Ser alcalde, un buen negocio
En octubre próximo tendremos en Chile elecciones generales para renovar
a los alcaldes y concejales de todo el país, por lo que los partidos ya se
encuentran en todo tipo de tratativas y negociaciones para definir a sus
candidatos. Estos comicios no causan tanto interés público como los que se
efectúan para elegir a los parlamentarios y al Presidente de la República. Sin
embargo, la naturaleza de las funciones que cumplen los jefes comunales pueden
ser claramente más relevantes que las de los legisladores, ministros y otros
altos funcionarios públicos.
Desde luego, ser alcalde les da a sus titulares una magnífica
posibilidad de corromperse y enriquecerse personalmente, cuanto aportarle
ingentes recursos a sus colectividades y a las maquinarias electorales. Por las
municipalidades pasa mucho dinero, especialmente cuando están ubicadas en
aquellas ciudades y barrios donde viven los más ricos o se ubican las grandes
empresas e industrias del país, cuyos tributos en buena medida administran los
346 ediles elegidos democráticamente.
Aunque existe un sistema de chorreo de recursos desde los municipios más
ricos hacia los más pobres, lo cierto es que este no resuelve la desigualdad
aguda que existe entre ellos. Es ostensible cómo las municipalidades de los
barrios más pudientes multiplican más de cincuenta veces sus caudales respecto
de las comunas pobres y, muchas veces, más populosas.
Hay alcaldes y concejales que hacen verdaderos milagros para financiar
sus obras municipales, así como hay otros en que el dispendio es descarado y
hasta irritante para los chilenos que deben circular por estos sectores.
Contrastan la infraestructura, la fluidez del tránsito, el número y calidad de
los parques, plazas y lugares públicos, pero sobre todo la inequidad existente
en materia de seguridad. Allí donde viven los ricos existen muchos más
policías, así como también mejores servicios de salud y establecimientos
educacionales.
Guardando las distancias, es obvio que la corrupción puede hacerse
presente en todos los municipios y lo que se constata en los últimos años es
que hay alcaldes que malversan sus recursos públicos y otros que aprovechan su
rango para recibir sobornos, así sea del mismo narcotráfico, una lacra hoy
extendida por todas las comunas del país, cualquiera sea el estándar
socioeconómico de sus habitantes. Cuando nos referimos a los ediles nos mueve
el reconocimiento que la autoridad de estos es elevadísima y que sus
concejales, aunque actúen unidos, no alcanzar a equiparar en atribuciones al
jefe comunal. La Ley lo ha establecido así y ni los sucesivos gobiernos o
parlamentos han corregido esta desigualdad.
Los chilenos, desde siempre, sabemos de los abusos y corrupciones de los
gobiernos comunales. Quienquiera tenga que acudir a un servicio municipal puede
experimentar la facilidad que pueden alcanzar sus demandas si se cuenta con un
alcalde o un administrador comunal amigo o camarada de partido. Incluso para
acceder a un puesto en el propio municipio que, dependiendo de su solvencia,
puede ofrecer múltiples oportunidades de trabajo, ya que es en estas entidades
públicas donde más se manifiesta el amiguismo o nepotismo.
La cuestión está en el “permiso municipal”. Todos los emprendimientos,
construcciones de viviendas y hasta las autorizaciones para instalar un kiosco
de diario o comida rápida tienen como condición la autorización del alcalde u
otro de sus funcionarios dependientes, como el jefe de obras. Grandes
condominios, hoteles y otras construcciones están hoy en entredicho,
suspendidas o a punto de ser demolidas por haber soslayado estas autorizaciones
o haber conseguido sus ejecutores permisos que no se ajustaban al plano
regulador o a las normas medio ambientales. Se supone que muchas de estas
autorizaciones se consiguieron mediante coimas a los alcaldes y, muchas veces,
a funcionarios de los ministerios de la Vivienda y Obras Públicas. Recursos
finalmente malgastados especialmente si la corrupción toca también a los jueces
que deben constatar su ilegalidad.
Las más severas denuncias de soborno, cohecho y otras prácticas a nivel
parlamentario no son nada respecto de los múltiples vicios que se cometen a
nivel comunal y que involucran a funcionarios públicos, empresarios,
comerciantes y otros actores sociales cuyos casos más bullados solo son
investigados por la Justicia y las fiscalías.
De allí que las elecciones municipales despierten actualmente tantos
apetitos y componendas y se haya tenido que legislar para que los ediles solo
puedan ser reelectos solo una vez, lo que no impide sus migraciones de una a
otra comuna o el acseso hacia otros cargos públicos.
De derecha a izquierda tenemos ahora alcaldes procesados, suspendidos e,
incluso, encarcelados, pero todavía es muy incierto el futuro procesal de los
mismos, cuando se sabe que cuentan con los más habilidosos abogados y sus
juicios suelen culminar en prescripción o inanición. Hasta hay una ex alcaldesa
de derecha que alcanzó a huir a Europa para escapar de su segura detención y
condena. Así como existe un exalcalde socialista de una comuna popular que cayó
en las redes de un cartel de la droga. Cifras enormes metidas a su bolsillo
involucran al que fue alcalde de una de las comunas más ricas, como la de
Vitacura, el que acaba de pagar una millonaria fianza para obtener su libertad
condicional.
Suma y sigue. Se podría investigar cómo algunos alcaldes fueron
reelegidos una y otra vez en remotos municipios que, curiosamente, tienen más
ciudadanos que habitantes. Lo que se explica en la inscripción fraudulenta de
miles de votantes adictos y acarreados que pisan tales comunas solo el día de
la elección.
Sin duda, ser elegido alcalde es un lucrativo negocio y cuenta, en
general, con la impunidad de toda la clase política coludida en los mismos
vicios. Por esto es que ya se practica una lucha soterrada en las agrupaciones
oficialistas y opositoras por repartirse las próximas nominaciones partidarias.
De tal manera que el botín, que es superior al de muchas otras reparticiones
públicas, alcance para todos. Es lo que se entiende en Chile como “democracia
de los acuerdos” o “amistad cívica”, que rápidamente encantó tanto a las
jóvenes promesas de la política que venían a corregir nuestras malas prácticas
republicanas.
Lo subrayado/interpolado es nuestro.
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