CHILE SUMIDO EN LA CORRUPCION,NARCOTRAFICO E IMPUNIDAD:
La corrupción de los uniformados

Por Juan Pablo
Cárdenas, escritor, académico, periodista y analista internacional/ Diario RED, Inter Press Service (IPS), xinhuanet, la jornada de México, Other
News, Tektonikos, red latina sin fronteras, en red, el salto diario, el clarín
de chile, ACHEI, ADDHEE.ONG
Este Chile
virtual de la clase empresarial CMPC/SOFOFA que impuso la dictadura cívico
militar en el contexto de su política
bajuna y su Constitución/artilugio de 1980, se carece de memoria, de dignidad
y de vergüenza: “Nadie entiende a
nadie”...
-Cuando las
miserias morales asolan a un pueblo, a un país,
la culpa es de todos , los que por falta de coraje civil, educación e
ideales o lisa y llanamente por oportunismo, no han sabido amarlo como Patria
de todos, ni defenderlo de los enemigos que sobreviven parasitariamente de ella, sin trabajar, corrompiéndola, enajenándola, cuya única Patria es la celestina
universal/el dinero y el narcotráfico. Frente a estas fuerzas inmorales de ayer
y de hoy, el Pueblo subyugado debe despertar,
levantar su voz y la bandera de
la esperanza , y de la dignidad para salvar la Patria sumida en la corrupción, el narcotráfico y la
impunidad, entre otras lacras...
Con esperanza
y memoria, la firmeza del Pueblo Digno que lucha por la vida y la Dignidad, es
la única propiedad plena del ciudadano: “No hay ciudadano son Patria ni Dignidad,
ni Patria sin Libertad...”
Una vez más, ¡atrévete a pensar ciudadano(a) chileno(a)
que amas a tu Patria!:
En nuestro
Chile desaparecido se nos enseñó a que son
verdades evidentes el que todos los seres humanos- mujer y hombre-, han sido creados iguales, dotados por su creador la Madre Naturaleza
con ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la Vida, la Dignidad,
la vivienda y el trabajo Digno, la educación y la atención médica, pública y de
calidad, etc. ¡Y la búsqueda de la felicidad!. Para asegurar estos derechos se han
instituido entre los ciudadanos – mujeres y hombres-, los gobiernos, cuyo poder depende del
consentimiento de los gobernados.
Cuando cualquier forma de gobierno perjudica, conculca estos fines, el
Pueblo Soberano tiene el derecho
a alterarla o abolirla e instituir una nueva.
La Soberanía reside en el Pueblo, es única,
indivisible e inalienable...
A partir de 1990, se anunció por los medios mediáticos
mercuriales globalizado, controlados por la clase empresarial CMPC/Sofofa y sus administradores, la clase
burguesa concertacionista politicastra/castrense corrupta, que la alegría había
llegado: ¿para quienes? Para los
casi mil ochocientos (1800) campamentos/
poblaciones callampas, un 8%
sobreviviendo, con un 6.5%, que
corresponde a la pobreza extrema, es
decir, la miseria, ¡NO!, éstos seres
humanos, chilenos marginados,
desechables, descartables, no cuentan,
no existen. La OCDE, reconoce a este
Chile vigente, exitista y autocomplaciente como el peor por la inequidad reinante...
Las ciudades
ás importantes se llenan de condominios de lujo, de edificios construidos con
el saqueo de las arcas fiscales y los dineros del narcotráfico. Frente a esta
patética realidad se guarda un cómplice silencio por la clase politicastra,
castrense corrupta preocupada por la próxima elección presidencial y la
construcción de un monumento al inefable Sebastián Piñera Echeñique. Despúes de
la elección “obligatoria” los ganadores de ella
le construirán el monumento al dictador Pinochet.
Como colofón,
una vez más, ciudadano chileno
consciente atrévete, a pensar, “bajo el sistema capitalista determinista,
globalizado/hegemónico no hay destino
viable para la Humanidad” La ley
fundamental de este perverso
sistema es la desigualdad. “La injusticia no reside en la aplicación
desigual de los derechos, sino en
postular precisamente su
igualdad....” Aplicar la igualdad en los
que están sobreviviendo en la desigualdad, no hace otra cosa que profundizar
ésta última. ¡Sapere aude!
Con esperanza
y memoria, “sólo merecen la libertad y la vida quienes cada día las
conquistan...”
Prof. Moreno
Peralta/IWA
Secretario
ejecutivo Addhee.com
Ya se acepta que el crimen organizado está sentado
en la mesa de nuestra institucionalidad, pero pocos creían que la penetración
en la política, la Justicia y los gobiernos regionales como comunales iba a
continuar con su ingreso en los cuarteles, barcos y aviones, como ya consta en
varios procesos judiciales.
Ciertamente, los puntuales delitos que hoy se
descubren pueden ser solo indicio de una corrupción más profunda y severa, toda
vez que el mundo político y los jueces prefirieron hacer vista gorda sobre lo
que era un secreto a voces. La cobardía demostrada ante los uniformados ha sido
patética en toda nuestra historia y es posible que hoy poco se pueda hacer, ya,
para frenar la codicia e impudicia de nuestros institutos armados. Ellos
tienen el poder de las armas por ello es que en toda nuestra evolución
institucional han sido tan habituales aquellos episodios en que los uniformados
se han rebelado contra la autoridad civil, pisoteando la Constitución y la Ley
que han jurado acatar. Hasta se permitieron 17 años de “gobierno”/régimen
interrumpido y violaciones de los Derechos Humanos, por lo que resulta tan
falso hablar de nuestra larga trayectoria democrática.
