Corte Penal
Internacional: Inútil Organismo internacional
Por: Pablo Jofre Leal/ Escritor, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:
En un artículo anterior sobre este organismo internacional
denominado Corte Penal Internacional (CPI) autodefinido como de carácter
independiente y conocido también como Tribunal Penal Internacional (TPI)
sostuve y en ello no ha cambiado un ápice mi afirmación que, este órgano
de justicia, más allá de ciertas acciones de denuncia respecto a delitos
considerados de extrema gravedad: crímenes
de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad; no ha sido una institución que
haga valer una línea de acción justa para los pueblos sometidos a las
presiones, acciones y conductas violatorias del Derecho Internacional.
Una CPI incapaz de llevar adelante, por ejemplo, la
investigación y procesamiento de políticos, militares y hasta civiles del
régimen israelí mostrando que, a la hora de definir líneas de acción
imperativas simplemente se rinde ante las presiones de los aliados de la
entidad nacionalsionista, que son precisamente las potencias occidentales/USA-UE-OTAN/Japón;
mostrando con ello el sometimiento a los dictados de esos poderes hegemónicos,
en desmedro del sur global (1)
Lo referido con relación al ente israelí relacionado a la
mencionada incapacidad y freno, no sólo se vive desde hace 76 años – cuando se
funda el régimen sionista colonialista israelí denominándolo Israel –
sino porque desde el 7 de octubre de 2023 (tras la operación Tormenta de Al
Aqsa llevada cabo por la resistencia palestina) esos crímenes de
guerra y lesa humanidad se han incrementado hasta alcanzar cifras monstruosas
que, según datos entregados por la
Revista Médica británica de The Lancet significan, hasta ahora, la muerte del 8
% de la población de la Franja de Gaza. Es decir, 190 mil muertos entre ellos
el 70% mujeres y niños.
En marzo de este año 2024, en plena campaña de exterminio
sionista colonialista israelí contra Palestina, durante la sesión ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese, Relatora
especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos desde 2022
sostuvo que “hay motivos razonables» para
creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de
genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. «En concreto, Israel
ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves
daños físicos o mentales a miembros del grupo; infringir deliberadamente al
grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total
o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del
grupo”(2) claro y preciso, el régimen colonialista israelí es
genocida y la Corte Penal Internacional debe dejar de lado su cobardía política
y llamar a parar los crímenes que como Netanyahu y su sociedad cada día
devienen en una entidad nazisionista que debe ser detenida y eliminada.
Crímenes, exterminio, genocidio, tan despreciables y
horrorosos como aquellos que llevó a cabo el régimen nacionalsocialista alemán
contra los pueblos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y, que ante la
derrota del Tercer Reich significó establecer un Tribunal Penal internacional como
el de Núremberg en Alemania (y el de Tokio en el caso de los crímenes cometidos
por el régimen civil militar japonés) que llevó a la horca a decenas de
criminales nazis, cárcel para otros tantos, fijando de esa manera la necesidad
de castigar ese tipo de delitos contra la humanidad.
Cuando me refiero a occidente y con relación a este
artículo, respecto al control sobre la Corte Penal Internacional, doy cuenta
específica al dominio en amplias esferas de nuestra vida cotidiana: económica,
militar, cultural, mediática por parte de países liderados por Estados Unidos y
sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) junto a
regímenes como Canadá, Australia y Japón, entidades, que suelen ser
usadas de testaferro como es el caso del régimen israelí. Son ellos los que
controlan a la CPI de maneras diversas, ya sea mediante presiones económicas,
amenazas y sanciones a sus miembros sino respetan las líneas de dominio
establecidas por esas potencias.
