La creciente presencia militar de la OTAN en América Latina y el Caribe.
Sergio
Rodríguez Gelfenstein.
Escritor
y analista internacional/ADDHEE.ONG
En
los tiempos que corren, se ha hecho usual hablar de la expansión de la OTAN “hacia
el este de Europa”, lo cual siendo efectivo, es un concepto reduccionista. Lo cierto
es que desde el fin del mundo bipolar, Estados Unidos, sintiéndose dueño del
mundo, ha usado a la OTAN para expandirse por todo el planeta. Pruebas de ello
son la firma del Tratado AUKUS (Australia, Reino Unidos y Estados Unidos), la
creación del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) formado por Australia,
India, Japón y Estados Unidos y la Alianza de inteligencia de los Cinco Ojos
(Estados Unidos, Reino Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia) como instrumentos
de expansión militar de la OTAN en Asia y Oceanía.
Otro tanto ocurre en América Latina y
el Caribe, en la que Estados Unidos está iniciando un agresivo plan de
expansión a lo largo de todas las latitudes y longitudes de la región. Queremos
aportar algunos datos que permiten confirmar la anterior aseveración
En las aguas territoriales argentinas
y en las islas Malvinas, que fueron usurpadas por el Reino Unido, hay presencia
de la OTAN integrada en un sistema formado por bases en las islas de Ascensión,
Santa Elena y Tristán da Acuña que “resguarda” todo el Atlántico desde el norte
hasta la zona antártica.
Según un informe del Departamento de
Defensa de Estados Unidos citado por el portal venezolano Misión Verdad desde
mayo del año 2022 Reino Unido está conformando un “triángulo estratégico de
control” del extremo sur de Sudamérica. Mientras que al sur de Malvinas, operan
submarinos nucleares. Además que “Francia y Estados Unidos organizan
regularmente maniobras militares conjuntas en la región”.
Durante los últimos años, y sobre todo
después de la llegada de la generala Laura Richardson a la jefatura del Comando
Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos en octubre de 2021 los niveles de
agresividad injerencista de Washington en la región se han incrementado
ostensiblemente. Esto coincidió con el arribo al poder de Joe Biden quien ha
implementado una activa política de sustitución del tradicional (y natural)
protagonismo del Departamento de Estado
en la actividad diplomática que comenzó a ser ocupada por el Pentágono,
el Consejo de Seguridad Nacional y hasta por la CIA. Cada vez es mayor el número
de funcionarios provenientes de estas instancias que ocupan puestos de
embajador en América Latina y el Caribe.
La estrategia de Estados Unidos está
encaminada a fortalecer su presencia en la región. En perspectiva, han cobrado
particular importancia el Atlántico Sur dada su cercanía a la Antártida que
está regulada por un tratado que fenece en 1941, el Amazonas principal reserva
de oxígeno y biodiversidad del planeta y la triple frontera donde se encuentra
el acuífero guaraní, mayor reservorio de agua del mundo.
Esto es lo que da sentido a los
intentos de Estados Unidos de reinstalar la guerra fría en la región, esta vez
en contra de China y Rusia. Esta lógica explica la decisión de instar a seis
países latinoamericanos a donar su equipamiento militar ruso a Ucrania,
excluyendo -por supuesto- de esta solicitud a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Richardson advirtió que después de China, Rusia es el adversario número dos de
Estados Unidos en la región, recalcando el gran valor estratégico de la misma
para su país.
La generala estadounidense ha
denominado a China como “actor estatal maligno”
después que 21 de los 31 países
de la región se han adherido a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, al
mismo tiempo que se ha incrementado la inversión de Beijing en infraestructuras
críticas como puertos de aguas profundas, la investigación espacial o las
telecomunicaciones, con las redes 5G y la empresa Huawei.
Richardson ha resaltado el papel
“protector“ que va a ejercer Estados Unidos sobre la región porque ser buenos
vecinos pasa por “cuidar el uno al otro” lo cual “obliga” a Washington a
hacerse cargo de luchar contra las redes de delincuencia organizada que se
dedican a la trata de personas, el contrabando de droga, la tala no
reglamentada y la minería ilegal y especialmente “porque es una región rica en
recursos y tierras raras, con el llamado Triángulo del Litio que posee el
60% de las reservas mundiales (en Argentina, Bolivia y Chile) un metal muy
necesario para la tecnología”.