El mal ejemplo de la política y las
instancias civiles siempre les ha servido de acicate para su propia corrupción.
Pinochet mismo finalmente se descubrió como un ladrón, además de sus crímenes
contra los derechos del pueblo. En más de mil cuentas bancarias en los Estados
Unidos acumuló y guardo el dinero arrebatado al fisco y como producto de
negocios ilícitos. Qué pudor habría de tener en este sentido después de asesinar,
torturar, hacer desaparecer y exiliar a miles de compatriotas.
Lo grave es que desde el mismo gobierno de Patricio
Aylwin el Estado hizo caso omiso del millonario despojo de empresas y otros
bienes del Estado materializados por el régimen civico militar. La clase politicastra
temió que la ira uniformada en cualquier momento interrumpiera el proceso
político, por lo que se le toleraron sus despropósitos al propio ex dictador,
como al conjunto de las Fuerzas Armadas y de orden.
Este silencio cómplice sirvió a su vez a los
primeros actos ilícitos de la política. A los sobresueldos del régimen
de Lagos y el escándalo del MOP-Gate; el caso Penta y el financiamiento
irregular de la política; el Caso Caval que involucró al hijo y la nuera de
Michelle Bachelet y, recientemente, el denominado escándalo de los convenios o
fundaciones que se calcula en millones de dólares repartidos transversalmente
entre los dirigentes y partidos políticos oficialistas y opositores. Mientras que las demandas sociales seguirán
postergadas.
Todo esto a vista y paciencia de los militares que
tienen más recursos que los tribunales y los medios de comunicación para
descubrir estos ilícitos y sumarlos a sus irregularidades. Ciertamente que la
“inteligencia militar” siempre fue eficaz en descubrir los delitos de los
otros, más que entre los que se guarecen en sus filas. Conocidos son también
los delitos de los gendarmes al interior de las cárceles y su colaboración con
los capos de las drogas que manejan sus negocios tras las rejas.
Por alguna extraña razón son muchos los chilenos
que todavía confían en la honorabilidad de las Fuerzas Armadas. Parecen
olvidarse muy rápidamente de aquellos sórdidos episodios de nuestra historia en
que éstos han traicionado el llamado Estado de Derecho convirtiéndose en
verdugos de quienes confiaron en su lealtad e, incluso, vocación democrática.
Cuando todo dice que en sus organizaciones impera la verticalidad de mando. El
implacable mandato de los oficiales sobre sus subalternos, lo que los ha
llevado, incluso, a provocar la muerte de esos 45 conscriptos en Antuco,
abatidos por el frío en un absurdo y criminal operativo militar. Episodio tan
grave y alevoso como el de la misma Caravana de la Muerte, durante la Dictadura
cívico militar, y que contó entre sus víctimas a casi un centenar de
prisioneros políticos.
Cobardía más que negligencia ha sido la de la
política y la judicatura en relación a los uniformados, y ahora parece ser
tarde para descubrir y sancionar la infiltración del crimen organizado en las
instituciones castrenses. Todos los meses se sabe de la desaparición de armas y
pertrechos militares desde los regimientos, como los sobornos en la compra de
tanques y aviones, las malversaciones de caudales públicos, las facturas falsas
para lavar dinero, como de otros tantos delitos cuyas denuncias por la prensa
desaparecen en breve tiempo en favor de la impunidad muy posiblemente
consentida por las autoridades civiles.
En materia presupuestaria constan los recortes
convenidos por La Moneda y los parlamentarios opositores que afectan a la
educación, las obras públicas, incluso la salud. Pero existe total hermetismo
respecto de los recursos que le asigna el fisco a las Fuerzas Armadas, a pesar
de que poco tiempo atrás tanto se prometía el recorte de sus abultados
presupuestos. Son muy pocas las voces que actualmente demandan la reducción de
los onerosos e inútiles gastos militares, en un país que suma más de cien años
sin conflictos con nuestros vecinos.
En relación a los funcionarios públicos, los
militares siguen siendo privilegiados por sus breves años de servicio activo,
sus altas remuneraciones y el sistema propio de previsión. Nadie osa revisar
esta situación e instalar la “igualdad ante la ley” que debiera regir al
respecto.
Tampoco se les exige a los uniformados someterse a
los test para medir su posible adicción a las drogas, especialmente a aquellos
soldados apostados en las fronteras y en quienes existe mayor riesgo de ser
tentados por el más lucrativo de los negocios. Pésimo, entonces, que el propio
Presidente de la República, sus ministros y otros altos funcionarios públicos
se resistan a los test que por ley debiera aplicárseles. ¿Se podrá combatir el
narcotráfico en un país en que los propios supervisores se resisten a hacerse,
por ejemplo, la “prueba del pelo”, uno de los test más efectivos para comprobar
este tipo de adicciones. ¡Qué horrible mal ejemplo ante el mundo el de nuestras
autoridades como el de los miles de uniformados expuestos a las tentaciones del
narcotráfico!
Hace tiempo que los chilenos debieran abandonar los
mitos que existen sobre la probidad de los uniformados y asumir lo que es ya
una verdad histórica. Esto es, que son las Fuerzas Armadas las que constituyen
el principal peligro para la estabilidad de nuestro sistema institucional con
sus golpes de estado y cuartelazos. Más aun cuando sus efectivos compiten en
corrupción con los políticos, jueces y fiscales así como con el empresariado
siempre ávido por sumar beneficios de parte del sistema económico social
imperante.
Lo
subrayado/interpolado es nuestro.




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