La violencia de género: un llamado a la reflexión y a la justicia. En el contexto del caso del Professor Boaventura de Sousa Santos...
Por Dr. Baltasar Garzón Real /Juez
PROLEGOMENOS:
La maffia de
mercachifles/ fariseos de la celestina
universal/ el dólar, lo que no pueden
destruir, lo frivoliza...
“Los pueblos
sin memoria histórica nada significan ni nada valen “...
Estimados
amigos asociados de Latinoamérica y
Europa:
La historia la
hacen los Pueblos dignos y libres que luchan por su libertad y la vida ha sido
escrita con la sangre de sus mártires de Latinoamérica, cien millones de
indígenas y sus heroicos líderes asesinados- Cuauhtémoc, Tupac Amaru, Lautaro,
etc. - y sus culturas destruidas
por el bárbaro colonialista europeo.
Durante la
lucha por la Independencia, los colonialistas continuaron con los asesinatos de
indígenas y de líderes libertarios:
- El General Francisco de Miranda y
Rodríguez asesinado y sus restos desaparecidos desde una cárcel de España...
- El general de seres humanos libres César A. Sandino, traicionado y asesinado.
El
imperialismo estadounidense/yanqui continuo en su patio trasero con los asesinatos y
frivolizaciones contra los críticos de su arcadia de la felicidad de la celestina universal/el
dólar, del consumo exacerbado, el narcotráfico, la inteligencia artificial
genocida/ IAG, y la telebasura promoviendo “la postverdad”, mintiendo y usando
las fake news a destajo. Con la
democracia vacía de contenido, degradada, donde brilla la dignidad por su flagrante ausencia, la
indignidad social es la ley...
Ante los
ataques frívolos e intento de lapidación
en contra del admirado
professor Boaventura de Souza Santos por los testaferros, tartufos de la
maffia de mercachifles, dueña de la celestina universal, el dólar, el
narcotráfico, y la inteligencia artificial genocida IAG, le reiteramos al distinguido académico portugués que cuando los pueblos se
domestican y callan, los grandes forjadores de ideales levantan su voz, porque
quien vive –“luchar es vivir”-, y lucha por y para sus ideales no puede servir
a ninguna mediocracia. Todo conspira en
ella para que el pensador, el sociólogo
el filósofo, el escritor, etc., se
desvive de su lucha...
El verbo del
Professor Boaventura de Souza Santos es anatema tan fuerte en contra de la
oligarquía empresarial plutócrata- que asienta su privilegio en sus intereses
creados- `por sus denuncias contra la injusticia social, la violación de los Derechos Humanos y el
Entorno Ecológico, que esta maffia herida lo frivoliza y criminaliza al maestro
De Souza Santos- maestro es el formador del ser humano integral y de su
consciencia social en particular-, al no poder destruirlo...
El que
domestica sus convicciones no es, no puede ser un maestro. Tampoco lo es el que
concibe un bien y no lo practica. El que predica la verdad y transige con la
mentira, el que predica la justicia y no es justo, el que predica la lealtad yo
traiciona, predica la Dignidad y se arrastra.
Con
respecto al artículo del Dr. Baltasar Garzón Real, que adjuntamos, lo
asumimos y difundimos, porque se enmarca en la Justicia Plena, el equilibrio
entre lo moral y el Derecho. Este último es la regla de la vida para la
asociación política y la decisión de lo justo. Como ciencia es un instrumento
al servicio de la plena realización del Ser Humano- mujer, hombre-, y no una justificación de su explotación y
enajenación. Tiene un valor superior al de la ley. Lo justo siempre es moral.
Las normas pueden ser injustas. Acatar la ley es un acto de disciplina, pero a
veces implica una inmoralidad en sociedades carcomidas por la corrupción, el narcotráfico, la impunidad
y las injusticias. En la sociedad consumista capitalista determinista, la
persona pierde el sentimiento del deber y se aparta de la virtud. La justicia
enmudece y se abisma...
Con esperanza
y memoria, en tiempos infames como el
que sobrevivimos, en que reina la mentira, la corrupción y la impunidad,
decir la verdad es un acto revolucionario...
Prof. Moreno
Peralta
Secretario Ejecutivo
Addhee.Ong
PS: No tenemos
el correo electrónico del Dr. Baltasar Garzón Real
Reflexiona el
Dr. Baltasar Garzón Real, Juez...