De la misma manera, Richardson ha
dicho que a Estados Unidos le interesa el petróleo (dadas las grandes reservas
encontradas en Guyana y las mayores del mundo existentes en Venezuela) así como el cobre y el oro de la región,
Igualmente es preocupación de Estados Unidos que el oxígeno y el 31% de agua
dulce de la Tierra se encuentra en el Amazonas. Por todo esto –según ella- se
debe mantener alejada a China que se ha convertido en principal socio comercial
de varios países de la región.
Esta lógica se inserta en la
Estrategia de “disuasión integrada” de Estados Unidos, una modalidad renovada
de la Doctrina de Seguridad Nacional que se propone agrupar bajo conducción del
Pentágono “todas las capacidades tanto civiles como militares de gobiernos,
empresas, sociedad civil y academia de Estados Unidos y de todos sus aliados”.
En la XV Conferencia de ministros de
defensa de las Américas realizada en Brasil en julio de 2022, el secretario de
Defensa, Lloyd Austin presentó esta
estrategia a sus pares de la región. Dos meses después, en septiembre,
Richardson insistió con ella ante 14 jefes militares en la Conferencia de
Defensa de América del Sur.
El interés de Estados Unidos tiene una
perspectiva regional que se sustenta en la necesidad de su control desde que hace 200 años cuando fue
enunciada la Doctrina Monroe. Pero en la perspectiva global, las fuerzas
armadas latinoamericanas constituyen un potencial combativo que no puede ser
desestimado. En 2018, Brasil contaba con 334 mil militares activos, Colombia
con 200 mil y Argentina con 51 mil. La OTAN cuenta con 3,5 millones de
activos entre personal militar y civil. Según el centro de estudios CELAG, tan solo
Brasil y Colombia aportarían más activos a la OTAN que los miembros europeos
anexados en la década de 1990. En este sentido vale hacer la comparación,
considerando que por ejemplo Argentina
tiene activos similares a los de Bulgaria (24 mil 800) y República Checa (25
mil) juntos.
Para entender mejor toda esta
situación y conocer la intensa actividad imperial para controlar el espacio
latinoamericano y caribeño, vale hacer una revisión de la forma como se ha ido
materializando la intervención de Estados Unidos y la OTAN en algunos países de
la región:
Paraguay
El Plan Maestro para la Navegabilidad
del río Paraguay es una iniciativa del gobierno de ese país para
“maximizar la utilización de esa vía navegable”, pero fue el embajador de
Estados Unidos Marc Ostfield quien hizo el anuncio. La obra está siendo apoyada
por capitales de Estados Unidos y será llevada adelante gracias a los servicios
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, lo cual generó
gran preocupación en Argentina que considera que tal decisión va a significar
un control del territorio por parte de fuerzas extranjeras. De más está decir
la relevancia de la zona que forma parte de la Cuenca del Plata, la quinta
reserva de agua dulce más importante del mundo en extensión
Así mismo, Washington no ceja en sus
añejas intenciones de instalar una base militar en la Triple Frontera
(Argentina-Paraguay-Brasil), con la excusa del combate al terrorismo
internacional y al narcotráfico. En ese marco, los intentos de militarizar la
región y cambiar las “reglas de juego” para que Estados Unidos pueda establecer
territorios bajo su control permanente son considerados en Argentina como
sumamente peligrosos. Así mismo, algunos líderes políticos locales han
expresado preocupación de que su región se vea sumida en una lógica de
confrontación entre Estados Unidos y China.
Aunque el gobierno paraguayo ha dicho
que el proyecto comprende "una cooperación con especialistas de Estados
Unidos" que incluirá el estudio de los ríos, pero que no contempla una
cooperación de carácter militar, la total subordinación de Asunción a Estados
Unidos hace dudar de esa aseveración. En términos geopolíticos también se
considera el hecho de que Paraguay es el único país de América del Sur que no
tiene relaciones con China.
