fundamentales, como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero por sobre todo, se reconocen como básicos, como lo afirmé anteriormente, el respeto a la Dignidad de la persona, el derecho a la vida, a su integridad física y psíquica, libertad, seguridad personal, inviolabilidad del hogar, de toda comunicación privada y, en especial, igualdad de todas las personas ante la ley y la justicia, y evidentemente, el derecho al debido proceso en materia judicial. Todos estos derechos han sido conculcados por los enemigos de la democracia y la libertad plena con brutales golpes de Estado cívico/ militares. En Chile, entre el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe militar que derrocó al Presidente constitucional Dr. Salvador Allende Gossens, y el 11 de septiembre de 1990 en que retornó la democracia, se violaron sistemáticamente los Derechos Humanos, en gran cantidad y calidad por agentes del Estado, obedeciendo a una política central común y contando, de hecho, con la protección del Estado para lograr la impunidad. La dictadura militar dictó una serie de decretos leyes que le entregaron plenos poderes al jefe de Estado para restringir y suspender el ejercicio de las libertades y los derechos de las personas. Ya al término de la dictadura se aprobó una autoamnistía para todos los implicados en las violaciones de los Derechos Humanos, que hasta el día de hoy ha impedido que se aclaren cientos de casos de desaparecidos y crímenes.

Desgraciadamente, con el término de la dictadura y el comienzo de los régimenes de la Concertación, éstos últimos impusieron una forma de justicia “en la medida de lo posible”, en contraposición a la Justicia Plena, en el caso de las violaciones de los Derechos Humanos con la aceptación del Poder Judicial en su mayoría. La gestión de los régimenes de la Concertación, en materias de violación de los Derechos Humanos, se dificultó en vez de hacer efectiva las responsabilidades criminales de los culpables de tantos crímenes de lesa humanidad. Más grave aún, en vez de derogar todos los decretos leyes de la dictadura de marras, antes citados, y en especial de la autoamnistía, se han mantenido hasta el día de hoy y, con esto, se ha dificultado enormemente el actuar de muchos jueces y magistrados que han pretendido aplicar la ley y los acuerdos internacionales ratificados por Naciones Unidas y por los gobiernos democráticos en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado, que son, en el marco del Derecho internacional, inamnistiables e imprescriptibles, pero como si todo esto fuera poco, el Poder judicial la Corte Suprema en especial, aprobó un eufemismo, una aberración jurídica que llamaron “media prescripción”.

El primer régimen de la Concertación, creó por Decreto Supremo 355 de 1990 del Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el doble propósito de investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos, cometidas a partir del 11 de septiembre de 1973 y recomendar medidas para reparar los daños ocasionados a las víctimas. Dos décadas después, hay que concluir que la Comisión, si bien es cierto, tubo algunos aspectos positivos en su trabajo, en su mayoría no cumplió con lo esperado de ella por la ciudadanía. Entregado el informe por parte de la Comisión, ésta quedó automáticamente disuelta y eso sería todo.

Acentúo que es sumamente grave que aún existan cientos de casos de crímenes por violaciones a los Derechos Humanos y especialmente miles de desapariciones sin aclarar, a casi cuatro décadas del infausto golpe de Estado, lo más grave es que no se dé la más mínima posibilidad de una reconciliación, porque no se ha cumplido con una condición sine quanon, que haya verdad, justicia y reparación digna para las víctimas del terrorismo de Estado.

En el Chile de hoy, el cuestionado régimen cesarista, ha profundizado las violaciones de los Derechos Humanos en los ámbitos más sensibles de la sociedad, que la componen los marginados: el Pueblo Mapuche, el movimiento social de estudiantes y trabajadores que exigen una “Educación Pública, Gratuita y de Calidad”, los movimientos sociales ciudadanos, como el de “Aysén”, que exigen respeto por su Dignidad, calidad de vida y reconocimiento de su condición de ciudadanos. A esto hay que sumar la destrucción del entorno ecológico, los bosques nativos y los recursos marítimos, que sólo buscan hacer más ricos a la oligarquía empresarial y aumentar los cesantes y marginados del país.

Preciso que el objeto del presente ensayo es definir qué se entiende por Derechos Humanos, describir y precisar que, para el suscrito, el objetivo principal apunta, evidentemente, a algo mayor: generar una convicción cierta e informada sobre la relevancia imperativa de los Derechos del Ser Humano, a fin de que el laberíntico camino, en la lucha por el reconocimiento y protección de los atributos que hacen único al Ser Humano, sea cada vez más accesible al conocimiento de otros atributos, hasta encontrar su verdadera identidad.

Que la esperanza del Ser Humano no sirva sólo de consuelo, sino que sea descubierta, a su propia manera, por cada persona, es el sentimiento central de éste ensayo. Sólo en esa dirección podremos estar seguros de que nunca más en Chile, ni en ningún país de la Patria Continente, Latinoamérica, se repetirán hechos tan trágicos que nos han hecho famosos en todo el mundo: la violación de los Derechos Humanos.

Con esperanza y memoria,

Prof. Moreno Peralta

Secretario Ejecutivo ADDHEE/ONG

Niños a la Cárcel...

NIÑOS A LA CARCEL, DELINCUENTES A LA CALLE:

EL COMBATE DEL ORACULO MERCURIAL CONTRA LA  DELINCUENCIA

“Nosotros cometemos muchas equivocaciones

y muchas faltas, pero nuestra peor falta es

el descuido de los niños, nuestra fuente de vida.

Mucho de lo que necesitamos puede esperar.

El niño, sin embargo, no puede esperar.

En cada momento se están formando sus huesos,

se está formando su sangre, se están desarrollando

sus sentidos. A él no le podemos nosotros contesta mañana.

Su nombre es hoy”.

Maestra Gabriela Mistral

Premio Nobel de Literatura 1945.

Premio Nacional de Literatura 1951

           

Improperios, y denuestos se han escuchado en contra del suscrito por parte de la clase política de vía estrecha y de los medios mediáticos mercuriales de incomunicación, por su rechazo a la ley que rebaja la responsabilidad punible de los menores de edad. El tiempo le ha dado la razón: la delincuencia infantil y juvenil ha aumentado a un nivel muy peligroso. Ni hablar de la delincuencia en general. Evidentemente, para cualquier persona consciente, honesta, la delincuencia es un fenómeno social que no se combate llenando el país de cárceles y las calles de policías, sino  luchando contra la miseria, la pobreza, la cesantía y entregando una educación pública, de calidad y gratuita para todos. En resumen, luchando contra las odiosas marginaciones sociales  en un Chile con “un derroche de espíritu en un erial de vergüenza”. Frente a esta patética realidad y el crecimiento de los movimientos sociales, la oligarquía empresarial/Sofofa y su testaferra clase política de vía angosta machacan a través del oráculo mercurial y sus  adláteres: “los extremistas radicales, los indios araucanos quieren destruir nuestro hermoso y querido país que tanto nos ha costado construir.  El gobierno no reacciona, es necesario mano dura y sacar a los militares a la calle para eso les pagamos, para velar por nuestra seguridad y cuidar de nuestra propiedad privada”. No sean desvergonzados, inmorales, el costo del Chile de los ganadores del 11/9/1973 le ha costado al Pueblo Chileno  miles de muertos, desaparecidos y torturados. Al país lo han parcelado y enajenado y entregado a la voracidad de la oligarquía empresarial SOFOFA, testaferra de  las empresas multinacionales del capitalismo globalizado.