________-
La violencia de género: un llamado a la reflexión y a la justicia
A
MEDIDA QUE SURGEN DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, TAMBIÉN CRECE EL TEMOR AL
JUICIO MEDIÁTICO Y A LA CANCELACIÓN, LO QUE PONE EN RIESGO LA PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA Y LA DIGNIDAD DE QUIENES SON ACUSADOS
Por:
Baltasar Garzón
La
violencia de género es uno de los temas que más dolor produce en una sociedad
democrática porque su ejercicio implica, no sólo el sufrimiento de la mujer por
el hecho de serlo, sino porque también acredita que el machismo y el
patriarcado/autoritario siguen vigentes dentro de un sistema que
históricamente ha otorgado autoridad, dominio y control a los hombres sobre las
mujeres y que se continúa empleando como herramienta de legitimación de su
poder. Normalizarla y no actuar contra ella y contra la raíz misma de este
fenómeno, que no es sino la desigualdad estructural de nuestro sistema
económico-social, es ser cómplice. Entender las múltiples caras de la
violencia, espacios donde se reproduce y el efecto que tiene para el desarrollo
de los derechos de las mujeres es una obligación de todos nosotros.
Gracias
al aumento de la conciencia en los últimos años y de la investigación en los
estudios de género se ha podido visualizar que en muchas ocasiones las
agresiones se producen disfrazadas dentro de las más diversas actividades:
académicas, artísticas, culturales, cinematográficas, periodísticas,
empresariales, etc., sobre todo cuando existe relación de dependencia entre el
agresor y la agredida, siendo estas estructuras una especie de caldo de cultivo
para acciones que, partiendo de una cultura machista y la falta de mecanismos
de denuncia efectivos, han mantenido impunemente este tipo de actos.
La
violencia contra las mujeres en todas sus caras es, por lo tanto, un problema
serio y complejo y como tal debe ser tratado con máximo respeto. En los últimos
años, según se fue rompiendo el silencio impuesto en las estructuras
patriarcales, han ido proliferando un buen número de denuncias que han puesto
sobre la mesa esta realidad y han servido, incluso, para modificar reglamentos
e instituciones. El llamado Movimiento MeToo ha sido imprescindible para
replantearse los mecanismos que regían estos espacios, aunque sin duda aún
queda mucho por hacer. No obstante, como en toda revolución, también han podido
existir excesos o personas que, tal vez ajenas al dolor que para muchas mujeres
supone haber pasado por situaciones de acoso y so pretexto de reivindicar la
lucha por los derechos inalienables de las mujeres, han podido ocultar otros
intereses, algo que, lejos de coadyuvar a romper los esquemas machistas y la
discriminación, han dado munición a los discursos antifeministas. La cuestión,
entonces, es la siguiente:
¿Cómo podemos asegurar que esto no suceda?
LA
CANCELACIÓN, UNA VÍA PELIGROSA
En el
mundo actual en el que la comunicación discurre a velocidad de vértigo, los
efectos negativos de una información poco rigurosa, o de una acusación alentada
por las redes sociales puede suponer la ejecución pública inmediata del sujeto
acusado y, en ocasiones, incluso su “muerte civil”, dada la gravedad y magnitud
de las consecuencias a las que se expone en un contexto en el que las noticias
—con independencia o no de su veracidad— se viralizan de forma vertiginosa y
con alcance incontrolable e ilimitado.
Uno de
los máximos exponentes de esta penalización es el fenómeno de la cancelación
pública, la cual se produce, a veces, por la simple inercia de los
acontecimientos, otras veces, con una clara intención de cercenar el principio
de presunción de inocencia. El juicio sumarísimo se produce con esa cancelación
sin oportunidad de defensa de la persona acusada. Cuando se instala esta
dinámica, en cualquier ámbito de la vida en comunidad, se propicia la
consolidación de un estado de sospecha que, antes o después, se expande y puede
acabar con el estado de derecho y la propia democracia.
Hay
demasiados ejemplos en los últimos tiempos, pero hay uno que conozco en
profundidad y que destaca por su gravedad y por constituir un paradigma de lo
que no debe acontecer. Se ha producido en Portugal y afecta a uno de los más
prestigiosos intelectuales progresistas contemporáneos, cuyas enseñanzas han
contribuido al pensamiento crítico y son ejemplo para todos quienes creemos que
el Derecho debe ser el instrumento, junto con la ética y la moral, que rija
nuestra convivencia en la lucha constante para lograr una sociedad más
progresista, democrática, igualitaria, solidaria y diversa.