Argentina
Desde la perspectiva argentina la
decisión de Asunción de atraer a las fuerzas armadas de Estados Unidos para
avanzar en la navegabilidad del río Paraguay se relaciona hoy con el creciente
comercio de alimentos, lo cual, en el marco de la guerra en Ucrania, se
volvió estratégico.
El fin de la hidrovía es
permitir la navegación de naves de gran calado con grandes volúmenes de carga
los 365 días del año, rectificando el trayecto y eliminando islas y otros
obstáculos. La presencia de especialistas del Ejército de Estados Unidos le da
al proyecto un carácter muy distinto a lo que originalmente se presentó como
una obra civil.
Por otra parte, Estados Unidos ha
mostrado preocupación porque el Estado argentino se propone realizar una nueva
licitación para el dragado del río Paraná, (que recibe aguas del Paraguay) y
algunas de las empresas que intentarán ganarla, son de origen chino.
Para Estados Unidos la Triple Frontera
entre Argentina, Brasil y Paraguay es de primordial importancia, El Comando Sur
manifestó haber identificado fuentes de financiación de “organizaciones
terroristas” basadas en Asia Occidental, mencionando al Hezbolá libanés y al
Hamás palestino. Para contrarrestar esta supuesta amenaza se creó un mecanismo
multilateral denominado 3+1 con los tres países sudamericanos y Estados Unidos.
Washington también ha manifestado sumo interés en la Patagonia
argentina. En ese marco el pasado 8 de agosto el embajador de Estados Unidos en
el país asistió en la ciudad de Neuquén (ubicada a unos 1140 Km. al suroeste de
Buenos Aires) a una reunión con representantes de las corporaciones petroleras
más poderosas del mundo.
Cuatro años antes, en 2018 se anunció la construcción de instalaciones
diversas, en un predio fiscal bajo dirección y financiamiento del Comando Sur de
Estados Unidos. Aunque su embajada en Argentina se apresuró a informar que las
obras eran parte de un proyecto de “ayuda humanitaria” cuyo objetivo era
mejorar la capacidad de respuesta de Neuquén frente a desastres naturales, la
sociedad civil neuquina ha rechazado tal idea, toda vez que la misma se ha
caracterizado por el secreto, la falta de información y la ausencia de
comunicación en torno a saber qué ha obtenido Argentina a cambio de la cesión
de dicho territorio en una zona que es considerada de alto valor estratégico.
El proyecto caracterizado de “base militar camuflada” según un
reporte del periodista Ariel Noyola Rodríguez publicado en el portal RT forma
parte de una estrategia de alcance continental que se ha caracterizado como una
novedosa forma de intervención militar en la región: el programa de 'Asistencia Humanitaria y Respuestas a Desastres
Naturales', auspiciado por el Comando Sur de Estados Unidos,
Por otra parte, no se puede obviar en este análisis que parte
del territorio argentino se encuentra ocupado por la fuerza la OTAN. En Malvinas
se encuentras dislocados entre 1500 y 2000 efectivos militares británicos,
algunos de forma permanente, así como aviones caza bombarderos de última
generación
Colombia
Como “socio global” de la OTAN,
Colombia goza de atención privilegiada por parte de la alianza guerrerista.
Como expresión de ello, en tiempos recientes, Estados Unidos está haciendo
grandes esfuerzos para instalar una base naval en la Isla Gorgona en el
Pacífico colombiano no se detienen a pesar del gran rechazo de científicos y de
organizaciones civiles de la región que se proponen salvaguardar un
conjunto de derechos que serían vulnerados. Estas organizaciones consideran que
la instancia estadounidense que financia las obras de la base (Oficina
Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados
Unidos) genera una pérdida de soberanía toda vez que pondría a la isla bajo el
poder de otro Estado.
De acuerdo con el Departamento de
Estado la administración Biden contempla además la compra de motores de barcos
por un monto de 2,6 millones de dólares para mejorar la capacidad operativa de
la Guardia costera en la isla.
