CELAC, Unasur o BRICS: El falso dilema de la integración regional
Prolegómeno: es la hora
de nuestra América Latina y Caribeña.
En la Integración regional latinoamericana-caribeña, el progreso
de la solidaridad se
caracteriza en el porvenir por el
desarrollo de organismos jurídicos, políticos, económicos y morales que
regulan las relaciones de los pueblos. Un equilibrio
instable y perfectible permitiría
la coordinación de las partes
armonizando el bienestar del pueblo de las regiones de los Estados...
Algunos ignorantes,
desquiciados olvidando que la humanidad no es
un mito homogéneo, sino una
realidad heterogénea, tratan de imponer
la avidez /insania de una sola
nacionalidad
universal/hegemónica. Más justo es
presumir que por sobre los actuales Estados políticos carentes a veces de unidad moral, tiendan a constituirse grandes
nacionalidades capaces de
producir nuevos tipos de civilización,
considerando pueblos
similares. La solidaridad será natural,
fundada en semejanzas de origen, de interés,
de idioma, de sentimientos, de costumbres de aspiraciones...
Frente al desaguisado capitalista determinista
globalizado /hegemónico, el ideal de los
pueblos del Sur Socialista- no
confundirlo con socialdemócrata -, no alineado de la mundialización del Nuevo Orden Multipolar, es
un ideal de perfeccionamiento político, una coordinación federativa- la unidad
en la diversidad-, de países sociológicos afines que respete sus
características propias y las
armonice en una poderosa nacionalidad común.
Ninguna convergencia histórica parece más natural que una federación de
los pueblos de América Latina y el Caribe. Disgregados hace más de dos siglos
por la incomunicación, el feudalismo, el rastrerismo de la clase oligarca empresarial financiera, agrícola
monopolista y su testaferra la clase
politicastra castrense corrupta al servicio incondicional del régimen de Estados
Unidos. Hora es de plantear de nuevo, el problema de su
futura unidad nacional, extendida desde el Rio Bravo a la Antártida.
Esta posibilidad histórica merece convertirse en ideal común, pues son comunes
a todos sus pueblos las esperanzas de progreso y los peligros de vasallaje. Si
no llegara a cumplirse tal destino, sería inevitable su colonización por
el odioso imperialismo estadounidense/yanqui, que desde décadas les impone la maldita doctrina de Monroe en su patio
trasero.
Frente a las fuerzas inmorales empresariales oligarcas y
su testaferra la burguesía politicastra
castrense corrupta, la esperanza de acercarnos a una firme solidaridad que solo
puede ser alcanzada en la nueva generación, si logra ser tan nueva por su espíritu como por sus años. Sea
ella capaz de resistir a las tentaciones
del presente, mientras adquiera las
fuerzas morales que la capaciten para emprender el gran desafío del porvenir, desenvolver la justicia social en la
nacionalidad Continental Latinoamericana y Caribeña.
Con esperanza y memoria que sólo merecen la libertad y la
vida quienes cada día las conquistan, “Luz, más luz”
Prof. Moreno Peralta/ IWA
Secretario ejecutivo Addhee. Ong
El debate sobre la mejor manera de ampliar el intercambio
comercial, cultural y político en América Latina está reabierto. La
flexibilidad estratégica sería una carta de valor, en particular frente a las
agresiones asimétricas de las potencias, especialmente de Estados Unidos y
la Unión Europea/OTAN/occidente.
En la IX Plenaria de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la presidenta Sheinbaum retomó el
espinoso asunto de la integración. “Les invito, que la CELAC convoque a una Cumbre por el bienestar
económico de América Latina y el
Caribe para hacer realidad
una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad
compartida y el respeto a nuestras soberanías”, declaró la mandataria en un
contexto de agresiones estadunidenses y la guerra comercial de Trump. Con esta
declaración y el traspaso de la presidencia pro tempore a Colombia, el debate
sobre la mejor manera de ampliar el intercambio comercial, cultural y político
en América Latina quedó reabierto.
