GARZÓN,
EL JUEZ ODIADO POR EL PINOCHETISMO, LA CTC/SOFOFA, SUS HEREDEROS Y LA CLASE
POLITICASTRA, CASTRENSE, CORRUPTA, SUS ADMINISTRADORES.
Por Gustavo González Rodríguez*/
Escritor, periodista, analista internacional/Other News/ADDHEE.ONG:
El escándalo montado por la derecha en Chile a
propósito de la medalla conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado que el
presidente Gabriel Boric otorgó al juez Baltasar Garzón Real en Madrid,
es a todas luces una venganza política contra el magistrado que despojó a
Augusto Pinochet de su condición de intocable y de cancerbero de una vigilada
transición a la democracia.
Todo el arsenal de argumentos pretendidamente
patrióticos y supuestamente legales que parlamentarios y dirigentes de Chile
Vamos/UDI, RN, Republicanos, Evopoli, las viudas de Jaime Guzmán Errazuriz,
han sacado a colación es un compendio sibilino, que no alcanza a enmascarar el
repetido afán de cuestionar y desacreditar a Boric y de paso renovar el
resentimiento contra el magistrado español.
En rigor, la transición a la post dictadura civico militar comenzó en Chile el 16 de octubre de 1998, cuando agentes de Scotland Yard llegaron a The Clinic en Londres para arrestar al exdictador, general retirado y senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte, cumpliendo una orden de captura emitida por el juez Baltasar Garzón para que respondiera por el asesinato de ciudadanos españoles durante la dictadura civico militar (1973-1990).
Hasta entonces el país vivía una suerte de
democracia regulada bajo los pactos de la transición y también, y sobre todo,
por las demostraciones de fuerza de un Pinochet que mantuvo hasta marzo de 1998
la comandancia del Ejército, desde donde ordenó en diciembre de 1990 el
“Ejercicio de enlace” y el 28 de mayo de 1993 el “Boinazo”. Ambos, actos
intimidatorios contra el gobierno de Patricio Aylwin Azocar a propósito
del escándalo de los “Pinocheques”, que remitía al traspaso en 1989 de unos
tres millones de dólares del Ejército al hijo del dictador, Augusto Pinochet
Hiriart.
El gobierno de Aylwin Azocar, a través de
los oficios de su ministro Enrique Correa, paralizó una comisión investigadora de
los “Pinocheques” en la Cámara de Diputados. El caso fue derivado al Consejo de
Defensa del Estado y en 1994 el recién asumido presidente Eduardo Frei
Ruiz-Tagle ordenó a este organismo el cierre definitivo de la investigación
“por razones de Estado”.
Para completar este ejercicio de memoria sobre la
impunidad de hecho de Pinochet, en marzo de 1998 el mismo gobernante movería
todo tipo de influencias desde su partido Demócrata Cristiano hasta toda la
entonces oficialista Concertación Democrática para hacer fracasar una acusación
constitucional contra el ex dictador cuyo objetivo era impedir que asumiera
como senador vitalicio.
Pinochet blindado hasta el exceso se vio
confrontado desde octubre de 1998 a su faz de violador de los derechos humanos
y autor de crímenes de lesa humanidad gracias al juez Garzón Real. Su
arresto en Londres fue emblemático, ya que en julio de ese mismo año había sido
adoptado en Roma el estatuto que dio nacimiento a la Corte Penal Internacional de
Justaicia.
Los dieciocho meses de arresto de Pinochet en Gran
Bretaña generaron cambios en el libreto de la transición. Se facilitaron
acuerdos para desmontar enclaves autoritarios y aprobar reformas
constitucionales el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos eSCOBAR, que
aunque con avances en derechos humanos mantuvieron la esencia neoliberal del
Estado chileno. Lagos Escobar también conformó la Comisión Valech en
2003, que documentó más de 20.000 casos de torturas, tras cerrar en agosto de
2000 la infructuosa Mesa de Diálogo donde se pretendía que los militares
revelaran la suerte de detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos.