Piedad Córdoba, senadora por el
gobernante Pacto Histórico, se pronunció a principios de diciembre en contra de
toda injerencia de Estados Unidos en Colombia a través de la instalación de
bases militares o a través del despliegue de sus fuerzas armadas, y le ha
solicitado al presidente Petro que cancele la obra. Córdoba ha manifestado que
resultaría extraño que Estados Unidos le preste tanta atención a una obra como
esta, si no se comprende que para Estados Unidos la región de la Cuenca del
Pacífico tiene carácter estratégico lo cual se “expresa a través del despliegue
de la Cuarta Flota y el Comando Sur con la instalación de bases militares,
entre ellas, la de la Isla Gorgona”.
Así mismo, la senadora opino que la
concreción de las obras en Gorgona que en los hechos significaría la
instalación de la novena base militar de Estados Unidos en Colombia podría provocar daños similares a los
ocurridos en Filipinas, Panamá y Puerto Rico, donde Washington ha conseguido
instalar bases militares.
También en Colombia, a principios del
mes de diciembre el presidente invitó a las fuerzas armadas de Estados Unidos y
la OTAN a la Amazonia para cooperar en la salvaguarda del territorio y combatir
el narcotráfico. Se adujo que la maquinaria, equipos y personal que se
introduzcan para realizar los trabajos, podrían ser reutilizados como “policía
para proteger” el medio ambiente cambiando la lógica tradicional de lucha
contra las drogas. Para ello, propuso la utilización de helicópteros Black Hawk
estadounidenses para apagar incendios argumentando que tal acción simbolizaría
un “cambio completo de lo que siempre ha sido la ayuda militar de Estados
Unidos”.
En este marco, ya en el gobierno de
Gustavo Petro, a finales de agosto del año pasado, las fuerzas armadas de
Estados Unidos y Colombia realizaron ejercicios conjuntos en el marco de la
OTAN. En ese contexto, Petro recibió a
la generala Richardson quien realizó una visita de cinco días al país.
Richardson se deshizo en elogios hacia “nuestro socio número uno en materia de
seguridad en la región”, describiendo a Colombia como el “eje de todo el
hemisferio sur” que según ella era
“libre y seguro gracias a los esfuerzos estabilizadores de Colombia”.
Al respecto, Petro afirmó -no se sabe
si con inocencia o ignorancia fingida- que había “logrado algunos cosas: la
conversación con la OTAN –de la cual somos miembros, no sé, un status rarísimo
ahí, pero ahí estamos metidos, creo que es el único país latinoamericano en
eso– que es llevar a esa alianza al cuidado de la selva amazónica, prestando
una colaboración tecnológica en esto”.
La
lucha por la defensa de la Amazonia como sujeto de intervención militar.
La idea de utilizar la lucha por el
medio ambiente como instrumento de intervención es bastante antiguo. Ya en
1989, Al Gore sentenció: “El Amazonas no es su propiedad. Nos pertenece a todos”.
En esa tónica, en 2019, en medio de los incendios en la Amazonía, el presidente
francés Emmanuel Macron instó llamó a los países del G7 a intervenir: “Es
una crisis internacional”, dijo, lo cual
tuvo eco hasta en el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
rememorando su época de líder de un país miembro de la OTAN. La red social de preguntas y respuestas Quora
consultó retóricamente: “¿Por qué la OTAN no invade Brasil para salvar el
Amazonas?”
Pero el presidente Petro no es tan
inocente como para suponer que Estados Unidos y la OTAN tienen buenas
intenciones en el Amazonas. Ha criticado públicamente la política de guerra
contra las drogas de Estados Unidos señalando sus obligaciones por ser el mayor
consumidor mundial. Petro afirmó: “Yo lo que intento es llevar el diálogo con
los Estados Unidos a un eje diferente que es el tema de la crisis climática y
de ahí la importancia de la selva amazónica. Con los Estados Unidos hemos
logrado que se cree ya la primera unidad militar con helicópteros Black Hawk”
La visita de Richardson a Colombia fue
parte de una gira que realizó por varios países de la región con el expreso fin
de contrarrestar la influencia de China y de Rusia, y de promover el
aislamiento de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
En noviembre Petro informó que el
presidente francés Emmanuel Macron le ofreció “ayuda” para preservar la
Amazonía. Hay que recordar que Francia posee un departamento de ultramar en la
Guayana Francesa, fronterizo con Brasil y a escasos 500 kilómetros de la
desembocadura del río Amazonas. En ese territorio se ubica la base de
lanzamiento de naves espaciales usada por el país y por Europa. Sin saber el
contenido del ofrecimiento ni la contra prestación que debía conceder Colombia,
el acuerdo entre los dos países ubica a Francia en una posición de influencia
en ambos extremos de la estratégica cuenca.