La integración vuelve al primer plano, aunque sin un
consenso sobre la ruta idónea que la promueva. En Brasil, la expansión de los
BRICS es prioridad. En México, la presidencia de López Obrador buscó reactivar
la CELAC como contrapeso a la Organización de Estados Americanos (OEA) tras las
crisis políticas de Bolivia, Perú y Venezuela. En Colombia, Petro declaró que
solicitaría al próximo presidente de Ecuador reabrir el edificio de la
Secretaría General de la Unasur. En general, los líderes de México, Colombia y
Brasil manifiestan deseos tangibles de reactivar los mecanismos regionales de
cooperación, si bien persisten dudas ausente una institucionalidad propia. Se
carga a cuestas una experiencia frustrante.
La última gran apuesta de integración regional fue Unasur.
Inicialmente conocida como Comunidad Suramericana de Naciones, la agrupación
surgió de esfuerzos de varios años durante la primera ola de gobiernos
progresistas. Los presidentes suramericanos firmaron el Tratado Constitutivo en
mayo del 2008, mismo que entró en vigor en marzo del 2011 tras la ratificación
parlamentaria en 9 de los 12 países que eventualmente se adhirieron. México,
presa entonces de gobiernos panistas y acaso condicionado también por la
geografía, quedó excluido de una fiesta de corta duración.
Unasur fue un ambicioso proyecto que nació de la voluntad
política y de las trabas a la profundización del comercio regional. Las
simpatías ideológicas estaban ahí, pero además encontraron catalizadores
concretos. Por ejemplo, el entonces deseo de Bolivia, Ecuador y Venezuela de
entrar al Mercosur se vio frustrado por la rigidez normativa. La creación de
Unasur buscó no solo agrupar a los países andinos con los vecinos del sur, sino
también ampliar la cooperación transversal y la articulación geopolítica en un
contexto de creciente multipolaridad. Desde su origen, Unasur esbozó la
adopción de una moneda común (el “sur”) y designó una Secretaría Permanente con
sede en Quito, Ecuador. En su corta vida, estableció consejos de gobernanza y
sectoriales que constituyeron el espinazo de la organización. Pero fue incapaz
de trascender la etapa incipiente de consolidación y de sobrevivir el ocaso del
primer bloque histórico progresista.
La mayor debilidad fundacional de Unasur fue la regla del
consenso. El artículo 12 del Tratado Constitutivo establece que “toda la
normativa se adoptará por consenso”, aunque en realidad implica unanimidad a la
usanza de la Unión Europea. Con la clara intención de respetar la voluntad de
todos los Estados, otorgó un poder de veto de facto a cada miembro en toda
instancia de decisión. Este error de diseño institucional fue un llamado a la
parálisis crónica. La falta de consenso impidió la nominación de un nuevo
secretario general entre 2017 y 2019. En medio de una contraola conservadora,
entre 2018 y 2020 siete de los doce países miembros notificaron la denuncia del
Tratado y salieron de la organización. Sin embargo, la existencia jurídica
internacional perdura. Para Guillaume Long, exministro ecuatoriano de
Relaciones Exteriores, un modelo híbrido de toma de decisión que remplace a la
regla del consenso sería deseable. Sin embargo, dependiente hoy de la voluntad
política, las sombras de Milei y Noboa complican la reactivación de
Unasur.
Si revivir Unasur es hoy una quimera y CELAC cojea por su
carencia de tratado constitutivo y un cuerpo burocrático permanente, una
tercera vía pueden ser las agendas temáticas de los BRICS. Un ejemplo es la
adopción de una moneda común que funcionaría bajo un sistema dual y no uno
dominante como el del euro. Bajo la propuesta actual, cada país miembro
mantendría su moneda e introduciría la nueva denominación en el comercio
internacional. Cada miembro depositaría oro como colateral en el banco central
de los BRICS, mismo que regularía la oferta de divisas. En un futuro, las
naciones podrían acumular reservas en la nueva divisa conforme un banco central
o el Nuevo Banco de Desarrollo cree activos financieros que paguen interés. En
este caso, los países latinoamericanos socios de esta red podrían reducir la
dependencia del dólar e integrarse por vías indirectas bajo el gran paraguas de
los BRICS. Otras posibilidades irán sumándose en el camino.