Se
trata del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, prestigioso pensador,
comunicador, activista, referente del progresismo y de la izquierda intelectual
del sur global, defensor de los derechos humanos, la igualdad y la justicia, de
los pueblos originarios y las minorías, del medioambiente y antiimperialista
consumado, quien ha alcanzado renombre internacional gracias a su extensa
trayectoria intelectual y a su compromiso social a través de su encarecida
lucha por visibilizar y defender a quienes más lo necesitan. Méritos que, sin
embargo, se tornaron en dardos envenenados a la luz de las feroces acusaciones
vertidas contra él en abril de 2023, y por hechos que, supuestamente, habrían
ocurrido en el seno del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de
Coimbra (CES), que él mismo creó años antes... Cría cuervos para que te
saquen los ojos.
EL CASO DEL PROFESSOR BOAVENTURA DE SOUSA
SANTOS
El
caso de Boaventura de Sousa es único por una serie de cuestiones. Desde el primer
momento en el que se hicieron públicas las acusaciones se produjo un
señalamiento inculpatorio con tintes de condena definitiva sin que el acusado
pudiera, siquiera, defenderse en un proceso inquisitivo abierto por el propio
CES que, claramente, buscaba su incriminación basada en las meras denuncias
carentes de la base mínima suficiente para determinar la sucesión de
acontecimientos que se produjeron, con la ayuda inestimable de determinados
medios de comunicación que vieron la oportunidad de hacer sangre imputando
conductas inapropiadas y violencia de género.
Desde
el primer momento, el profesor Boaventura, ante aquellas denuncias infundadas,
como después él mismo acreditó, se puso voluntariamente a disposición del CES y
de la justicia (Ministerio Público de Portugal) para contribuir en la
investigación y probar su inocencia. El propio Boaventura, en un ejercicio de
autorreflexión, publicó un artículo en el que autoevaluaba su conducta. Cuando
leí ese artículo comprobé que quien era el sociólogo de referencia para el
progresismo admitía honestamente que el machismo es inherente a todos nosotros,
algo que yo también comparto en el sentido de que el hombre, por propia estirpe
ancestral, ha minusvalorado a la mujer hasta que ésta ha conseguido
confrontarlo con igualdad; pero dejaba claro que nunca había cometido los
graves hechos de los que se le acusaba, lanzando una reflexión y un alegato en
pro de la lucha feminista como único camino, junto al decolonial, para acabar
con las desigualdades de nuestro tiempo.
Más de
dos años después de aquel momento lo cierto es que, como resultado de un
proceso incriminatorio y de linchamiento mediático, Boaventura de Sousa Santos
ha sufrido ferozmente las consecuencias y ha sido cancelado públicamente en el
entorno académico y social, sufriendo daños irreparables en su vida profesional
y personal. Entidades que se erigen como defensoras de los principios
democráticos como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) o el
Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, lo apartaron sin haber
siquiera escuchado, sin abrir procedimientos internos y sin cumplir por tanto
con ninguno de los estándares del derecho a la defensa, pero anunciando su
cancelación con comunicados públicos que no hicieron sino alentar el juicio
mediático.
La
posición del CES de la Universidad de Coimbra fue aún más bochornosa. La
institución que el profesor fundó, pero con la que únicamente mantenía una
vinculación parcial en el momento de los supuestos hechos (no estaba ya
vinculado a responsabilidades administrativas y tenía estancias cortas en
Portugal) anunció la creación de una Comisión Independiente de investigación en
paralelo a la autosuspensión de Boaventura, decisión que este consideró
necesaria para facilitar las investigaciones.
El
informe de dicha Comisión, cuyo desempeño daría para un análisis mayor, si bien
indicaba “la existencia de patrones de
conducta de abuso de poder y acoso por parte de personas en posiciones
jerárquicas dentro del CES”, no aludía a nombres específicos ni acusó a ninguna
de las personas denunciadas de delitos penales o graves. No fue concluyente en
cuanto a quien ostentaba la responsabilidad y, es más, incluía que “las
versiones presentadas por varios denunciantes y por varios acusados eran, en
muchas situaciones, incompatibles entre sí, lo que hacía impracticable valorar
la evidencia de las pruebas”.