Al hablar de la CPI aludo supuestamente a un organismo
independiente, distinto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya que esta
depende administrativa, financiera y legalmente de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y cuya misión es resolver controversias jurídicas entre
los Estados que conforman el universo de miembros de la ONU. Por tanto, la CIJ
trata de resolver litigios jurídicos entre Estados, no crímenes considerados de
lesa humanidad como sí lo establece el trabajo de la CPI. ¿Qué crímenes?
aquellos ataques realizados contra los derechos fundamentales de los seres
humanos: exterminio, asesinatos selectivos y masivos, esclavitud, deportación,
traslado forzoso, privación grave de la libertad y la creación de medidas de
corte administrativa absolutamente ajenas al derecho inherente a los seres
humanos. Ejemplo de esto último lo constituyen las llamadas detenciones
administrativas israelíes contra los prisioneros y secuestrados palestinos, que
significan largos periodos de privación de libertad, torturas, vejámenes
incluso sexuales, sin que esos secuestrados, entre ellos mujeres y niños, hayan
recibido cargo penal alguno y menos se les haya juzgado.
Este 7 de octubre de 2024 esos crímenes de guerra y lesa
humanidad cumplen un año desde las acciones sionistas derivadas de la Operación
de Tormenta de Al Aqsa llevada a cabo por la resistencia palestina. Un año de
crímenes que ha devenido en un proceso evidente del carácter criminal del
régimen nacionalsionista colonialista israelí que se burla permanentemente de las leyes
internacionales, de la carta de la ONU e incluso las determinaciones de la
Corte Penal Internacional referida a solicitar la detención del primer ministro
israelí Benjamín Netanyahu y de su ministro de guerra Yoav Gallant, como
criminales de guerra.
Burla y desprecio sionista apoyado en ello por Washington,
que se visualiza en el soporte que los gobiernos de Estados Unidos sean estos
demócratas o republicanos, le otorgan al régimen civil militar sionista
colonialista israelí en materia política, diplomática, económica y militar.
Como evidencia a ese desprecio a las leyes internacionales, Netanyahu viajó
hace pocas semanas a Estados Unidos, donde fue recibido el 24 de julio con
vítores y palmoteos en un discurso dado en el congreso estadounidense. Esto, a
pesar de todas las pruebas de los crímenes horrorosos, brutales, genocidas
cometidos por el ejército sionista en Palestina. Netanyahu en Washington
es la expresión de la estrecha alianza entre Estados Unidos y la entidad
infanticida, para así concretar el plan de solución final israelí contra
Palestina, al estilo de aquel planteado en la Conferencia de Wannsee nazi el
año 1942
La política de exterminio llevada a cabo por Israel es,
evidentemente, una conducta violatoria de cuanta ley existe de defensa de los
derechos humanos, de freno a la agresión y ocupación de un territorio. Una entidad que viola decenas de
resoluciones de la ONU exigiendo, por ejemplo, el fin de la ocupación de los
territorios palestinos. No seguir construyendo asentamientos en tierras
palestinas, impedir el retorno de los refugiados, entre otras trasgresiones del
derecho internacional. Un Israel que en su conducta crónica de
victimismo suele argumentar que es el cordero del sacrificio en las violaciones
a los derechos humanos por parte de la resistencia palestina cuando la realidad
indica que, durante 76 años, ha tenido una conducta brutal, criminal, sádica,
perversa, genocida, no sólo contra la población palestina en forma mayoritaria,
sino que de sociedades de países vecinos como Siria, El Líbano, Irak.
Ante ello, los organismos internacionales, entre ellos la
CPI, son estériles, para detener a regímenes como el sionista o en la última
década el régimen kievita en sus crímenes contra la población del Donbás, cuyo
número de asesinados se eleva sobre los 25 mil, a manos de las brigadas
neonazis enviadas por los gobiernos ucranianos, desde febrero del año 2014
cuando derrocaron al ex presidente Víctor Yanukovich en un golpe de Estado
neonazi impulsado por Estados Unidos y la OTAN. Todo esto, como parte de una
estrategia de cerco a la federación rusa, de ampliación de bases militares de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hasta la frontera
occidental de Rusia y con ello generar una política de máxima presión.