Ante todo, Unasur, CELAC y BRICS son mecanismos simbióticos,
no mutuamente excluyentes. Cuando la losa de la ingeniería institucional pese,
CELAC serviría de foro político para responder con agilidad a la coyuntura. Sin
embargo, la amplitud conferida por los treinta y tres miembros dificultaría
lograr acuerdos vinculantes en materia de gobernanza y desarrollo regional. En
ciertos momentos críticos donde la divergencia legítima de intereses nacionales
pueda ser una limitante, entonces los BRICS y su plataforma en construcción
pueden dar mejor alternativa. La flexibilidad estratégica sería una carta de
valor para los países latinoamericanos, en particular frente a las agresiones
asimétricas de las potencias.
Es positivo que los presidentes Sheinbaum, Lula y
Petro reimpulsen la agenda de la integración. Sin embargo, con un calendario
electoral próximo en Brasil y Colombia, México enfrentará presiones de
liderazgo para evitar que una contraola conservadora como la que hundió a
Unasur entierre el buen momento. Como faro en el horizonte, no existe un camino
integrador único. Elegir entre CELAC, Unasur o BRICS es un falso dilema. Hoy,
los países con la voluntad política indispensable deben elegir la casilla “todas
las anteriores” como ruta de navegación hacia una imperfecta e incompleta pero
posible integración regional.
La
influencia de Estados Unidos en América Latina está en declive
La indignación y la resistencia ante las políticas de
intimidación de Trump, las deportaciones masivas y las represalias económicas
se extienden por América Latina/su patio trasero, aunque los grandes
medios de comunicación apenas les presten atención. En contraste, es bien
conocido la resistencia proveniente de Canadá y Europa Occidental, así como las
protestas en las calles y las asambleas de ciudadanos en Estados Unidos, además
de la gira “Luchando contra la oligarquía empresarial plutocrata”
protagonizada por Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.
La oposición a las políticas de Trump en América Latina
adopta múltiples formas. En algunos países, como es el caso de México, los
presidentes han forjado un frente común en torno al tema de los aranceles, que
incluye a empresarios destacados y a algunos líderes de la oposición. Por su
parte, mandatarios como Lula en Brasil impulsan iniciativas diplomáticas con el
objetivo de consolidar una postura latinoamericana unificada frente a las
medidas de Trump, fortaleciendo organismos regionales como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El repertorio de resistencia también incluye movilizaciones
callejeras. La más reciente se llevó a cabo el 12 de abril, cuando ciudadanos
panameños salieron a las calles en rechazo a la visita del secretario de
Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. El Frente Nacional por la Defensa de
los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), uno de los principales
convocantes, denunció los planes encubiertos de Washington para establecer
cuatro bases militares en el país. Las manifestaciones intimidaron al
presidente derechista José Raúl Mulino. Aunque Frenadeso lo tildó de “traidor”,
Mulino advirtió a Hegseth sobre los riesgos de llevar adelante la iniciativa.
“¿Quieren armar un lío?”, le dijo, y agregó: “Lo que se ha montado aquí podría
prender fuego al país”.
Frenadeso también
denunció la capitulación de Mulino ante las presiones de Washington, que
condujo a la salida de Panamá de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada
por China.
Tres temas alimentan la resistencia contra Trump en América
Latina: los aranceles, las deportaciones y la política de exclusión promovida
por Washington. Esta última abarca tanto el aislamiento de Cuba y Venezuela del
concierto de naciones latinoamericanas como la retórica y las acciones
destinadas a expulsar a China del continente.
Las políticas de Trump también han intensificado la
polarización que enfrenta a los gobiernos de izquierda y centroizquierda con
una ultraderecha estrechamente alineada con Washington y, en particular, con el
propio Trump. La indignación provocada por sus declaraciones incendiarias sobre
el Canal de Panamá y el Golfo de México, así como su política de deportaciones
masivas y aranceles, no hace sino fortalecer a las fuerzas progresistas
latinoamericanas en detrimento de la derecha.