            En una sociedad que tiene como base la mentira generalizada, como es el proyecto político/ económico,  heredado de la dictadura de marras, que ha administrado el régimen de la concertación por ejemplo: se habla de una nueva constitución, después de  parchar, recauchar la de Pinochet de 1980. El poder judicial- con una justicia en la medida de lo posible, con una aberración jurídica, la media prescripción para  disminuir las penas a los condenados por régimen de lesa humanidad-, donde se sigue aplicando el decreto ley de autoamnistía de la dictadura de marras que garantiza la impunidad y el punto final para los  crímenes de los agentes  del terrorismo de Estado, se acusa sin pruebas, con testigos sin rostros, a los mapuches que luchan por su tierra su libertad y sus costumbres.

            Intelectuales de la talla del Prof. Dr. Noam Chomsky, del Prof. Juan Guzmán Tapia, ex magistrado de la Corte de apelaciones de Santiago, y el premio Nobel de Literatura José Saramago, pidieron al régimen de turno de la Concertación que mire a los mapuches, especialmente a sus hijos. Pero nadie de la clase política escucha  a la opinión pública nacional e internacional. En el marco de la patética realidad antes descrita ¿con cuál referente del Estado de Derecho se podría intercambiar opiniones científicas/jurídicas/ sociales, sobre la inimputabilidad del menor?

            No se entiende que el Derecho tiene carácter retributivo, la retribución implica una sanción, a la cual presupone la imputabilidad del sujeto, el menor no es imputable en los países civilizados, luego, a éste no se le puede aplicar sanción, y como las normas que tratan de él no tienen carácter retributivo, el menor queda excluido del ámbito del Derecho.

            La alternativa, frente a esta doctrina, no está en aplicar hormonalmente a los menores sin más, las categorías del clásico Derecho Penal, sino en romper la conexión Derecho – retribución penal – imputabilidad, y sustituirla por la más sencilla de Justicia y consecuencia jurídica, de donde resultará la posibilidad de un Derecho al menor que no será “Penal”, pero será auténtico Derecho, porque realizará la idea de justicia, que es dar a cada cual lo suyo, y entre lo suyo, figura el Derecho del Menor, a ser corregido, reeducado, y readaptado, para formar su propia personalidad en cuanto incurre o se encuentre en una “situación irregular”, que es violación  de la ley que rige el orden concreto en que vive.

            El Derecho es una forma de vida social, no me refiero a la obvia afirmación de que el Derecho regula la vida de la persona en sociedad, sino que hago referencia a un sentido estricto de ésta, como aquella forma específica de la relación interhumana, que se define principalmente por la generiedad y la impersonalización. La vida social, es vida de la persona – pues otra no hay -, pero en dimensión de impersonalidad. La impersonalidad refleja y a la vez, condiciona el proceso de la socialización. Las normas del Derecho, son impersonales, impersonalizan y presuponen la impersonalización, socializan, y presuponen, a la persona ya socializada – que puede ser ciertamente antisocial -, pero que incluso, cuando lo es, tiene sus formas de socialización, pues si careciere totalmente de ella, estaríamos en presencia de un ser tan anómalo que difícilmente tendría sentido aplicarle normas jurídicas y medirle con el criterio de éstas. El Derecho, se ha dicho muchas veces, no existe en el plano de la vida personal, aunque ésta es también vida de relación y de formas de vida comunitaria, como por ejemplo, la relación amorosa. Pero en rigor, el amor no puede ser objeto de normas jurídicas, ni permisivas, no prescriptivas, ni prohibitivas, porque carecen de sentido jurídico.

            Resumiendo, Derecho es toda vida humana que puede ser medida en término de Justicia Plena, más aún esta justicia implica, por de pronto, la generalidad, la igualdad de trato, y para eso, hay que impersonalizar y comenzar por reconocer formalmente el igual valor de toda persona en su Dignidad  en cuanto persona. Pero la Justicia implica también, proporción ante todo dentro de cada caso, y para eso, hay que ver lo que éste tiene de singular, o sea, hay que personalizar. El Derecho del menor es Derecho, porque se puede realizar: individualizando, personalizando, porque de lo primero que se trata es de fomentar, de hacer posible la personalidad humana de quien aún no llegó a la adultez, y hacerla posible precisamente en su dimensión social. El Derecho del Menor, por eso, es algo de contenido más amplio y de largo alcance.

            El Derecho penal, para el adulto, científicamente, - el Derecho es Ciencia -, psicológicamente y moralmente, no se le puede aplicar a un menor cuya personalidad se está todavía formando, y por no haber alcanzado aún el supuesto legal de la mayoría de edad, son “menores”, más no por eso, quedan fuera del Derecho cuando realizan actos que poseen una antijuridicidad específica, los cuales tienen su consecuencia jurídica de castigo y corrección, si bien se trata de un Derecho que no es el Derecho penal común, y cuyo castigo no debe ser confundido con la “mano dura”: represión, desaparición y tortura. El “bando militar” que rebaja la responsabilidad punible a los menores, permitirá al régimen de turno, construir cárceles a lo largo del país, que en corto tiempo se abarrotarán de niños marginados y excluidos. Porque el problema de la delincuencia de niños y jóvenes, como problema social se soluciona dándole trabajo a los padres cesantes y educación pública de calidad y gratuita para los hijos. Ha hecho falta, como en muchas otras cosas, abordar este problema responsablemente, con criterio por parte del Estado de Derecho.

            El conocimiento científico del Derecho se desarrolla en función de la persona, y para la persona, mediante la utilización de un lenguaje claro y específico. Necesario es, así mismo, según un método sistemático para exponer los conceptos, que habrá de servir de fundamento, especialmente cuando el objetivo que se quiere alcanzar tiene que ver con el futuro de ésta: el niño. La autoridad del Poder Ejecutivo y el legislador, responsablemente no pueden permitir que los medios mediáticos mercuriales de incomunicación manipulen su trabajo y los conduzcan por ignorancia, por cobardía u oportunismo, por senderos tenebrosos que lo lleven a dictar desaguisados jurídicos como el que nos preocupa respecto a la responsabilidad punible de los menores de edad, que no resuelven en nada la esquizofrenia social reinante en el país, sino que la profundizan. Con estas aberraciones jurídicas, lo único que conseguirá la clase política será incrementar la delincuencia infantil y juvenil. El tiempo así lo ha demostrado.