Política de cerco que, en forma indudable, explica y valida
la operación militar de desnazificación y desmilitarización llevada a cabo por
Rusia contra el régimen ucraniano y sus valedores europeos y
estadounidenses. Una realidad que se oculta en los medios de manipulación
y desinformación occidentales, dedicados a establecer una política de
rusofobia, que se une a las líneas islamófobas convertidas en ejes de la
política exterior de las potencias occidentales. Así, se demoniza la operación
de la federación rusa, cuyo objetivo principal ha sido la defensa de la
población rusa que habita el ala oriental de Ucrania y que posee una
indesmentible, clara y concreta relación con la federación rusa.
Volviendo en
específico a la CPI recordemos que esta Corte nace el 17 de julio de 1998, al
amparo de la denominada Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las
Naciones Unidas, que definió la necesidad de contar con una institución de
estas características (3). Es así como la CPI comienza a
funcionar en 2002, sustituyendo a los tribunales ad hoc conformados en la
década de 1990, que abordaron el tratamiento jurídico de estos crímenes
considerados atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
En el mencionado encuentro 120 estados pertenecientes a la ONU aprobaron el
llamado Estatuto de Roma (4). Se
recuerda con especial énfasis, por qué Israel votó en contra de esa aprobación
del Estatuto de Roma. El argumento dado fue que no comprendía por qué “el acto
de trasladar habitantes a un territorio ocupado se incluía en la lista de
crímenes de guerra” – claramente para evitar cumplir las resoluciones
internacionales, que impidieran la continuación de la política de ocupación,
colonización y exterminio de la población palestina y sus territorios.
En el caso de Estados
Unidos su voto en contra da fe de su carácter imperialista, señalando que el
Estatuto debía reconocer el papel del Consejo de Seguridad en la determinación
de un acto de agresión y si no era asi, no contaría entonces con su visto
bueno. ¿Por qué? Claramente porque en el Consejo de Seguridad de la ONU,
Washington como uno de los cinco miembros permanentes tiene derecho a veto
indiscutible, prerrogativa que le ha servido para negarse a ser acusado de
múltiples delitos cometidos por sus administraciones, fuerzas militares y
servicios de inteligencia, al igual que negarse a ser parte de la aprobación
para llevar adelante investigaciones que involucran a sus países satélites.
La CPI cuenta con 18 jueces seleccionados por la Asamblea de
los Estados, con jueces que ocupan los cargos en mandatos de nueve años no
renovables. Dispone de un presupuesto anual de aproximadamente 200 millones de euros. Como
también tener
presente la esencia filosófica
que animó la
creación de esta
corte, que al cumplir un cuarto de siglo emitió una declaración pública
donde señaló “hoy el mundo necesita
más justicia que
nunca. Las atrocidades del siglo XX que llevaron a la creación de la Corte
no han dejado de existir y asistimos a una erosión del
multilateralismo y del Estado de Derecho cada vez mayor” (5). El
problema no es que evita una erosión del multilateralismo, existe la política
de impulsarla, pero sufre los embates del poder unipolar.
El problema radica también, en que la CPI en forma
mayoritariamente abrumadora juzga aquello determinado por Washington y los
suyos. Insisto, prueba de ello que entidades como Israel no son juzgadas menos
aún países como Gran Bretaña o el propio Estados Unidos, responsables de
agresiones, invasiones, desestabilización, detenciones ilegales, torturas,
desapariciones, genocidios entre otros actos delictivos contra países como
Irak, Afganistán, Libia, Irán, Siria, El Líbano, Yemen y la propia Palestina,
por ejemplo.
En un artículo anterior, escrito con respecto a la CPI
recordaba que bajo presiones de Washington y los suyos – sobre todo los países
europeos miembros de la OTAN – el marzo del año 2023 se emitió una orden de
detención contra el presidente ruso, “por la deportación ilegal de niños
ucranianos y su traslado de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación
Rusa”. Se dictó la misma orden contra María Alekseyevna Lvova-Belova,
comisionada presidencial rusa para los derechos del niño. Una acusación sin
fundamento más allá de las denuncias del régimen kievita, amplificadas por los
medios de comunicación occidentales.