Meses después, la única consecuencia que este
informe tuvo fue la dimisión de todos sus cargos por parte de Boaventura de
Sousa después de una intensa presión por parte de la dirección de la
institución académica para que esto sucediera. Ninguna nueva actuación, ningún
otro expediente. La cuestión es la siguiente: si existían estos patrones de
conducta abusivos, ¿por qué no hubo posteriores actuaciones para acatar
precisamente estos supuestos comportamientos inadmisibles?, ¿realmente la
prioridad del CES era velar por el bienestar y la protección de sus
investigadoras o el único objetivo fue eliminar a un elemento incómodo
aprovechando la coyuntura para que, una vez que estuviera fuera de la
institución, se diera por solventado el problema?
Sea
como fuere y para no excederme en la narración de los hechos, este asunto que
ya se acerca a los tres años de duración ha derivado en un largo proceso
inquisitorial en el que al sociólogo portugués no le ha quedado otra salida que
recurrir a la justicia como único método para poder acceder a un proceso
contradictorio. Sin embargo, esto
tampoco está siendo un camino fácil, tras la paralización de la acción civil de
protección de su honor iniciada tras una carta difamatoria de algunas de las
denunciantes y la ignorancia de la multitud de pruebas que atesora en su
defensa, tuvo que desistir de la misma y acudir a la vía penal, que espera,
algún día, pueda darle la razón.
PROTEGER SIN CONDENAR: DEFENSA SIMULTÁNEA DE
VÍCTIMAS Y ACUSADOS
Escribo
sobre este caso porque creo que debemos profundizar acerca de la legitimidad de
los procesos de lapidación mediática, dado su carácter punitivo, emocionalmente
devastador e incompatible con los valores de justicia, igualdad y
transformación que el progresismo precisamente proclama, con el riesgo añadido
que existe de que se producen en un contexto en el que los discursos
antifeministas están siendo alentados por fuerzas reaccionarias y de extrema
derecha.
Como
defensores de un progresismo humanista tenemos que trabajar para encontrar una
mejor manera de que la resolución de las denuncias, sin poner jamás en duda la
lucha feminista, la defensa de los derechos inalienables de las mujeres frente
a la violencia de la que son objeto, se haga respetando los sagrados principios
que rigen el Estado de Derecho y que gobiernan la democracia y que pasan por
garantizar la presunción de inocencia, las garantías del debido proceso, la
contradicción, la igualdad de armas, la transparencia, la imparcialidad y la
independencia judiciales. Para ello, sin duda, habrá que hacer las reformas
pertinentes que permitan que las mujeres que son víctimas puedan sentirse
libres de acudir a la justicia y a las instituciones, sin ser juzgadas
socialmente ni sufrir las consecuencias de denunciar.
No obstante, igual de oportuno es que la
justicia analice y se tome muy en serio situaciones como la anteriormente
descrita y que dicha autoridad judicial tenga presente el principio de igualdad
de armas y de presunción de inocencia porque, de no hacerlo así, la acción
judicial se convierte en un acto de venganza y en una especie de lapidación
pública sin posibilidad de reparación ulterior.
Por
todo ello, la actuación judicial debe ser tan mesurada como contundente, y tan
exhaustiva como ágil en su resolución, con un análisis minucioso de toda la
documentación y no dejarse llevar de los planteamientos inquisitivos
propiciados por intereses mediáticos y espurios que sólo agravan el daño para
las denunciantes y para el señalado arbitrariamente como responsable e impunes
a quien alentaron esa campaña.
Finalmente, lo que debe quedar claro es que
todos y todas debemos efectuar una profunda reflexión: si partimos de la base
de que una sociedad democrática únicamente puede construirse desde el respeto a
los derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia, la igualdad y la
justicia para todos, jamás debería permitirse el linchamiento mediático
paralelo al enjuiciamiento procesal, porque ello implica la propia
deslegitimación de este último y el silenciamiento en el espacio público de
aquellas voces críticas y divergentes del “dogma oficial” como la del professor
Boaventura de Sousa Santos, a quien se le ha juzgado, cancelado y condenado,
sin derecho a la más elemental defensa.
Lo subrayado/interpolado es nuestro.




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