Ecuador
El pasado diciembre, Estados Unidos
aprobó una ley orientada a fortalecer la cooperación con Ecuador en materia de
defensa. Dicho instrumento denominado Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos
2022, forma parte de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional de
Estados Unidos y es posterior al también recientemente aprobado acuerdo en
materia de cielos abiertos, con miras a reducir tarifas, aumentar viajes y comercios
y estimular la creación de empleos relacionados con los puentes aéreos entre
ambos países.
Todo ello se quiere hacer entender
como una estrategia de fomento al comercio, pero los recursos comprometidos por
Estados Unidos (858.000 millones de dólares) van a estar bajo jurisdicción del
Departamento de Defensa, lo cual deja claramente establecida su orientación.
Antes, en septiembre, del año pasado
la generala Richardson, también visitó Ecuador donde se reunió con el
presidente Lasso y dirigió durante dos días la Conferencia Sudamericana de
Defensa Southdec 2022, a fin de coordinar “mecanismos para la lucha contra el
crimen organizado y el narcotráfico”.
Uruguay
El pasado 3 de febrero, el destacado
analista político uruguayo Julián González Guyer publicó en la revista Brecha
de Montevideo un artículo en el que informaba que el buque US Coast Guard
Cutter (USCGC) Stone, el más moderno de la Guardia Costera de Estados Unidos
entraría al puerto de Montevideo por 10 días. Según el articulista el navío estadounidense
permanecería unos diez días en aguas uruguayas bajo el argumento de “llevar a
cabo ejercicios de entrenamiento en operaciones de búsqueda y rescate en el mar
y de control de aguas jurisdiccionales con la Armada Nacional”. Pero en
realidad los objetivos del USCGC Stone son otros, a saber “obtener información
sobre el Atlántico Sur y, en particular, la actividad de los pesqueros chinos
en la zona”
Este es el segundo viaje del navío a
Uruguay, después del primero, realizado dos años antes para ejecutar
actividades de “patrullaje y apoyo a actividades de interdicción de pesca
ilegal en aguas de Guyana, Brasil y Uruguay” aunque la visita programada a
Argentina fue cancelada.
En esta ocasión, al igual que en la
anterior, la explicación pública acerca de los objetivos de la visita han
estado rodeada de contradicciones entre lo que ha informado el gobierno
nacional y la embajada de Estados Unidos en Montevideo.
González Guyer concluye señalando que
mientras el aprendizaje que pudiera haber obtenido la Armada uruguaya es nimio,
el barco estadounidense recogería “un significativo volumen de información
sobre nuestras costas, aguas jurisdiccionales y zonas adyacentes. También,
acerca de nuestra Armada y su oficialidad”.
Desde hace varias décadas atrás, la
Armada uruguaya fue entrenada por Estados Unidos para actuar como fuerza
dedicada a “proteger” la entrada al Río de la Plata, dándole espacio
privilegiado a la armada estadounidense en este aspecto. En esta lógica se
pueden inscribir las dos visitas del Stone a Uruguay en tan corto espacio de
tiempo.
Pero junto a ello, el Stone desarrolló
misiones de patrullaje del Atlántico Sur, junto a otros tres barcos,
estableciendo en los hechos un mayor control sobre un triángulo estratégico en
el Atlántico Sur y el estrecho de Magallanes entre Montevideo, Malvinas y la
3ra. Zona Naval de la armada de Chile con sede en Punta Arenas.
Guatemala
Aunque en 2021 el Congreso de Estados
Unidos emitió un decreto que prohibía la entrega de fondos a los ejércitos de
Guatemala, El Salvador y Honduras mientras no hubiera mejorías en el combate a
la corrupción, el Departamento de Defensa utilizó un subterfugio para burlar
tal decisión al utilizar una partida que
no está restringida.