            Al eludir el carácter retributivo de la sanción, - con la nueva ley eufemística e hipócritamente llamada de responsabilidad juvenil-, un menor de catorce años que es un niño, y por lo tanto inimputable en cualquier país civilizado, se desconoció aquella idea fundamental, la inimputabilidad,  para dejar contentos al Mercurio y su Fundación Paz Ciudadana. La paz ciudadana del mercurio es la paz de los cementerios…

            Modestísimo es el ingenio de justicia y la imaginación de los representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, que dieron vida al engendro antijurídico antes citado. Nulo es el amor que mueve las voluntades de estos señores en un supuesto afán de entrega y de servicio al Pueblo que los eligió al concretar este desacierto que sataniza más aun al niño y al joven marginado y excluido en vez de preocuparse de formular una legislación de menores de acuerdo con la época. Incoherente e inmoral, a no dudar, ha sido el modo como el concepto de delito se trasplanta de la ley penal a la norma de responsabilidad punible – catorce años -, contradictorio es el significado de la medida que en sustitución de la pena se aplica, precisamente, para eludir la sustantividad de los conceptos de corrección y de castigo, así como su real significado jurídico.

            La protección global de los niños y de los adolescentes, marginados y excluidos, cuya situación irregular tiene su causa principal en las contradicciones socioeconómicas de los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba, son sólo superables con una profunda transformación de sus estructuras mismas, y el avance progresista de sus legisladores, de cuya solución requiere paralelamente el cambio como las que puso en marcha el gobierno popular del presidente Dr. Salvador Allende Gossens: “en Chile hay sólo un privilegiado: el niño”, con su política integral sobre el menor en situación irregular.

              Sobre la aberración jurídica antes señalada y reiteradamente denunciada, me recuerda las palabras de un educador ejemplar y médico, el Prof. Dr. Luis Bisquertt Sussarte: “ No se debe atropellar el desarrollo de la persona  en formación  ni menos subyugarle bajo la maldición de la serie “eterna” de justicia petrificada, no la someta bajo el dogal de los símbolos del predominio opresivo de las llamadas “leyes de reintegración”, sino que se debe procurar obtener cariñosamente del niño y de toda esa confusión determinada por los ruidos de la vida,  el sonido claro de sus mejores posibilidades. Piense que usted también fue niño, no lo margine, no lo excluya, no lo ignore, porque él se llama futuro”…

            Como colofón, reitero una vez más, que la función que debe cumplir el Derecho de menores, su auténtica función, es la de amparar y desarrollar la personalidad evolutiva del menor hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que el Derecho del menor debe ser concebido e interpretado como el más perfecto instrumento de que dispone la sociedad civilizada para resolver el problema y dar con esto a cada menor lo que le corresponde, dentro de un orden previamente conocido – que contribuye a disipar tensiones, aportando los medios para resolver inteligente, diligente, y pacíficamente los conflictos de intereses que se producen entre los presupuestos que exigen la defensa social y la protección de los menores-, haciendo que el Derecho sea, realmente el cauce de la expresión misma de la vida social, para que en él y a través de él encuentren sus destinatarios, esa justicia social que suscita a su paso el cortejo de las más excelsas virtudes  que por íntima solidaridad necesariamente la acompañan.

            Acentúo, una vez más, ¿Quién le devolverá al Pueblo Chileno su Dignidad, su educación y cultura y su creencia y respeto por los valores del espíritu? Parafraseando al inolvidable Presidente de México, Benito Juárez, afirmo que  el triunfo del proyecto económico y político de la oligarquía empresarial SOFOFA,  en el marco del capitalismo salvaje globalizado/ globalización del capital, es moralmente imposible. La esperanza es algo bueno y no muere jamás…

Todo está dicho, pero como nadie hace caso, hay que volverlo a repetir, todo sea por nuestro futuro: el niño.

Prof.  Moreno Peralta

Secretario Ejecutivo ADDHEE/ONG

El periodismo

                                               El Periodismo

Con esperanza y memoria

que más temprano que tarde

el diario El Clarín del Pueblo chileno

pueda estar de nuevo en manos

de la clase trabajadora, la mujer y los jóvenes

que no quieren ver a su Patria transformada en una factoría

del imperialismo yankee globalizado

            Ante la complejidad de los problemas políticos y económicos a resolver, en el largo tiempo de una mal llamada “crisis económica” en la que los politicastros se echan unos a otros la culpa. Estos individuos de vía estrecha no están, ni han estado, a la altura de sus obligaciones.

            El Chile de hoy, de la oligarquía empresarial/ SOFOFA y de su testaferra clase política, parafraseando a un ser humano inteligente, sufre dos desgracias “arriba las tinieblas del poder y abajo el poder de las tinieblas”. En el marco de esta patética realidad le hace falta al Pueblo chileno su diario El Clarín  para luchar por su Dignidad, su soberanía y su cultura.

            Con la globalización de los medios mediáticos de incomunicación, impuesta por los dueños de la celestina universal, el dinero, el andar de la Humanidad es un equilibrio inestable sobre el filo mismo de la navaja, sin que haya una prensa libre que le ayude a entender a los Pueblos que mientras éstos no sean verdaderamente libres y cultos no puede afirmarse que vivan una verdadera democracia. Es inmoral, afirmar que se vive en libertad y en democracia con una Constitución y un sistema binominal de elecciones impuestos por la dictadura de marras.

            La condición sine quanon para que un Pueblo viva en libertad y democracia es la igualdad. Un genio griego afirmó, “si la igualdad se aplica a los que están en desigual situación, lo único que se logra es profundizar la desigualdad”, como ocurre hoy en Chile. ¿Por qué a diario se habla de la igualdad de los ciudadanos y la realidad orweliana nos muestra sectores marginados –los mapuches, los ayseninos, los trabajadores cesantes, etc.-, ajenos a esta igualdad?

            En el Chile de hoy, del 1% de los satisfechos y cibaritas oligarcas empresariales, exitistas y autocomplacientes, las opiniones al alcance del Pueblo están controladas por el oráculo mercurial de Agustín Dunny  Edwards E., ideólogo de la dictadura de marras, de los régimenes de la Concertación y del cesarista actual, hasta la uniformidad. Quien no cuenta con el visto bueno del sumo sacerdote Edwards,  no sale en la foto y no tiene ninguna posibilidad de conseguir avisos publicitarios. ¡Es lo que hay!. Cuando la verdad se deforma a estos maquiavélicos extremos, casi todo está perdido, porque quienes infringen la norma mercurial corren riesgo, en su libertad personal y se exponen a todas las formas de persecución de las que Agustín Dunny Edwards es un especialista. Además, la Dignidad humana y profesional brilla por su flagrante ausencia y, de hecho, la vida democrática está negada. Acentúo, que sin prensa libre, no puede afirmarse rotundamente que exista la democracia. Más aún con un sistema binominal de elecciones que asegura que siempre ganarán los politicastros testaferros de vía estrecha de la oligarquía empresarial/SOFOFA.