¡Yanquis, go home!
También estimulan el sentimiento antiestadounidense, que,
según el columnista de Bloomberg Juan Pablo Spinetto, “está cobrando nueva vida
en América Latina”. Spinetto señala que “la dureza de su política de ‘lo tomas
o lo dejas’… dará un nuevo impulso al antiamericanismo…, debilitando el interés
en cooperar y establecer objetivos comunes”.
En una muestra contundente de repudio a una de las muchas
medidas infames adoptadas por la administración Trump, la primera ministra de
Barbados, Mia Mottley, agradeció la labor del personal médico internacional
cubano por su asistencia durante la pandemia de COVID-19. El secretario de
Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció sanciones contra funcionarios del
gobierno y sus familiares por su presunta “complicidad” en la promoción de las
misiones médicas cubanas. La medida también amenaza con imponer restricciones
comerciales a los países que colaboren con dichas misiones. Mottley afirmó que
no cederá en su defensa de la cooperación médica cubana y agregó: “Si el costo de ello es perder mi visa para
ingresar a Estados Unidos, que así sea. Lo que nos importa son los principios.”
Para colmo de males para Marco Rubio, durante una sesión
conjunta celebrada en Jamaica, justo después de que el secretario de Estado
elogiara las sanciones contra las misiones médicas cubanas, el primer ministro
Andrew Holness lo desestimó, en efecto, con una declaración contundente. “En lo que respecta a los médicos cubanos
en Jamaica, seamos claros: los médicos cubanos han sido increíblemente útiles
para nosotros”, afirmó Holness. Declaraciones similares fueron formuladas por
los primeros ministros de Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y
Trinidad y Tobago.
Derrota en la OEA
El 10 de marzo, Albert Ramdin, de Surinam, fue elegido
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la
retirada de su único contendiente, el canciller paraguayo Rubén Ramírez
Lezcano. Los principales medios de comunicación internacionales en gran medida
se guiaron por la afirmación del enviado de la Casa Blanca para América Latina,
Mauricio Claver-Carone, quien aseguró que “el secretario general de la OEA será
un aliado de Estados Unidos”. Claver-Carone agregó que el gobierno surinamés de
Ramdin “va por el camino correcto en lo económico… está atrayendo inversiones
extranjeras que no provienen de China”. Nada más alejado de la realidad. Ramdin
se opone a las sanciones impuestas por Washington y defiende el diálogo con el
gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Muy distinto es el caso de su rival
Ramírez, quien había prometido impulsar un “cambio de régimen” en Venezuela,
Cuba y Nicaragua.
Además, China, en su calidad de país observador ante la OEA,
respaldó la candidatura de Ramdin, mientras que los gobiernos de derecha y
pro-Trump de Argentina y El Salvador apoyaron a Ramírez. Ramdin defiende la
política de “una sola China”. Durante una visita a Pekín en 2006, declaró que
su objetivo era “ampliar y profundizar” la relación entre China y la OEA, una
estrategia que, evidentemente, sigue apoyando. En contraste, Paraguay es el
único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.
Ramdin debe su nominación no solo al respaldo unánime de las
naciones caribeñas, sino también al apoyo conjunto de los gobiernos
progresistas de Brasil, Colombia, Uruguay, Bolivia y Chile. Según se informó,
la iniciativa de Lula respondió al viaje de Ramírez a Washington, donde sostuvo
reuniones con asesores de Trump, tras lo cual se trasladó a Mar-a-Lago. Allí
posó para fotografías con el propio Trump y Elon Musk, imágenes que fueron
interpretadas como un respaldo virtual a su candidatura a la Secretaría General
de la OEA.