Una medida destinada a provocar a Rusia utilizando para ello
a un organismo, se supone independiente, para darle un giro de carácter
jurídico a las acusaciones contra el líder ruso en un contexto internacional de
presentar a Ucrania como una especie de mártir, impoluta en materia de lo que
ha significado la política de máxima presión llevada a cabo por Washington y la
OTAN, utilizando a Kiev como punta de lanza en su rusofobia. Una política parte
de la llamada guerra híbrida contra un miembro destacado en el plano de la
construcción de una política internacional multilateral como es Rusia. La CPI
con el aval de su actuar contra la federación rusa lo que consigna es una CPI
unilateral, poco confiable y sometida a los intereses de los países
occidentales, que se constituye entonces en forma evidente en una conducta que
también tiene un sentido de ataque al sur global.
La CPI es una organización al servicio de occidente/USA-UE-OTAN,
de los intereses hegemónicos de Washington y los suyos, un instrumento para
intentar seguir con un mundo que exige a gritos cambios (6) Una
organización que se ha dedicado a emitir órdenes de aprehensión de líderes
africanos, pero ninguna contra los lideres políticos y militares occidentales,
responsables de millones de muertos en los últimos 35 años -considerando el fin
del campo socialista y la generación de un Nuevo Orden Mundial unipolar.
Una CPI que calló
cuando Estados Unidos impuso sanciones contra una fiscal de la CPI por su
investigación de crímenes de guerra cometidos en Afganistán por parte de
militares estadounidenses. Washington también amenazó con arrestar y
sancionar a los magistrados y otros funcionarios del tribunal por el mismo
caso, como fluye el caso interpuesto contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda
y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la
Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochok (7)
La CPI es una institución politizada desequilibradamente e
incompetente, a favor de las potencias occidentales. “La CPI es una marioneta
en manos del Occidente colectivo que siempre está lista para ejercer pseudojusticia
por encargo» (8). Evidente que el mundo marcha, inexorablemente, a la
multilateralidad y el imperio agonizante nada puede hacer, más que dar
manotazos de ahogado.
Artículo publicado en Hispantv
1.- Término que trasciende lo geográfico y como afirma Anne
Garland Mhaler “es independiente de cualquier inequívoca geografía. Hablar del
sur global es hablar de aquella área del mundo para designar a Estados
históricamente relegados a los márgenes del orden mundial (y que poco a poco
han generado que el desbalance del poder comience a equilibrarse) dominado en
esencia por el poder unipolar y sus aliados. El añadir el concepto de global al
de Sur permite subrayar que el concepto no debe entenderse como una mera
clasificación geográfica del mundo, sino como una referencia a las relaciones
de poder globales desiguales, al imperialismo y al neocolonialismo. Hablar del
sur global implica redefinir la geografía política del mundo y al mismo tiempo
superar conceptos como el de tercer mundo o mundo subdesarrollado. Hablar del
sur global implica, igualmente superar la filosofía eurocéntrica y por tanto
pensar y actuar en consecuencia a las propias historias y realidades de los
países del sur global. Una descolonización cultural y política
fundamental.
2.- https://news.un.org/es/story/2024/03/1528636
3.- https://www.hrw.org/es/topic/international-justice/corte-penal-internacional
4.- https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
5.- https://dobetter.esade.edu/es/25-a%C3%B1os-corte-penal-internacional-proposito
6.- https://segundopaso.es/tag/corte-penal-internacional/
7.- La imposición sin precedentes de congelamientos de
activos por parte del gobierno de Trump a altos funcionarios de la Corte Penal
Internacional (CPI) pone en evidencia un notorio desprecio por las víctimas de
los peores crímenes del mundo, dijo hoy Human Rights Watch. El 2 de septiembre
de 2020, la administración anunció que Estados Unidos había impuesto sanciones
contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de
Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso
Mochochoko.
https://www.hrw.org/es/news/2020/09/08/estados-unidos-sanciona-la-fiscal-de-la-corte-penal-internacional#:~:text=El%202%20de%20septiembre%20de,Oficina%20del%20Fiscal%2C%20Phakiso%20Mochochoko
8.- https://actualidad.rt.com/actualidad/461206-rusia-corte-penal-internacional-camino-autodestruccion
Lo subrayado
interpolado es nuestro.
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