            Pero, cuidado, cuando yo hablo de libertad de prensa, esto nada tiene que ver con la de los buitres de la SIP (Sociedad internacional de la prensa), financiada por el imperialismo yankee a través de la CIA.

            La libertad de prensa dice relación con un problema de límites y no a lo que podría darse: “allá lejos y hace tiempo”, sino en el ahora y en el aquí, en la Patria continente, Latinoamérica en general y en Chile en particular, para tratar de mejorar las cosas y ser útil aportando nuestra sinceridad y honestidad a la solución de los problemas que afligen a la gente.

            Cualquier ciudadano digno, honesto, tiene derecho para hablar y escribir dando su opinión y para que se le escuche con respeto y buena voluntad, como ocurría en nuestro Clarín, en aquellos años hermosos en que pretendíamos construir un Chile para todos sin las actuales odiosas marginaciones.

            Con la globalización del capital los medios mediáticos de incomunicación pasaron a ser parte de empresas privadas comerciales que engañan, manipulan y enajenan al ciudadano escamoteándole su pensamiento…

            El periodista, en el otro Chile, el que yo conocí, se caracterizaba por el respeto al ciudadano cuando opinaba de los problemas que preocupaban a la comunidad, orientaba al público lector sobre los problemas para que la ciudadanía no se equivocara en su juicio. Es evidente que el periodista como ser humano puede equivocarse, pero ello no le exime del deber de la honestidad y la sinceridad en su trabajo informativo. Preciso, que existe el derecho de informar y el deber de opinar. Inalienable derecho, inclaudicable deber, desconocidos en la arcadia chilena de la alegría, sin pasado ni memoria.

            La primera obligación periodística es informar de todo, sin excepción, e informar la verdad sin comentarios manipuladores, por respeto a la veracidad que se debe a los lectores. Reconozco que existe un margen en las distintas apreciaciones personales, por honestas que sean. Esto pareciera un razonamiento de perogrullo, pero la orweliana globalización de los medios mediáticos de incomunicación del capitalismo salvaje nos imponen una conspiración del silencio sistemática, ocultando con malicia noticias que son de interés político. Especialista en esta materia, por décadas, ha sido el dueño del diario El Mercurio, Agustín Dunny Edwards E. ¿Y la libertad de prensa? Terminemos con los eufemismos de la SIP, del Mercurio y de sus atlateres. La libertad de prensa es una conquista democrática y su beneficiario debe ser el Pueblo, determinado en este caso, por el público lector…

            La prensa libre y el periodismo democrático, moral y responsablemente deben abrir espacio a los más encontrados puntos de vista, en busca del debate esclarecedor.

            Los tartufos de los medios mediáticos mercuriales de incomunicación globalizados machacan diariamente con la pluralidad, la libertad de opinión, la tolerancia, el respeto, etc., pero imponen una censura previa a cualquier comentario que afecte al maldito sistema capitalista globalizado. Todo esto enmarcado/uniformado en un estilo objetivista, banal, neutral, rastrero, reverente, de complacencia narcisista, con una doble moral enajenante que los miserables esgrimen y los cobardes temen.

            Hay otra censura más sibilina, de ciertos medios de comunicación supuestamente progresista, para quiénes está primero no molestar a la prensa reaccionaria, a la Iglesia católica, ni al imperialismo yankee, usando un lenguaje oral y escrito pragmático contemporizador y oportunista.

            La línea periodística mercurial de los medios mediáticos de incomunicación globalizados, en el marco de un relativismo y determinismo orweliano, es supuestamente neutral, apolítica, objetiva, etc., que ni ellos se la creen. Aquí reina el tartufismo, mezcla de hipocresía, infamia, donde el fin justifica los medios, se adula al poderoso y se engaña a los humildes. Una persona consciente respetuosa de sí misma, por higiene mental no debe leer el diario El Mercurio.

            El comunicador social, el periodista con vocación consecuente, debe rechazar cualquier forma de censura, sin miedo, por las consecuencias de sus opiniones, respetando el prestigio legítimo del ciudadano honesto e informar con exactitud y con verdad, no omitir nada de lo que el público tenga derecho a conocer, con la fuerza del pensamiento crítico, cuidando de que en las informaciones no se deslice alguna intención religiosa, porque esto último pertenece al ambiente personal privado de cada persona. Nadie debe escribir como periodista, sin tapujos ni dobleces, lo que no pueda decir como persona culta, educada y bien nacida.

            Como colofón, acentúo que el comunicador social, el periodista y su trabajo creador, son la misma cosa. En este concepto múltiple se debe por entero a la responsabilidad por cambiar de raíz el orweliano sistema capitalista globalizado/globalización del capital irracional, inhumano e insolidario que nos agobia y mutila.

            Los periodistas mercuriales inconscientes, pragmáticos contemporizadores, al servicio de la oligarquía empresarial/SOFOFA, se les paga por enajenar a las gentes. El comunicador social, el periodista con vocación no es testigo, sino protagonista de la historia. Su conducta de vida la marca su capacidad de distinguir entre el bien y el mal, que le dicta las normas éticas de su diario vivir. Desgraciadamente pseudos periodistas optan por la conveniencia material y la comodidad que le ofrece el perverso sistema capitalista consumista y toman el camino fácil, sin tener la capacidad de entender o lisa y llanamente por cobardía y oportunismo, que las sendas difíciles que muchas veces tiene que caminar son las que se entienden por cumplimiento del deber.

            En las generaciones sin ideales se advierte una sorda confabulación de mediocridades contra el mérito. Todos los individuos incapaces de mejorar su propio destino permiten, por cobardía u oportunismo, que otros se lo destruyan, sobreviven escapando, sus impotencias inseguridades constituyen su vidorria burocrática con una doble moral rastrera, agresiva e inquisidora que los ricos imponen y los cobardes temen: el mérito está en ser y no en parecer…

            Termino estas reflexiones sobre el periodismo con el maestro libertador de la Patria continente, Latinoamérica, José Martí Pérez “un periódico sin generosidad es un azote. Un periódico generoso, es una columna. Pena da, a veces, como cortejan ciertos periódicos a la muchedumbre: le halagan sus gustos, les sacrifican la propia cultura, se fingen por complacer, vulgares y brutales, se echan encima por la esperanza de la propina, el arreo servil y la sonrisa dolorosa del lacayo. No debe haber pluma sino para los periodistas que la usen con honor”.