En el trasfondo de las protestas derechistas por el
reconocimiento de Boric a Garzón se asoman estos antecedentes y así el empeño
de desacreditar a un juez con una trayectoria ligada a la persecución de
crímenes de lesa humanidad - desapariciones - tiene el anverso de
reivindicar la figura de Pinochet medio siglo después del cruento golpe de
Estado. El asesinato del presidente constitucional de Chile, Dr. Salvador
Allende Gossens.
La medalla otorgada a Garzón es un acto de gratitud
de contenido político, qué duda cabe, pero también humanitario. El acto en la
Casa de las Américas de Madrid el sábado 15 estuvo marcado por la
reivindicación de los derechos humanos, graficada sobre todo con la presencia
de Gioconda Belli, la poeta perseguida en Nicaragua por el régimen de
Daniel Ortega, acogida en Chile.
Gran parte de la prensa chilena ha actuado como
caja de resonancia de los pronunciamientos derechistas que a propósito de este
episodio buscan desacreditar a Boric y a Garzón, en operaciones donde el tema
de los derechos humanos está ausente.
¿Es Garzón un enemigo de Chile por haber trabajado
como profesional para Bolivia en su demanda ante la Corte de La Haya por una
salida al Pacífico? ¿O el mensaje subliminal de la derecha es que ese fue “un
nuevo ataque a nuestra soberanía” tras la orden de captura contra Pinochet que
emitió en 1998?
Parlamentarios de Chile Vamos, la coalición
opositora de derecha, han calificado al juez de “delincuente” porque estuvo
castigado en España por cargos de prevaricación, que él rechaza y en los cuales
hubo sospechas de persecución política ya que investigaba un escándalo que
involucraba a miembros del derechista Partido Popular. El Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas exhortó en 2022 a España a borrar los antecedentes
penales de Garzón en este caso.
En el “prontuario” que se atribuye a Garzón no se
incluye que el año 2008 acogió una demanda de veintidós agrupaciones de
familiares de víctimas para abrir una investigación de los crímenes del
franquismo que permanecen en la impunidad en España, pero el Tribunal Supremo
lo obligó a declararse incompetente.
En el acto donde Boric entregó la medalla de los 50
años también a Joan Manuel Serrat, Garzón recordó que así como en Chile y
Argentina, también en España persiste la impunidad de autores de desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos contra los derechos
humanos bajo la dictadura fascista de Francisco Franco, a quien Pinochet
admiraba, y se autoreconocía como su hijo putativo.
No faltan desde la extrema derecha en Chile y
América Latina quienes acusan livianamente el juez hispano de servir a gobiernos
“corruptos” por haber prestado asesorías en materia de sistemas judiciales a
Rafael Correa en Ecuador y a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina.
Por último, esta derecha que rasga vestiduras
continuamente por la libertad de expresión omite que Baltasar Garzón encabeza
la defensa del periodista australiano Julian Assange, arrestado en el Reino
Unido y bajo amenaza de ser condenado en Estados Unidos a prisión perpetua por
sus revelaciones en Wikileaks de crímenes de guerra estadounidenses en
Irak, Libia y Afganistán.
………………………
*Periodista y escritor. Magíster en Comunicación
Política, Diplomado en Periodismo y Crítica Cultural en la Universidad de
Chile. Fue director de la Escuela de Periodismo de esa misma universidad
(2003-2008) y presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa
Internacional en Chile (1992-1995). Corresponsal en Ecuador y director de la
oficina de Inter Press Service en Chile, y editor de la agencia en Italia y
Costa Rica. Fue corresponsal también de Latin America Newsletter (Inglaterra),
El Periódico de Barcelona (España), revista Brecha (Uruguay) y diario Milenio
(México). Autor de los libros «Caso Spiniak. Poder, ética y operaciones
mediáticas» (ensayo), «Nombres de mujer» (cuentos) y «La muerte de la
bailarina» (novela).
No hay comentarios:
Publicar un comentario