La donación de vehículos militares J8
que Estados Unidos entregó al gobierno de Guatemala para combatir el
narcotráfico, en realidad fueron
utilizados para dar protección perimetral a agentes de seguridad privada que
quemaron casas de campesinos en El Estor, Izabal, en 2021. Esta donación se
inscribió en el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) que es el
programa de asistencia militar más grande aprobaba por el Congreso. Así mismo,
en 2018, el gobierno de Jimmy Morales los utilizó para amedrantar a la propia
embajada de Estados Unidos y a la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG) surgida de un acuerdo entre la ONU y las
autoridades del país.
Unos años después, el Congreso de
Estados Unidos limitó las donaciones de vehículos al ejército guatemalteco
habidos los antecedentes sobre el uso de los mismos. Ya en el actual gobierno
de Alejandro Giammattei, nueve congresistas demócratas pidieron explicaciones
al gobierno de Biden, pero la respuesta fue el silencio ante la decisión de las
fuerzas armadas de Estados Unidos de fortalecer al ejército guatemalteco. .
En este contexto, el pasado 13 de
octubre, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala anunció la
donación de 95 vehículos entre camiones, camionetas y motocicletas,
valorados un US$4.4 millones. Según el portal Prensa Comunitaria, el origen de
ese dinero es una partida presupuestaria del Departamento de Defensa (DOD)
aprobada en 2019, durante la administración del ex presidente Donald Trump.
En un comentario escrito por el
investigador Adam Isacson en el portal de la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA), asegura que “la donación se financió a través de una
autoridad de construcción de capacidad militar extranjera del DOD establecida
en 2017 como Sección 333 del Título 10 del Código de los Estados Unidos”.
Un informe del Servicio de
Investigación del Congreso (CRS) fechado en marzo de 2022 hace saber que “El
presupuesto de operaciones para el año fiscal 2021 prohíbe la ayuda a
Guatemala, El Salvador y Honduras, al mismo tiempo que condicionaba el 50% de
otras asignaciones del Departamento de Estado relacionadas con seguridad para
estos países, a que sus gobiernos combatan la corrupción, protejan los Derechos
Humanos y atiendan otras preocupaciones del Congreso”.
Isacson afirmó que se estaba
utilizando “un programa del DOD para proporcionar una categoría de ayuda que
Guatemala no puede recibir a través del principal programa de ayuda militar del
Departamento de Estado”, toda vez que se utilizó un presupuesto alternativo
para financiar al ejército de Guatemala pasando por arriba de las limitaciones
establecidas por el Congreso que el DOD desestimó y no tuvo en cuenta.
Panamá
En octubre del año pasado, la generala
Richardson arribó a Panamá en su segundo viaje al país en menos de 5 meses. En
esta ocasión, el motivo de la visita fue la realización de una “reunión
bilateral sobre seguridad”. En su primer
viaje del año, en junio, la Jefa del Comando Sur discutió con las autoridades
panameñas temas referidos a la seguridad y la crisis migratoria regional. Así
mismo, participó en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel (DSAN) entre Panamá y
Estados Unidos que se celebró en ese país.
La problemática migratorio ocupó lugar
central en las deliberaciones cuando Panamá enfrentaba una crisis en esa materia.
En el contexto, solo unos días antes, en Estados Unidos había entrado en
vigencia una nueva política que legalizó la expulsión de nacionales venezolanos
que intentaban ingresar por la frontera terrestre con México o que habían
llegado de forma irregular a Panamá.
Sobre este asunto, la directora del
Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, Samira Gozaine, informó que
estaban “clamando a la Embajada de Estados Unidos que nos ayuden, nos asistan
económicamente como hacen con otros países. Para Estados Unidos, la crisis
migratoria generada por sus propias políticas, se ha transformado en una gran
oportunidad de intervención e injerencia “legal” en los asuntos internos de los
países de la región.
Brasil
Durante una visita a Brasil en
septiembre del año pasado, la generala Richardson manifestó que había un
“esbozo” de fuerza militar conjunta entre su país y Brasil con helicópteros
para -presuntamente- luchar contra los incendios en la selva amazónica.