            El proyecto orweliano impuesto al Pueblo chileno, a partir del infausto 11/09/1973, el manejo de la cosa pública por casi cuatro décadas ha depauperado moral y físicamente, tanto a la Patria de Lautaro, del General Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, de Pablo Neruda, del Presidente Allende Gossens, etc. que dolorida gime bajo el peso insoportable de su desdicha, sin que ningún hijo acuda a su ayuda. Evidentemente esta orweliana realidad no existe para los mercachifles empresarios sofofos, sin decoro, vendepatria, que no quieren escuchar el llamado de la Patria enferma.

Prof. Moreno Peralta

Secretario Ejecutivo ADDHEE/ONG



El Juez Garzón y la Justicia de la España profunda monárquica – franquista

El Juez Garzón y la Justicia de la España profunda monárquica – franquista

            Ante la crisis económica y de la moral social de la España capitalista católica, franquista globalizada, profundamente traumatizada con más de cinco millones de cesantes, sumida en una esquizofrenia social que tiene como colofón la crisis del Estado de Derecho, es decir, la incapacidad de la Justicia y del Derecho de entregar justicia para todos: ¿Cuál es el papel del Juez, del Magistrado? ¿Deben permanecer silenciosos? ¿Deben conformarse a la letra de los decretos leyes caducos heredados de la dictadura fascista franquista y los posteriores impuestos por la oligarquía empresarial fascista y su testaferra clase política de vía angosta?

            Los jueces y magistrados de la Justicia española, en la medida de lo posible, se dicen neutrales, apolíticos, pero están destinados a asegurar la coherencia y la globalización de la ideología capitalista perversa dominante, en pugna con las grandes declaraciones en defensa de la Dignidad y los Derechos del Ser Humano que exigen poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes de lesa humanidad, porque estos constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la Humanidad.

            El Derecho es una creación humana científica, derivada de las necesidades sociales, un pacto de utilidad, tendiente a que no nos lesionemos recíprocamente. La Justicia no significa algo que tenga valor en sí, es el fin de todas las discriminaciones contra la persona, es decir, igualdad de derecho ante la ley, en síntesis, derecho a ser iguales en Dignidad.

            En un verdadero Estado de Derecho la autoridad competente debe ser respuesta oportuna a las demandas de la sociedad y de las organizaciones civiles, por establecer equilibrio y un sólido contrapeso a la arbitrariedad, la injusticia, la corrupción y la impunidad, porque es necesario erradicar los excesos del ejercicio del poder público en contra de los gobernados, porque sabemos que la Dignidad de la persona  y del Ser Humano radica en su destino y nadie puede legítimamente impedir a ellos la realización de su fin. La mujer y el hombre sólo pueden realizar su destino dentro de la comunidad social y ésta no tiene otro fin que servir a ambos: el fin de la comunidad  es el de una obra común.

            En el marco de estas reflexiones, me pregunto ¿Con qué derecho, en la España profunda, monárquica franquista, gracias a dios y al caudillo Francisco Franco, se procesa y condena al magistrado Baltazar Garzón Real? ¿No está siendo el magistrado Garzón Real el chivo expiatorio para la oligarquía empresarial y su clase política de vía estrecha, ante la mal llamada crisis económica que son incapaces de resolver? ¿A qué ciudadano consciente le puede quedar duda que los procesos judiciales contra el Dr. Garzón Real no son otra cosa que un enjuiciamiento político de los defensores a ultranza de la España profunda monárquica franquista por pretender hacer éste Justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad  de la dictadura fascista franquista?

            En los mismos instantes en que se condena al juez Garzón Real, se declara inocente al Presidente de la Comunidad Valenciana, acusado de corrupción.

            La garantía de la igualdad ante la ley y del juicio justo que se le negó al juez Garzón, sí la Justicia se los otorgará al yerno del Rey, acusado de corrupción y mal uso de los dineros públicos.

            Del magistrado Garzón Real aprendimos que la Justicia plena es el equilibrio entre la moral y el Derecho. Tiene un valor superior al de la ley. Lo justo es siempre moral, las leyes pueden ser injustas. La Justicia no es inmanente ni absoluta, está en devenir incesante, en función de la moralidad social. Los intereses creados obstruyen la justicia. Todo privilegio injusto implica una inmoral subversión de los valores sociales. En las sociedades carcomidas por la injusticia, las drogas, el consumo, y el fatalismo religioso, como lo es en la España profunda monárquica franquista, la mayoría de los ciudadanos pierden el sentimiento del deber y se apartan de la virtud, caen en la resignación fatalista, se entregan al vicio: España es el primer país consumidos de droga en la Comunidad Europea y paso obligado del narcotráfico a Europa y Estados Unidos.

            La dictadura franquista fascista no necesitó prescindir del ordenamiento legal, emanado del liberalismo, incluso de la ley de enjuiciamiento criminal del pasado siglo y el Código penal, cuya versión de 1944, sigue las líneas del de 1870. Tampoco ejerció una influencia directa sobre los jueces en la función de juzgar delito en lo criminal y en lo civil. ¿Por qué será?

            La administración de Justicia, en la España exitista y autocomplaciente, en la medida de lo posible, aparece como una liturgia de la que el ciudadano, en el mejor de los casos, es el destinatario pasivo y atemorizado. Los jueces y magistrados son emisario de un orden invisible, pero omnipresente. Árbitros de un orden injusto, inhumano e irracional, pero católico. Aislados de la comunidad, silenciosos, se creen más neutrales y apolíticos –aunque la mayoría vota por la derecha franquista cavernaria que eufemísticamente se conoce como Partido Popular-, mientras más apartados del Pueblo se encuentren. Dicen no recibir órdenes de nadie, aunque las más de las veces se anticipan a ellas. Sobreviven encerrados en una abstracción: El Derecho, se oponen a cualquier cambio, especialmente, todo lo que huela a Justicia Plena y democrática. El Dr. Garzón Real, desde dentro empezó a derribar algunas puertas del gueto franquista, esto permitió que entrara un poco de aire fresco al Poder Judicial, pero no lo suficiente. Por esto, tuvo que pagar un precio muy alto. Todo esto sucede en los momentos en que, como nunca, en los últimos tiempos, la libertad del ciudadano español está muy amenazada.  Sin trabajo, sin presente ni futuro, no puede protestar en las calles porque es considerado radical terrorista, y es violentamente reprimido por el aparto represor del Estado monárquico franquista. El Derecho laboral, que es feudatario del principio de la libertad contractual y presume la igualdad de las partes es una ilusión. La economía española, controlada mayoritariamente por la oligarquía empresarial devora la plusvalía originada por el común esfuerzo de los trabajadores. Campea la especulación financiera e inmobiliaria. Reina la impunidad y la corrupción. Los grandes escándalos financieros, a lo que no escapan la familia del monarca franquista, Juan Carlos, el Borbón, y  la Iglesia Católica española. Los abusos en sectores prioritarios para la calidad de vida del Pueblo español  como el de la industria farmacéutica o la seguridad social, representan junto a lo anterior, una agresión permanente contra la libertad, la seguridad, el derecho a mejores condiciones de vida y bienestar de los ciudadanos. La asepsia política no es posible en el silogismo que toda sentencia comporta, sobre todo cuando se trata de asumir el rol por el que la función judicial, sustancialmente, se ennoblece, que es el de proteger al ciudadano frente a los abusos del poder.