A pesar de las felicitaciones de Marco Rubio, el reemplazo
del incondicional de Washington, Luis Almagro, por Albert Ramdin como
secretario general de la OEA seguramente no fue bien recibido por el gobierno
de Donald Trump. La prensa de derecha fue más explícita. El portal argentino
Derecha Diario advirtió que Ramdin, con una “preocupante trayectoria alineada
con el socialismo… representa una amenaza para la independencia de la OEA y
busca favorecer a los regímenes dictatoriales de izquierda en América Latina”.
El artículo también afirmó que Ramdin ha reconocido que “las misiones
diplomáticas de Surinam… trabajan ‘mano a mano’ con las de China”. Esta misma
narrativa ha sido impulsada por el congresista republicano Chris Smith, miembro
del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y copresidente
de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC).
Si el pasado sirve de guía, no sería sorprendente que la
administración Trump intente chantajear a la Organización de Estados Americanos
(OEA) con la amenaza de recortar sus aportes financieros, que actualmente
representan el 60 por ciento del presupuesto del organismo. De hecho, algunos
asesores del presidente han planteado en privado esa posibilidad. Por cierto,
Washington ya ha congelado sus “contribuciones voluntarias” a la OEA, lo que
podría ser el primer paso en esa dirección. La eventual retirada total de
Estados Unidos de una organización que considera hostil convergería con la
visión del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha abogado
por sustituir a la OEA por una organización latinoamericana inspirada en la
Unión Europea.
Desafiando al Hegemón
Después de que Trump anunció un arancel del 25 por ciento a
las importaciones mexicanas y canadienses, la presidenta de México, Claudia
Sheinbaum, convocó una manifestación para el 6 de marzo en la plaza central de
Ciudad de México con el fin de anunciar medidas de represalia. Aunque Trump
pospuso la medida, Sheinbaum decidió llevar a cabo la concentración de todos
modos, y la transformó en un festival para celebrar el repliegue de Washington.
Frente a una multitud
estimada en 350,000 personas —algunas de las cuales portaban pancartas con
lemas como “¡México se respeta!”— la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “No
somos extremistas, pero tenemos claro que… no podemos ceder nuestra soberanía
nacional… por decisiones de gobiernos extranjeros o potencias hegemónicas”.
El enfrentamiento con Trump ha contribuido a forjar un
“frente común”, en palabras de Francisco Cervantes Díaz, presidente del
principal organismo empresarial del país, quien aseguró que al menos 300
empresarios asistirían al mitin del 6 de marzo. También participaron en la
movilización algunos miembros de la oposición mexicana.
Pero los dos principales partidos tradicionales del país, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN),
se negaron a cerrar filas con la presidenta. Desde un principio,
responsabilizaron a la política antidrogas del partido gobernante MORENA de
haber provocado las medidas adoptadas por Trump. Posteriormente, la abanderada
del PRI-PAN, Xóchitl Gálvez, calificó de “desacertada” la amenaza de Sheinbaum
de imponer aranceles de represalia. El episodio, en el que un “frente común” en
torno a la presidenta se enfrenta a una oposición endurecida, es una muestra
más del alto grado de polarización que atraviesa la política en toda la
región.
La firmeza de la presidenta Sheinbaum tuvo un fuerte
eco en México, donde su nivel de aprobación alcanzó el 85 por ciento. Su
reacción frente a Trump contrastó marcadamente con la actitud sumisa del primer
ministro canadiense Justin Trudeau, quien acudió de inmediato a Mar-a-Lago tras
el anuncio inicial de los aumentos arancelarios por parte de Washington.
También el presidente panameño José Raúl Mulino sucumbió ante la presión.
La actitud civilizada de la presidenta Sheinbaum,
reflejada en el lenguaje mesurado que empleó, marcó la pauta para otros
presidentes progresistas de la región. Al referirse a su estrategia, afirmó que
“siempre es importante mantener la cabeza fría” al tratar con Trump. Su
enfoque, basado en el pragmatismo y la flexibilidad, pero sin renunciar a la
dignidad, contrastó con la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro,
quien inicialmente arremetió contra la política de deportaciones de Trump, pero
luego dio marcha atrás.