Según el analista uruguayo Luis
Vignolo “la información pasó muy desapercibida, quizás no casualmente, mientras
los medios dominantes miran en otras direcciones”. Pero lo cierto es que
hubo fuertes acercamientos en el ámbito militar entre los dos países
durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Tres meses antes, durante la IX
Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, California, entre el 6 y el
10 de junio, Brasil y Estados Unidos anunciaron un grupo bilateral de respuesta
rápida a fin de combatir la deforestación de la Amazonia brasileña, para lo
cual se creó un grupo de trabajo de alto nivel conformado por autoridades de
ambos países.
Como antecedente, en agosto de 2019,
Donald Trump había designado a Brasil como “aliado preferencial extra OTAN de
Estados Unidos” para beneplácito de Bolsonaro y de su vicepresidente, el
general retirado Hamilton Mourão. Según
Vignolo, “Mourão hizo referencia en ese marco al rol de las Fuerzas Armadas
brasileñas como garantía frente a la toma del poder por quienes considera enemigos,
en lo que pudo ser considerado una advertencia contra la oposición al gobierno
derechista”.
La irrupción violenta de bandas
fascistas pocos días después de la toma de posesión de Lula -al igual que había
ocurrido dos años antes en Washington con el protagonismo de los seguidores de
Trump- y la actitud de las fuerzas armadas ante el hecho, parecieron marcar la pauta de cuál sería el
comportamiento de los militares en el desempeño de las funciones presidenciales
de Lula, generando una amenaza aceptada por los sectores más reaccionarios del
establishment estadounidense y por importantes sectores de sus fuerzas armadas
que consideran a sus pares brasileños como importantes aliados para el control
estratégico de la región.
Lula tendrá que enfrentar los
intereses estadounidenses y europeos sobre la Amazonía, sobre todo ahora que su
“corrimiento” hacia posiciones de centro le ha hecho acercarse al partido
demócrata que controla la administración en Estados Unidos y la social
democracia europea, que gobierna en países como Alemania y España con quien ha
establecido lazos privilegiados que podrían facilitar el acercamiento de sus
fuerzas armadas a Brasil para un supuesto “manejo sustentable” de la Amazonia.
De hecho, ya Lula los ha invitado a “invertir” en proyectos ecológicamente
sostenibles en la región y ha asegurado que eso se hará respetando la soberanía
brasileña. No obstante, no se tienen muchos detalles al respecto.
El muy informado analista y escritor Andrew Korybko que
ha investigado mucho sobre “guerras híbridas” ha advertido que “una fracción
del PT podría ser usada por Estados Unidos para sus fines injerencistas”. Así
mismo ha manifestado su opinión en torno a que la intervención estadounidense
en Brasil no cesará bajo el nuevo gobierno de Lula, pero sí cambiará de forma,
asumiendo un tipo de “desestabilización radical” para dar pretextos a la OTAN
de intervenir y ´salvar` a un Lula políticamente maniatado”.
Koriybko opina que “todos los
elementos para una desestabilización total del Brasil están servidos, habida
cuenta los problemas estructurales de la economía, el escaso peso parlamentario
del partido de gobierno y la seria polarización en la calle entre los
partidarios de Bolsonaro y los partidarios de Lula”.
Bolivia
El plan secesionista en Bolivia es de
larga data. Tuvo un momento de realización tras el golpe de Estado apoyado por
Estados Unidos contra el presidente Evo Morales en 2019 y recientemente ha
rebrotado en la forma de violento “paro cívico” organizado por un grupo
paramilitar fascista del departamento de Santa Cruz que forma parte de la
Amazonía boliviana que constituye el 43%
del territorio nacional.
El operador principal de la política
estadounidense contra Bolivia ha sido Mark Falcoff, asesor de la administración
Bush para América Latina. En su artículo “¿Los últimos días de Bolivia?”, publicado
en American Outlook en mayo de 2004, Falcoff “predijo” la división étnica de
Bolivia tras la oleada de levantamientos populares que desembocaron en el
derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en 2003.