            Sin el marco de estas reflexiones no se puede ver objetivamente el juicio político por el que fue procesado y condenado el Magistrado Garzón Real.

            En el contexto de mis reflexiones yo no acepto que se me contradiga por mi estilo, tergiversando mis juicios, exponiéndome a discusiones bizantinas, con opinólogos burócratas, pragmáticos contemporizadores, crítico de la crítica, defensores del status quo y de la Justicia en la medida de lo posible. Yo siempre he luchado y luchare en pro de la Justicia Plena,  porque un ataque a ella constituye un atropello a la Dignidad de la persona. Cada ciudadano que no levante su voz contra la injusticia, contra la vulneración y conculcación del Derecho, sella la sentencia a muerte de su país. El Derecho –es una ciencia- necesita, para poder existir, la resistencia vigorosa, el coraje civil contra la injusticia. La huida, el escape a esta lucha, es una cobardía. La lucha contra la injusticia que ejemplarmente ha llevado a cabo el Magistrado Garzón Real es una obligación consigo mismo de auto conservación moral para cualquier jurista que se precie de tal. Los cobardes se escudan en la toga para seguir profitando de su status quo y condenar a cualquier ciudadano que ponga en peligro sus granjerías. Esto ocurrió con el Juez Garzón Real. El precio para los que condenaron al Dr. Garzón Real fue la pérdida del honor de esos jueces, por el cobarde abandono del Derecho. Al magistrado Garzón Real la historia le absolverá –no confundirla con la historia oficial- como ha ocurrido con los Seres Humanos que han luchado por la Justicia Plena, la Dignidad y los Derechos del Ser Humano.

            El juez justo, honesto, rehúye la complicidad con la injusticia y la impunidad. Niega homenaje a los falsos valores –tan promovidos por los medios mediáticos de incomunicación globalizados-, que ponen sus raíces en la improbidad de los dueños de la celestina universal, los ricos. Lo desprecia en los demás y se avergüenza de usufructuarlos. Todo privilegio inmerecido le parece una inmoralidad.

            Mientras se extiende la solidaridad, especialmente de los jóvenes con el Dr. Garzón Real, la oligarquía empresarial fascista española, su testaferra clase política de vía estrecha y sus medios mediáticos de incomunicación globalizados, seguirán atacando al Magistrado, sembrando odios, sin darse cuenta que toda agresividad que hiere a la persona, al Ser Humano, es una empresa malsana, eternamente fomentada por mercachifles de la palabra y de la pluma, al Servicio rastrero de los dueños de la celestina universal, el dinero. Todos mienten, pretenden que su país es el mejor del mundo, engañando a los ingenuos, con sofismas de que ellos se burlan. Corrompen la opinión pública y fomentan el fundamentalismo católico, amparándose luego en ellas para encubrir sus venales conveniencias.

            El Dr. Garzón Real no se considera un derrotado, por el contrario le envía un mensaje a sus victimarios: “me dedicaré a la educación de los jóvenes”. Correcta decisión, porque la juventud no tiene complicidad con el pasado, ignora la esclavitud de la rutina y no soporta el fanatismo fundamentalista católico. Sólo sus ojos pueden mirar hacia el amanecer, sin odios.

            Fiel a nuestra lucha, por la defensa de la Dignidad, los Derechos del Ser Humano y su entorno ecológico, no seremos jamás espectadores mudos en el teatro de atropellos diarios a que éstos, los regimenes capitalistas reaccionarios globalizados, tienen sometida a la Humanidad. Nuestra denuncia y acción será la garantía de los sin voz ni Justicia, de los que creen que hay un mañana mejor. Frente a la injusticia cometida reiteradamente en contra del Magistrado Garzón Real, por parte de la Justicia de clase española, le reiteramos nuestra admiración y solidaridad.

Con esperanza y memoria,

Prof. Dr. Hugo Moreno Peralta

Secretario Ejecutivo ADDHEE-ONG

Magistrado Garzón Distinción Mejor Juez de Latinoamérica 1999/2000

Valparaíso, 16 de agosto de 2000

Sr. Magistrado

Dr. Baltazar Garzón Real

Audiencia Nacional

Juzgado Central de Instrucción

Madrid, España:

Ref: Distinción, mejor juez de Latinoamérica 1999-2000

Estimado y distinguido Magistrado Dr. Garzón:

Con fecha 26 de junio de 2000, la Asociación Americana de Juristas, Rama Valparaíso/ Aconcagua, organización no gubernamental, con estatus consultivo ante Naciones Unidas, decidió, por unanimidad de sus asociados, distinguirle a usted como el juez más destacado de Latinoamérica, durante el período 1999/2000, por su defensa de la Dignidad y los Derechos del Ser Humano en Latinoamérica y el mundo.

Nosotros somos conscientes que nuestra soberana decisión al rubro señalada, ha sido y es aplaudida y apoyada por los Pueblos latinoamericanos, que por décadas han sobrevivido humillados, explotados, sin voz, voto, ni justicia.

Admirado Dr. Garzón, nosotros sostenemos y luchamos, (luchar es vivir, afirmó el Dr. Goethe), por esto que la realización de la sociedad exige una Justicia que signifique el fin de toda discriminación contra la persona y el Ser humano, es decir, igualdad de derechos y oportunidades, en síntesis, el derecho a ser iguales en Dignidad.  Para lograr esta meta, hay que terminar con las frustraciones y las odiosas marginaciones. Pero, las reglas del orden económico globalizados imperantes –agotado-, y de su insolidario mercado, no lo permiten. Día a día, los ricos son más ricos y los pobres más pobres, por obra y gracia de la sacrosanta privatización, entre otros males.

Aumenta la cesantía, la miseria, la pobreza, etc., que trae como consecuencia el aumento de la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, especialmente juvenil e infantil, etc. Mientras que el Estado débil y carente de recursos económicos es incapaz de ordenar y regular el funcionamiento social y económico de la sociedad. Casi todo, está privatizado, por esto, no hay recursos para financiar la función social del Estado. Esta última se enmarca en la consecución de la igualdad, de la equidad, y de la justa distribución de la riqueza que producen los trabajadores en el país.