Inmediatamente después del anuncio inicial de aranceles por
parte de Trump, Lula y Sheinbaum sostuvieron una conversación telefónica en la
que coincidieron en la necesidad de fortalecer a la CELAC como una alternativa
a los vínculos comerciales con Estados Unidos. Al igual que la presidenta Sheinbaum,
Lula combinó la cautela con la firmeza; en un momento llegó a calificar a Trump
de “bully”.
El activismo internacional de Lula tiene como objetivo
promover una respuesta multilateral frente a la ofensiva arancelaria de Trump.
A fines de marzo, viajó a Japón para recabar respaldo a un acuerdo aduanero
propuesto entre ese país y el bloque del MERCOSUR, conformado por Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay.
El enfoque colectivo que proponen los gobiernos progresistas
de América Latina frente a los aranceles excesivos, con Lula a la cabeza,
contrasta de forma tajante con los acuerdos bilaterales impulsados por Estados
Unidos en la región desde 2005. Fue precisamente en ese año cuando los
presidentes progresistas latinoamericanos, liderados por el comandante Hugo
Chávez Frias, asestaron un golpe letal al multilateralismo estilo estadounidense
en la forma del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), para disgusto
del entonces presidente George W. Bush.
La polarización que enfrenta a los gobiernos progresistas,
partidarios de la integración latinoamericana, y a aquellos de derecha,
alineados con Washington mediante acuerdos bilaterales de libre comercio, se
hizo plenamente visible en la cumbre de la CELAC celebrada en Honduras en
abril. Los presidentes de derecha de Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador brillaron
por su ausencia, mientras que sus homólogos del espectro progresista
—representando a Cuba, Colombia, México, Uruguay, Honduras y Venezuela—
participaron activamente.
Especialmente significativa fue la insistencia de Lula en
que los países de la región se desvinculen del dólar mediante el comercio en
monedas locales. En una clara alusión a Trump, Lula afirmó: “Cuanto más unidas
estén nuestras economías, más protegidos estaremos frente a acciones
unilaterales”. Aún más explícita fue la anfitriona de la cumbre, Xiomara Castro
de Zelaya, quien declaró: “No podemos salir de esta asamblea histórica… sin
debatir el nuevo orden económico que Estados Unidos nos está imponiendo con
aranceles y políticas migratorias”.
Los presidentes de Argentina y Paraguay, Javier Milei y
Santiago Peña, se reunieron por separado en Asunción para rechazar la postura
unificada de la CELAC en materia arancelaria. Sus respectivos representantes en
la cumbre se negaron a firmar el documento final, denominado “Declaración de
Tegucigalpa”, en el que se expresaba el rechazo a las sanciones internacionales
unilaterales y a los aranceles impuestos por Donald Trump.
Ambas naciones objetaron el uso del término “consenso
suficiente” por parte de Xiomara Castro para referirse al respaldo obtenido por
la Declaración en la cumbre. Alegando que dicha expresión no existe en el
derecho internacional, Paraguay cuestionó si el documento final pudiera
emitirse en nombre de la organización e insistió, sin éxito, en que se
reconociera oficialmente la postura disidente de ambos países. La cuestión de
la idoneidad del término “consenso suficiente” fue retomada por sectores de
derecha en toda la región. Pero el debate trascendió lo semántico: la intención
era claramente desacreditar —cuando no sabotear— los esfuerzos encaminados a
consolidar la unidad latinoamericana.
La polarización que
perjudica a la derecha
Las políticas de Trump han intensificado la extrema
polarización en América Latina, desplazando a la centro-derecha tradicional y
dando paso a una ultraderecha cada vez más influyente, al mismo tiempo que la
izquierda ha ganado terreno en algunos países. Un caso emblemático es el de
Venezuela. La deportación de 238 venezolanos desde Estados Unidos a una cárcel
abarrotada en El Salvador, y de otros a Guantánamo, ha provocado indignación
entre los venezolanos.