En su artículo, Falcoff señala
que: “… es un hecho fundamental sobre Bolivia, saber que es una
sociedad dividida a lo largo de dos grandes líneas de fractura: la raza y la
geografía”. Falcoff contrasta la situación en la “Bolivia andina, pobre, con
cultivos de coca para fabricar droga, violenta, subdesarrollada y levantisca
con la próspera Santa Cruz, que generando el 51% de los ingresos del país solo
recibía ´un pequeño porcentaje` de las ganancias generadas por el petróleo y el
gas”.
Por eso, Falcoff recomendaba una nueva
Constitución que debería “remediar la necesidad de descentralizar la
autoridad y los recursos” acompañada de “un verdadero intento de
solución federal, con una redistribución regional de los recursos y una
política energética racional”
En esta lógica se insertaron el plan
que devino en el golpe de Estado contra Evo Morales y la reciente intentona
fascista para repetir tal hecho, aunque
ahora se han elaborado modificaciones operativas sin cambiar el objetivo de
derrocar al gobierno. En la mira del Pentágono está –como lo ha hecho saber
abiertamente la generala Richardson- los gigantescos yacimientos de litio que
no se encuentran en la zona amazónica del país, sino en el altiplano andino. La
explotación y posterior industrialización del litio por empresas extranjeras no
estadounidenses despiertan preocupación en Washington que no ceja en sus
intenciones de desestabilizar el país.
Perú
El pasado 18 de enero de 2023 la
presidenta de Perú, Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola le
dirigieron un oficio a José Daniel Williams, presidente del Congreso de la
República en el que solicitan aprobación para autorizar “el ingreso de unidades
navales y personal militar extranjero con armas de guerra al interior de la
República”. Eso debe leerse como ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos
en el momento de grandes movilizaciones contra el gobierno que ha derrocado al
presidente Pedro Castillo y ha usurpado el poder, lo cual ha sido resistido por
importantes sectores de la población que han sido sometidos a una fuerte
represión. Estas acciones han tenido el abierto y claro apoyo de la embajada y
el gobierno de Estados Unidos.
México.
De última hora, cuando cerraba este
trabajo, llegó la información de que dos representantes del partido republicano
de Estados Unidos, Dan Crenshaw y Michael Waltz,
presentaron ante el Congreso de su país un documento para autorizar a las
Fuerzas Armadas a realizar operaciones contra carteles mexicanos, sin contar con
la aceptación del gobierno de ese país.
De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador
rechazó la posibilidad de que Estados
Unidos decida “quién es el bueno y quien es el malo” auto asumiéndose como
“gobierno del mundo”, con potestad de intervenir por la fuerza en cualquier
país del planeta.
Conclusiones
Para finalizar, es válido tener en
cuenta que la adopción por parte de Estados Unidos de su nuevo concepto militar
de “disuasión integrada” en el que manifiesta supuestos “valores compartidos”
con América Latina que en realidad no existen, persiguen incorporar a los
países de la región a su guerra global contra China y Rusia.
Esta “disuasión integrada” es una
suerte de agrupamiento de los recursos de los países de América para combatir a
un enemigo supuestamente común.
Washington llama a la “unidad” para enfrentar a quien ha definido
unilateralmente como enemigo, que no necesariamente es el mismo de América
Latina y el Caribe, que más bien debe apostar por la neutralidad y la búsqueda de la paz.
Lo decía con mucha precisión en
Ecuador la jefa de Comando Sur al afirmar que “el avance de China es un
problema de seguridad nacional”. Agregaba que Estados Unidos y América Latina y
el Caribe debían “trabajar juntos como un equipo, jugando en nuestras respectivas
posiciones de manera armoniosa y altamente efectiva para resolver ese
problema”.
Como se ha visto, los instrumentos son
variados, las acciones manifiestan distintas dimensiones y características,
pero todas apuntan a mantener a la región sujeta al control estratégico de
Washington,
NOTA:
Este artículo no ha recogido la acción intervencionista de Estados Unidos en
Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque ella ha sido permanente y continua por más
de 60, 40 y 20 años respectivamente. Cada uno de ellos ameritaría un informe
especial.
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