En el marco de la realidad social y económica antes señalada, y después de casi tres décadas de dictadura militar fascista, en nuestro continente, cuando la mayoría de los jueces y magistrados de Latinoamérica, por cobardía u oportunismo, conculcaban los derechos del Ser Humano, usted Dr. Garzón, aplicaba la extraterritorialidad de la ley y consideraba la desaparición forzada como un delito permanente e imprescriptible en los delitos contra la Humanidad y luchaba por la creación de la Corte Penal Internacional con jurisdicción internacional.

Como usted, admirado colega Dr. Garzón, une a sus virtudes de juez sabio y probo las condiciones de un excelente Ser Humano, le hemos distinguido como el juez más destacado al rubro señalado, y le hemos encomendado a nuestra colega la Dra. Ma. Cecilia Chinchón Canales le haga entrega personalmente de nuestra distinción, pues ella estará en Madrid los días 14 y 15 de septiembre del presente año.

Sin otro particular, con la más alta y distinguida consideración, nos reiteramos de Usted, affmos. y S.S.

Prof. Dr. Hugo Moreno-Peralta

Secretario Ejecutivo

Asociación Americana de Juristas

Rama Valparaíso/ Aconcagua

Chile.

Entrevista Dr. Luis Ravanal Zepeda en Diario El Clarín de Chile, por Mario Casasus

México DF.- En entrevista con Clarín.cl Luis Ravanal (1965), magíster en medicina forense por la Universidad de Valencia, analiza el Caso Neruda: “En relación a una posible intoxicación letal por Dipirona® (Metamizol Sódico), tendrían que buscarse las sustancias asociadas a los compuestos químicos en que se degrada, lo cual es técnica y teóricamente posible, dependiendo del tipo y estado de las muestras”. Y sobre el traslado de los huesos del poeta a Isla Negra, el doctor Ravanal opina: “Las condiciones medio ambientales donde se encontraba el cuerpo, aunado a las condiciones variables durante los procesos de exhumación, sin duda representan factores que pueden acelerar la destrucción y pérdida de evidencia. No obstante, también pueden contribuir a conservar los restos… la humedad en algunos casos puede ser un factor conservante, como a su vez un factor que acelera la descomposición”.




MC.- Doctor, ¿estudió el expediente judicial y médico del Caso Neruda?
LR.- No tengo conocimiento respecto a la existencia de un Historial Clínico o documental de las condiciones reales en que se encontraba el poeta en los días previos a su muerte, sólo la información entregada por el abogado Eduardo Contreras, y una serie de consultas formuladas que parten de los dichos de diversos testigos, entre ellos el ex chofer. Por lo cual, se trata esencialmente de una información testimonial, más que de información técnica objetivable, por ende se debe valorar esta información con mucha cautela, buscando a través de la aplicación del método científico, si esta es verificable y/o confirmable, lo que en este caso y dadas las circunstancias resulta en extremo complejo.


MC.- El certificado de defunción y la noticia publicada en El Mercurio del 24 de septiembre de 1973, difieren en los términos clínicos. ¿La caquexia cancerosa puede derivar en paro cardíaco?
LR.- Un paro cardíaco es un evento funcional, que en términos simples, constituye el evento que precede a la muerte, siendo un signo sobre los cuales se fundamenta el diagnóstico de muerte, independiente de la causa que lo origine -por enfermedad o trauma-, es simplemente el cese de la actividad contráctil del corazón, es un signo, no una causa de muerte. Evidentemente un estado de caquexia, como también un cáncer avanzado, como cualquier otra condición patológica, puede originar un paro cardíaco, es decir puede llevar a la muerte, por distintas vías y/o mecanismos. Un estado de caquexia, un cáncer diseminado con metástasis, la asfixia, una herida de bala, un traumatismo, etcétera, pueden originar un paro cardiaco y paro cardiorrespiratorio, que conlleve a la muerte.


MC.- ¿Descartaría la posibilidad de una negligencia médica como causa de muerte del poeta?
LR.- La mal praxis medica, es igualmente una posibilidad que no puede ser dejada de lado en la investigación de las circunstancias vinculadas con la muerte de Pablo Neruda, por lo que resulta obligado el análisis forense de todos los hechos que guarden relación con una oportuna y adecuada aplicación de medios durante las asistencia sanitaria que le habrían sido otorgada, durante los días previos a su muerte, que podrían guardar relación con omisiones terapéuticas y/o de asistencia sanitaria.


MC.- Associated Press publicó extractos de la entrevista que usted concedió: “Una cosa es detectar la sustancia, pero otra es demostrar que está en concentraciones suficientes para matarlo. Es decir, es difícil demostrar que estaba en dosis letales o terapéuticas” (13/01/2012). ¿No existe la tecnología científica en laboratorios del extranjero para esclarecer el presunto asesinato?
LR.- Todo depende del tipo de muestra o tejido, y de las condiciones en que se encuentren los mismos. Siendo que la destrucción de los tejidos a consecuencia de los procesos naturales de degradación de un cuerpo, son factores que van a limitar las posibilidades de análisis, mientras mayor ha sido el tiempo transcurrido desde la muerte, menores serán las posibilidades de éxito en la investigación, especialmente en lo concerniente a los estudios toxicológicos, lo que dependerá a su vez del tipo de sustancia o sustancias que se investiguen -las sustancias volátiles habrán desaparecido-, de la orientación o interés por parte del que efectúa el análisis.
Respecto a las sustancias que se investigan, lo que influirá es la selección de muestras, técnicas de recolección, conservación y selección del instrumental de análisis, recordando que existen diversos instrumentos y técnicas analíticas, que se aplican en forma selectiva dependiendo de la sustancia que se quiere investigar. En Chile, en general existen equipos para detectar diversas sustancias y tóxicos, la mayor parte de ellos en centros universitarios de investigación científica, además de diversos laboratorios privados. Las técnicas usuales no abarcan todo el espectro posible de analitos y existe un sinnúmero de pruebas específicas que sólo son realizadas en razón de la experiencia e intuición del médico que realiza la autopsia, lo que evidentemente puede ser un factor determinante en el curso de la investigación.


MC.- La primera exhumación de Neruda se llevó a cabo en 1974, durante la dictadura; la segunda exhumación de Neruda se realizó para el funeral oficial en 1992, durante el gobierno de Patricio Aylwin. ¿Sería necesaria la tercera exhumación para constatar que los restos pertenecen a Neruda, o para saber a ciencia cierta que ningún fragmento óseo está extraviado?
LR.- En caso de realizarse una exhumación, lo primero que debe practicarse es la identificación de los restos, y en virtud de que se trata de restos esqueléticos, la prueba indubitada de identificación, se puede establecer a través de los estudios genéticos. A diferencia de lo que ha sucedido con los restos del ex Presidente Salvador Allende Gossens, donde se extraviaron una cantidad significativa de fragmentos del cráneo (cercano al 50%), y por ende ningún equipo especializado podría en tales circunstancias haber descartado la existencia de un disparo de bajo calibre distinto al evidente daño explosivo provocado por un fusil de guerra, que cualquier lego puede reconocer a primera vista, queda el anhelo, de que no se repitan las faltas cometidas en el caso de Allende. Como lo expresara un connotado médico forense, respecto a las conclusiones de los informes de exhumación de Salvador Allende del año 2011: “Querían ver lo que vieron. Una posición mucho más objetiva hubiera sido decir algo parecido a: No hemos encontrado nada que vaya en contra de la versión oficial y tampoco hemos descubierto nada que permita descartar otra teoría. Pero eso es pedir demasiado”.