Algunos han salido a las calles a protestar, incluidos
decenas de familiares que portan fotografías de las víctimas. Un cartel típico
dice: “Jhon William Chacín Gómez – Es inocente”. La esposa y la hermana de
Chacín Gómez declararon a la prensa que su único “delito” eran sus tatuajes. En
una muestra de solidaridad con Venezuela y en desafío al clima represivo que
impera en el país, manifestantes en El Salvador también exhiben pancartas con
imágenes de presos venezolanos. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a
una “Venezuela unida para rechazar y protestar en las calles” contra lo que
calificó como el “secuestro” de inmigrantes venezolanos.
El tema ha puesto en aprietos a la derecha venezolana,
encabezada por María Corina Machado. Ella es plenamente consciente de que
incluso la más leve crítica a la política de deportaciones de Trump podría
costarle el respaldo del mandatario. Por tal motivo, ha expresado un firme
respaldo a Trump en este asunto. “Respetamos las medidas tomadas en el
marco de la ley por gobiernos democráticos como el de Estados Unidos… para
identificar, detener y sancionar al Tren de Aragua, y confiamos en el estado de
derecho que impera en esas naciones democráticas”, declaró. Machado califica a
la banda del Tren de Aragua como “el brazo ejecutor del régimen de Maduro”,
reforzando así la narrativa de Trump que demoniza a los inmigrantes
venezolanos.
El tema de las deportaciones ha profundizado aún más las
divisiones dentro de la oposición venezolana. El sector más radical, que
respaldó inicialmente la candidatura de María Corina Machado y luego la de su sustituto
Edmundo González, se encuentra ahora fracturado. En abril, el dos veces
candidato presidencial Henrique Capriles fue expulsado de uno de los
principales partidos del país, Primero Justicia, debido a sus diferencias con
Machado. Una de ellas gira en torno a las deportaciones. En relación con los
venezolanos deportados, Capriles se preguntó: “¿Cuál es su delito? ¿Cuál es el
criterio para probarlo?”. Acto seguido, exigió “respeto a los derechos humanos”
y calificó de “inaceptable” la práctica de estigmatizar a todos los migrantes
venezolanos como delincuentes.
José Guerra, dirigente de la oposición venezolana, me dijo:
“No cabe duda de que el asunto de las deportaciones de los venezolanos está
desempeñando un papel fundamental en la división de la oposición en dos
bloques”.
El tema de las deportaciones es un ejemplo más de cómo las
políticas de Trump debilitan – aunque sea de forma involuntaria – a la derecha
latinoamericana y, en consecuencia, terminan favoreciendo a la izquierda.
La ironía de la Doctrina
Monroe de Trump
Resulta irónico que el presidente del siglo 21 que proclama
la Doctrina Monroe como piedra angular de la política de Estados Unidos hacia
el sur del continente sea, al mismo tiempo, quien más ha alejado a América
Latina de Washington. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, se han
sucedido una serie de hechos que auguran un deterioro aún mayor de las
relaciones hemisféricas: la elección de un secretario general de la OEA que no
comparte los objetivos del mandatario estadounidense, lo que podría
desembocar en la retirada de fondos por parte de Washington o incluso su salida
total del organismo; declaraciones de Trump que revelan una total
insensibilidad frente al sentimiento nacionalista que predomina en la región;
la utilización de los aranceles como arma política, con medidas especialmente
duras contra Venezuela y Nicaragua que, a su vez, envían un mensaje de
advertencia a gobiernos progresistas como los de Brasil, Colombia y Uruguay; la
desarticulación de programas de asistencia exterior; y las deportaciones de
inmigrantes a cárceles en países extranjeros. Además, la encarnizada campaña
anti-China, que invoca la Doctrina Monroe, choca con la realidad de la
expansión económica de China en el continente.
Si América Latina se aleja del campo estadounidense, no
puede atribuírsele toda la culpa a Trump. Su actitud intimidatoria y hostil no
hace más que acentuar el intervencionismo que históricamente ha caracterizado
las acciones de Washington al sur del río Bravo. Los gobiernos progresistas de
la región están hoy más decididos que nunca a ponerle freno.
Lo subrayado/interpolado
es nuestro
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