MC.- ¿Las condiciones climáticas de Isla Negra pudieron disolver las toxinas o residuos de medicamentos?
LR.- Las condiciones medio ambientales donde se encontraba el cuerpo, aunado a las condiciones variables a que ha estado expuesto el cuerpo durante los procesos de exhumación, sin duda representan factores que pueden acelerar la destrucción y pérdida de evidencia. No obstante, también pueden contribuir a conservar los restos, dependiendo de múltiples variables, que no pueden ser objetivadas con la información que dispongo. En todo caso depende en forma variable de la sustancia y las condiciones específicas, donde la humedad en algunos casos puede ser un factor conservante, como a su vez un factor que acelera la descomposición.


MC.- El chofer de Neruda, Manuel Araya insiste en denunciar que el poeta se quejó de una sospechosa inyección en la guata; si bien la dipirona y la insulina suelen ser inyectadas en el estómago; ¿resulta irrelevante el lugar de aplicación del medicamento para provocar un desenlace fatal?, ¿y al momento de rastrear la substancia en la médula ósea?
LR.- Cualquier testimonio debe ser sometido al análisis y confirmación de prueba científica, no obstante el sitio de inyección de una(s) sustancia(s), cualquiera que sea, debe ser comprobada mediante análisis forense. En este caso, el sitio de inyección a nivel abdominal, objetivamente no podría ser confirmado o descartado a través del estudio de restos esqueletizados. Hay sustancias que incluso no pueden ser detectadas en casos de muerte reciente si no se recolectan las muestras adecuadas y se practican los análisis específicos, como es el caso de la insulina, que en este caso sería imposible de detectar. En relación a una posible intoxicación letal por Dipirona® (Metamizol Sódico), tendrían que buscarse las sustancias asociadas a los compuestos químicos en que se degrada, lo cual es técnica y teóricamente posible, dependiendo del tipo y estado de las muestras. Lo que resulta en extremo difícil probar, por no decir imposible, es la determinación respecto a si las concentraciones detectadas en determinados tejidos (al estado de la ciencia actual), se encuentran en concentraciones terapéuticas, tóxicas o letales, de tal forma de evitar dictámenes forenses, carentes de sustento técnico o hipotéticos, que se habrían basado en la simple detección de trazas de sustancias que forman parte de diversos compuestos, sin detectar el compuesto específico, tal como ha ocurrido en el caso de las investigaciones relacionadas con los restos del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, donde objetivamente no se habría detectado la presencia de gas mostaza.


MC.- En el caso del Presidente Salvador Allende, su hija Isabel autorizó la exhumación, sin embargo presionó al juez y a los medios de comunicación para adelantar los resultados. En el Caso Neruda, Juan Agustín Figueroa se opone a la exhumación, calificándola de  “profanación”. ¿Hasta qué punto influyen las declaraciones periodísticas de los directamente interesados?
LR.- No cabe duda que vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación social influyen en el comportamiento y en la opinión de las personas. Se publican prejuicios, que llegan a todos los actores e intervinientes durante el proceso a través de los diversos medios de comunicación en el cual estamos inmersos. Si bien no podemos estar ajenos a esta realidad comunicacional, la prueba científica debe valorarse por lo que es y no por los resultados que quisiera obtener determinado individuo o individuos. En mi práctica habitual me ha tocado asistir a juicios por delitos comunes, donde ya el imputado ha sido condenado por los medios de prensa mucho antes del juicio, cuando no se limitan a la descalificación de la opinión técnica contradictoria, sino que los peritos a veces son sometidos a la desacreditación individualizada, de tal forma que uno debe prepararse para resistir todo tipo de descalificaciones ad hominem dirigidas personalmente, previo, durante y posterior al juicio. Hay que recordar que los investigadores científicos, policiales y los administradores de justicia, son humanos, y por ende imperfectos, de allí la importancia científica, de la prueba objetiva, que debe ser técnicamente ajustada al método científico.

MC.- En entrevista con Clarín.cl el juez Mario Carroza me dijo: “La exhumación de Neruda sería en las mismas circunstancias que la realizada al Presidente Allende” (21.11.2011). ¿La analogía debería tranquilizarnos o preocuparnos?
LR.- La afirmación que me indica es inespecífica, ya que cada caso se da invariablemente en distintas circunstancias, tanto técnicas como sociales. Lo que debería preocuparnos, es que la prueba sea valorada con los más altos estándares científicos, no por los títulos de los intervienes, el número de participantes y lo que digan. La prueba debe ser objetiva, de calidad técnica, los peritos no vienen a ratificar una causa y mecanismo de muerte, deben también transparentar sus limitaciones, respecto a las dificultades relativas al análisis de las pruebas y conclusiones. Es por ello que los administradores de justicia juegan un rol protagónico, donde es esperable que agoten los medios en el campo de la investigación científica, más cuando existen fundamentos técnicos controversiales que deben atender, como ha ocurrido en el caso del examen limitado de los restos de Salvador Allende, donde se espera se lleven a cabo diversos análisis no realizados.


MC.- Ante la pregunta de Rocío Montes de El País: -“¿Existen posibilidades de que nunca se sepa cómo murió Neruda?”, el juez Mario Carroza respondió: -“Podría ocurrir” (04/12/2011). Doctor, ¿cómo sería el veredicto si el juez carece de certezas y elementos científicos?
LR.- No me compete responder por un juez, sólo le puedo responder como médico forense (respuesta negativa): Los diversos resultados analíticos practicados a los restos examinados, no han permitido confirmar, ni descartar una muerte violenta asociada a intoxicación letal. Es decir, en este supuesto hipotético, nos encontraríamos con un resultado de autopsia absolutamente inútil, para esclarecer un hecho.


MC.- Finalmente ¿estaría interesado en colaborar con los peritajes forenses?, ¿la parte querellante lo invitará como observador?
LR.- Siempre es interesante poder colaborar, nadie es dueño de la verdad absoluta, como tampoco existe un manual para asegurar un resultado, considerando la variabilidad de lo que se pretende investigar. Lo importante siempre es colaborar objetivamente con la investigación y no dificultarla.
No puedo responder por la parte querellante, sólo me limito a informar que he sido consultado informalmente por aspectos técnicos, nada más.